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Lourdes de Koster
Lourdes de Koster
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02 Septiembre 2020 03:55:00
Plazos fatales
En octubre de 2017, la Comisión de Selección designó a las y los primeros integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila. Luego de un proceso de selección abierto, publicitado y transparente en el que 32 personas entregaron documentación como aspirantes a una de las cinco posiciones en el colegiado.

Luego, el CPC fue el responsable de proponer al Comité Coordinador, la terna para la designación de quien ocuparía la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. Esto, hacia finales del mes de noviembre de 2017, lo que marcó el inicio de los trabajos y confirmación del sistema en Coahuila.

Hoy por hoy, el Consejo Ciudadano está completo, sesiona y transmite en vivo los acuerdos, rinde cuentas y propone e impulsa acciones en apego a las leyes que lo rigen, al igual que las y los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, cuyos titulares acuden a las sesiones a las que son convocados, incentivando la coordinación de estrategias en una visión de sistema.

Lo que no ocurre, lo que en el escenario nacional y en algunos estados, donde el riesgo o no sé si la intención políticamente hablando, es dejar que muera por inanición el sistema nacional y por lo tanto que desde los estados se comience a diluir la única oportunidad que los gobiernos, sociedad, colectivos, académicos, empresarios y la población en general han pedido a gritos: que acabe, o al menos se controle y sancione, la corrupción en el país.

Por lo que es digno de reconocer el litigio estratégico iniciado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, representado por la organización nacional Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la firma White & Case, que obtuvieron una orden judicial para ordenarle al Senado de la República agilizar la designación e integración del Comité de Selección del CPC, pues está incompleto desde marzo de 2020, con la salida de Octavio López Presa y la conclusión del plazo del primer Comité de Selección.

Por lo que es grave, desde cualquier punto de vista, que desde febrero de 2020 el CPC nacional opere con tres de los cinco integrantes con los que debe contar, y como lo marca la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo que, si para el mes de febrero de 2021 no hay Comité de Selección nacional, será inoperante el CPC nacional y ¿qué pasará con el SNA?...

Y hay que decirlo. En Coahuila, los y las diputadas en el Congreso local mostraron su compromiso con el Sistema Anticorrupción al designar a los nueve notables que integran la Comisión de Selección del CPC, que lanzará la convocatoria para la designación de la consejera que se incorporará el 5 de octubre, para garantizar que el colegiado mantenga su dinámica como lo marca la legislación en esta materia.
19 Agosto 2020 03:00:00
Impunidad
Desde el discurso de María Marván, Mauricio Merino o Max Kaiser, los temas de transparencia y de observación ciudadana del ejercicio del gasto público, el cumplimiento de objetivos de las administraciones federal, estatales o municipales y el revertir los índices de impunidad que registra el país en todos los ámbitos, han sido parte de la agenda de académicos, empresarios, activistas y sociedad civil organizada.

“La impunidad es la hermana gemela de la corrupción”, se ha dicho en algunos discursos o videoconferencias de Marván, Merino o Kaiser, quienes insisten en la urgencia de detectar y sancionar las irregularidades o daños al erario ocasionado por el interés particular de quienes están al frente o que han estado al frente de los gobiernos.

Hoy por hoy el caso Lozoya representa un claro ejemplo de la corrupción en red, pero ¿realmente se busca recuperar el dinero supuestamente desviado con fines personales y que afectó las finanzas públicas en este y otros casos que están ahora en la agenda pública?

Porque habría que reflexionar en que tanto le sirve al país un asunto mediatizado y que luego se tire al olvido, pasando las elecciones o cuando pase el problema de la crisis de salud por la que atraviesa México. No se trata de ir por el corrupto de moda o por el trofeo político para cualquier administración, sino en incentivar acciones de prevención y no se reacción, pues hay que voltear a los antecedentes del problema, a las entidades de fiscalización, a los órganos de control administrativo y a las fiscalías encargadas de las investigaciones.

La generación de política públicas, el involucramiento en estos temas de las y los periodistas, ciudadanos, académicos y empresarios es importante y crucial. Pero más importante resulta que autoridades investigadoras y sancionadoras, cumplan con las atribuciones de ley, para buscar la recuperación de bienes y fondos fugados por corrupción.

