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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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18 Septiembre 2020 04:08:00
Se esfuma la magia de Andrés Manuel
La realidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no es la que ven y perciben cada vez más personas, pero es donde vive y actúa, siempre refractario y violento ante quien piensa diferente. En vísperas de su 2º Informe de Gobierno, descalificó las encuestas que lo ubicaban en niveles de aprobación por debajo del 60%. “Yo tengo mi encuesta”, dijo, “70%, 65, 64 de aprobación”. Frases al aire para ocultar los contrastes. El 1 de septiembre, por ejemplo, El Financiero publicó que su aprobación estaba en 59%, un robusto número, que sin embargo, se debilitaba al desagregarse.

El 50% decía que el video de su hermano Pío recibiendo dinero, lo dañaba; el 50% consideraba que la lucha contra la corrupción no iba bien (contra el 27% que lo aplaudía); su honestidad iba a la baja (de 61% de respuestas positivas en marzo, a 49% en agosto); el 61% consideraba que estaba manejando mal la economía (solo 19% lo aprobaba); el 59% calificaba mal la política de seguridad, y partidos por la mitad, estaban quienes pensaban que las investigaciones contra la corrupción eran imparciales o tenían una motivación política.

Esa encuesta ya registraba la filtración de la denuncia de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, donde hacía un enorme regadero de imputaciones que ayudaban al discurso de López Obrador, cuyo impacto positivo en la opinión pública le ayudó a neutralizar el video de su hermano recibiendo dinero en efectivo. Lozoya tuvo que desaparecer de la narrativa ante la irrupción de la corrupción de su hermano, y hasta esta semana retomó a la corrupción como eje de sus mensajes al solicitar la consulta popular para los expresidentes. Coincidió con la nueva encuesta de GEA-ISA, difundida ayer, y levantada en vivienda antes de su enjuiciamiento al pasado.

Su aprobación se ubicó en 45%, contra 47% de desaprobación, manteniendo los niveles de rechazo superiores al apoyo, como se registró desde marzo. Mucho tiene que ver con razones económicas. El 40% dijo que su situación económica es peor que hace un año, y el 35% afirmó que la de su familia es más mala. La aprobación de López Obrador, comparada con la variación anual del PIB, es la peor que ha tenido cualquier presidente de México desde que se mide la aprobación en los 90, y casi 30 puntos peor que el nivel histórico más bajo, de Felipe Calderón en 2009, cuando lo arrastró la crisis financiera global. 

Pero si la valoración sobre la economía es mala, la percepción sobre la forma como ha manejado la emergencia de la Covid-19, es peor. El 60% de los encuestados rechazó la forma como la ha enfrentado, y el 43% piensa que las autoridades sanitarias perdieron el control de la pandemia. En cuanto a cómo ha sido el apoyo a las instituciones de salud para abastecerlos de equipos y materiales, el 68% respondió que fue insuficiente.

GEA-ISA reconfirma lo que otros estudios de opinión mostraron previamente: la mayoría de los mexicanos no cree en las intenciones de López Obrador en el Caso Lozoya. La encuesta de El Financiero hace 15 días reflejaba que el 46% pensaba que las investigaciones contra la corrupción tenían una motivación política. En la encuesta de GEA-ISA, 46% consideró que lo que busca es desacreditar a sus adversarios para ganar las elecciones del próximo año. Este nuevo estudio muestra también la discrecionalidad con la que se percibe el actuar del Presidente: 72% de los encuestados dijo que el dinero que recibió su hermano sí era un acto de corrupción, y 48% (contra 33%), estimó que el trato dispensado a él es diferente al de los panistas acusados de sobornos.

Las encuestas de aprobación presidencial difundidas en septiembre prueban que el blindaje que tenía López Obrador ya no existe, y que sostenerla sobre su narrativa binaria y su carisma, cada vez tiene menor efecto. Sus esfuerzos para impulsar con sus dichos a Morena en las elecciones federales del próximo año, empiezan a tener rendimientos decrecientes, como prueba GEA-ISA, que en la intención de voto para diputados federales, registró 22% de apoyo al partido en el poder, solo 5 puntos arriba del PRI y 8 puntos de ventaja sobre el PAN. Estos números están lejos de ser concluyentes, no solo por el tiempo que falta para las elecciones de julio próximo, sino porque 40% de los encuestados se dijo indeciso. No obstante, el ánimo nacional está cambiando.

Todas las encuestas que no se ajustan a la percepción que tiene López Obrador de él mismo, dice que están “cuchareadas”, el coloquialismo que utiliza para descalificarlas, y le encanta compararse con sus contrapartes en el mundo. En esta ocasión, negando los datos de las casas encuestadoras, ha dicho que es el segundo Presidente mejor evaluado del mundo. Quién sabe a qué encuesta se refería, porque nunca reveló la fuente, pero es probable que sea cierto, porque su nivel de aprobación era tan alto, que una reducción lo deja de cualquier manera en buena posición. Lo que no dijo es que es uno de los líderes que más apoyo han perdido este año en el mundo.

El Presidente pelea o litiga todo el tiempo contra sus espejos, muchas veces identificándolos como medios de comunicación, que como lo han hecho la mayoría desde los 80, tratan al Presidente críticamente y meten al Gobierno en la caja de la rendición de cuentas. En otros habla López Obrador de manera abstracta, los “conservadores” y los “neoliberales”, fantasmas que ha construido para eludir hablar de las realidades, como su gestión en el manejo económico, en el control de la pandemia, o en reducir la inseguridad. Cada vez puede menos frente a la realidad. Cada vez, la magia que tenía, se le está esfumando.
17 Septiembre 2020 04:08:00
¿Para qué son buenos los expresidentes?
Las cosas pintan tan mal para el presidente Andrés Manuel López Obrador en el número creciente de fallecimientos por Covid-19, que hacen trizas su chocarrería de lo bien que lo ha hecho su Gobierno y como consecuencia la profundización de la crisis económica, que se comió sus palabras y presentó la solicitud para que se lleve a juicio político a cinco expresidentes. Lo necesita para hacer una campaña electoral paralela en 2021 y recrear el rencor al pasado que le granjeó 30 millones de votos en la elección presidencial, para que que le entregue una nueva mayoría en el Congreso.

Es absurda la consulta por definición, porque pide a la Suprema Corte que le autorice hacer su trabajo. Para eso se le paga, para que el Mandato que tiene lo asuma. Pero el Presidente no es un ignorante ni un irresponsable. Plantearla es una estratagema política para seguir ganando tiempo, porque el “yo acuso” de Macuspana quiere enjuiciar públicamente un sistema económico al que llama “el periodo neoliberal” y vincularlo con corrupción, que le sirva como guía en su narrativa electoral. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, revisará la petición para determinar si la pregunta propuesta para la consulta viola o no los derechos humanos de los expresidentes. Pero da igual. El propósito político está alcanzado.

Revivirá los fantasmas pasados, como “el innombrable”, como llamaba a Carlos Salinas, con quien comienza el ajuste de cuentas políticas al afirmar que en su Gobierno comenzó la desigualdad y la concentración “desmesurada” de la riqueza, lo que puede ser criticable, pero no constituye un delito. Tampoco lo es la privatización de bienes públicos, que también le recarga a Ernesto Zedillo, en la que participaron algunos de los cercanos colaboradores del hoy Presidente, y se beneficiaron varios empresarios cercanos a él. Tampoco es delito.

“Los males señalados”, tiró el dardo, “no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y popular