Según un estudio realizado por la organización civil Impunidad Cero, en México, la probabilidad de que una víctima denuncie un delito y éste se esclarezca es del 1.3 por ciento. Es decir, prácticamente es nula la esperanza de sancionar a quienes incurren en prácticas ilegales que pueden afectar al recurso público, si se habla de faltas graves o delitos por supuestos hechos de corrupción.

A decir de la misma agrupación civil, entre otros factores que influyen en la pérdida de confianza en instituciones, puede estar la falta de presupuesto en estas instancias, malas condiciones laborales de quien trabaja en estas instancias u omisiones durante el proceso.
Impunidad Cero propone fortalecer la credibilidad en las instituciones de impartición de justicia y en el servicio público, y para ello son torales los resultados, más allá de los fines mediáticos o políticos que algunas veces persigan.
10 Junio 2020 03:05:00
Ruta digital
Una buena práctica en las oficinas públicas o de gobierno, es la implementación gradual y permanente de sistemas digitales ágiles y de libre acceso para facilitar los trámites en ventanilla.

Hace unos días y en entrevista para el Tele Zócalo Nocturno, con el Contador Francisco Juaristi Santos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup fue claro al reconocer que una forma segura y transparente de iniciar el retorno a las actividades en el Poder Judicial y para evitar el rezago en las resoluciones y seguimiento a expedientes, es la implementación de programas como el Sistema de Citas vía electrónica al que se puede acceder en la liga
https://citas.poderjudicialcoahuila.gob.mx/

Se trata de una medida relevante en Tribunal Superior que con una plataforma que tiene su origen en una propuesta de diseño del propio personal del Poder Judicial, agilizará los procesos y seguimientos de manera ordenada, abierta y garantizará la disminución de contacto con servidores públicos, bajo la premisa de respetar la “sana distancia” en medio de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

En el sitio web, se puede acceder a un manual PDF, a una infografía y a una línea de ayuda vía WhatsApp, lo que facilita la posibilidad de ingresar a la propuesta del Tribunal, en un afán de modernizar la atención en órganos jurisdiccionales a interesados, litigantes, ciudadanos (as), etc.

En cinco pasos se obtiene la cita vía digital. Sin costo y respondiendo un formulario para el resguardo de los datos de la o el interesado, con información como el nombre, contacto, CURP, por citar algunos. La guía en video, que está alojada en la misma página web, es práctica y explica en menos de dos minutos el proceso para la generación de la cita presencial en alguno de los juzgados, por ejemplo, que queda confirmada y enviada al mail que aporta el o la solicitante al momento del registro inicial.

En este sentido, y de acuerdo con un estudio publicado en abril de este año por ONU-HABITAT, titulado “Tecnologías Digitales y la Pandemia de COVID-19” (https://www.uclg.org/sites/default/files/eng_briefing_technology_es.pdf), la digitalización es una tendencia creciente y duradera, con una agenda transformadora que busca el fomento de sociedades inclusivas y justas.

El uso y despliegue de tecnologías debe llevar a la reflexión de las autoridades de quien o quienes hacen gobierno, para diseñar políticas públicas y legislar para decidir la brecha digital que existe en comunidades y ciudades, porque la limitación de acceso a internet afecta a las personas, restringe sus oportunidades y limita su inclusión en la toma de decisiones.

Es importante desarrollar plataformas digitales de fácil acceso para las personas, como la que desde esta semana ofrece el Poder Judicial por medio del Sistema de Citas vía internet. Es una iniciativa que agiliza el trabajo y los trámites para los juzgadores y litigantes. Aquí vale la pena analizar la conveniencia de ampliar a otras instancias y oficinas públicas del estado y municipios, la implementación de este tipo de herramientas que inciden en el orden, la transparencia y el cuidado de la salud entre usuarios y colaboradores de las instancias de gobierno.
08 Abril 2020 04:04:00
Fideicomisos en Coahuila
En la publicación del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, del Decreto 524, que describe la distribución del recurso público, transferencias y aportaciones que en el 2020 ministra la autoridad estatal, define los Fideicomisos Públicos como “aquellos en los que el fideicomitente (es quien transmite el bien o bienes objeto del fideicomiso) sea el Gobierno del Estado, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o cualquier institución fiduciaria (quien recibe esos bienes) cuando ésta actúe en cumplimiento de los fines de cualquier dependencia o entidad de la administración pública estatal.

Es algo complejo el tema, sin duda. Se trata de un rubro opaco y del que escasamente se habla o se puede acceder a través de información en sitios web oficiales, que esté a la vista, que sea pública y actualizada.

En Coahuila y por años, quizá décadas, la palabra fideicomiso ha representado una forma de canalizar, desviar, o encubrir montos de dinero que se destinan de manera poco clara y bajo esquemas de mínima transparencia, hacia actividades o tareas que permiten desarrollar proyectos o programas que se ha dicho, son en favor de la comunidad.

Aquí lo cuestionable no es tanto el objetivo y los resultados de lo que se hace con ese dinero público, sino lo tortuoso que se vuelve acceder a reglas de operación, a la normatividad bajo la cual se decide a quién se le entrega la cantidad y los montos que se destinarán para tal o cual fideicomiso.

Y es que en el estado hay fideicomisos de los que pocos saben para qué existen, y lo más grave: ¿Quién maneja el recurso o el beneficio que se obtiene del fideicomiso?

Como el Fideicomiso del Fondo Minero, o del Puente Internacional Piedras Negras II, el Fideicomiso de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Gobierno del Estado, el Fideicomiso para al Operación del Museo de las Aves, o como el Fideicomiso Mixto Conacyt-Gobierno del Estado, el Fideicomiso de Fondo Metropolitano Monclova y de Saltillo, por citar algunos que aparecen en la plataforma de la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

En el Anexo 34, del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, que rebasa los 88 millones 820 mil pesos (en el desglose del Presupuesto de Egresos 2020), se establecen Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo que representan 11 millones de pesos de la cifra antes mencionada. Pero ¿Cuáles son los fideicomisos con fondos públicos, el resultado y quiénes aprueban las cantidades que recibirán o reciben?

Quizá hasta que llega el Informe de Resultados de cada entidad o los avances de gestión presupuestal al Congreso del Estado y que son turnados a la Auditoría del Estado, se podría saber o tener al menos un balance de las metas cubiertas o del gasto que cada fideicomiso realizó.

En tanto, a partir de la semana entrante y luego del Decreto presidencial que ordena extinguir todos los fideicomisos para concentrar los recursos disponibles en la Tesorería de la Federación, en Coahuila casi nada se ha dicho sobre lo que ocurrirá con estos esquemas. ¿Será conveniente o no el financiamiento público a través fideicomisos en el estado? Es pregunta.
23 Octubre 2019 03:59:00
Denuncia vs rastreo en internet
Hace unos días escuchaba a integrantes de un colectivo interesado en impulsar mecanismos de denuncia dirigido a las y los trabajadores del estado, municipios y de las oficinas federales radicadas en Coahuila, con el objetivo de garantizar el anonimato de quien señala hechos relacionados con actos de corrupción, como peculado, cohecho, uso indebido de recursos públicos, abuso de funciones, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito o cualquiera de las irregularidades consignadas en las leyes de esta materia.

La idea es evitar ser rastreados cuando se decide presentar una denuncia de una situación ilegal que se está atestiguando o que ocurrió en una oficina del Estado o Municipio, pero claro, el temor a represalias o el riesgo de perder el empleo puede enmudecer a funcionarios honestos e íntegros, que no están de acuerdo con lo que está pasando en su lugar de trabajo y menos porque involucra finanzas públicas.

¿Cómo evitar que localicen la dirección de IP o dirección de protocolo de internet?, ¿de qué computadora o celular se puede enviar una denuncia por hechos de corrupción sin ser localizado?, ¿a quién y a dónde enviar los datos y dar seguimiento a la denuncia sin que se descubra quién es el interesado? y ¿qué día de la semana o en qué horario puede ser menos factible que se detecte la identidad de quien señala o el origen de la queja?, eran las preguntas.

Y es que según expertos, un simple “me gusta” en la red social de la que se hable, el agregar un comentario, enviar un mensaje privado, una búsqueda de información, o la descarga de contenidos en cualquier plataforma en internet, representa una ruta personal que genera una “huella digital” o un historial de lo que se hace en la computadora personal, el celular o el equipo que se tiene a cargo en la oficina o el trabajo, de ahí la importancia de desarrollar este y otros mecanismos que incentiven la denuncia como los que se tienen en plataformas de las instancias que forman el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y las generadas desde la Secretaría de la Función Pública federal, que son instrumentos que cumplen con un objetivo: facilitar la denuncia de hechos de corrupción.

No obstante, la denuncia es sin duda uno de los ejes principales de los planes de trabajo que ha impulsado el Consejo de Participación Ciudadana, sociedad civil, académicos, empresas, especialistas y el Sistema Estatal Anticorrupción desde 2017, como el Programa de Canalización de Reportes por Posibles Hechos de Corrupción que, a través del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, sigue abierto y vinculado en la plataforma
https://anticorrupcion.ccic.org.mx/, así como las infografías sobre la ruta para denunciar delitos graves de corrupción o faltas administrativas, diseñadas y socializadas en una campaña simultánea detonada por integrantes del Comité Coordinador hace un par de meses, casi al cierre de la implementación de la metodología del Reto de los 100 Días.
19 Diciembre 2018 04:03:00
Contralores municipales
Más de una veintena de alcaldes en Coahuila fueron reelectos a mediados de este 2018, en el reciente proceso comicial y por lo tanto, continuarán en funciones a partir del 1 de enero.

Una de las áreas torales en las administraciones locales, principalmente cuando se habla de observar y sancionar la aplicación del presupuesto y el cumplimiento de las leyes en materia fiscal y de combate a la corrupción, son las
contralorías.

Los órganos internos de control tienen una función específica y concreta, una actividad difícil cuando se habla de la generación de un cambio, cuando se trata de incidir en la trasparencia del gasto y evitar dispendios o erogaciones fuera de lo presupuestado.

De ahí que las designaciones de contralores, debería pasar por un proceso de competencias, de análisis y evaluación de habilidades técnicas, a través de mecanismos que involucren, incluso, al ciudadano. Tal como este año lo propuso el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila junto con organizaciones de la sociedad civil, para decidir los nombres de quienes estarían a cargo de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos y la Auditoría Superior del Estado. Desafortunadamente en el Congreso del Estado la propuesta no avanzó como se esperaba, no al menos como fue planteada por el CPC y organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta iba más allá. Porque el Consejo Anticorrupción había planteado la incidencia de los y las ciudadanas, las cámaras empresariales, académicos y grupos interesados, para establecer un esquema de designación abierta y por competencias de los 38 contralores municipales. Esto, en mucho le abonaría a la vigilancia real, estricta, con apego a la ley y sin conflicto de interés, desde los órganos internos de control en las presidencias municipales, sobre todo en medio de un cambio de administración como el previsto el próximo 1 de enero en Coahuila.

Y este tema, el de la profesionalización de las y los servidores públicos, es parte de los resultados de la Consulta Ciudadana desplegada desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y cuyos resultados fueron presentados el martes 18 de diciembre en la Ciudad de México. Estos números en buena medida definieron los alcances de la Política Nacional Anticorrupción.


En uno de los apartados de la Política Nacional, se habla de la preocupación generalizada en el país y en Coahuila por el problema grave de la corrupción y del grado de impunidad que prevalece no sólo en el sector público, sino que igualmente permea en el sector privado. Mucho falta por hacer y lo ideal sería comenzar por la designación de contralores municipales, que no sean amigos del alcalde en turno, que no tengan “negocios” o conflictos de interés con quien dirige la Presidencia Municipal, que sean más bien autónomos, independientes y que lleguen al cargo dispuestos a señalar y sancionar los gastos ilegales y las malas prácticas en los ayuntamientos.


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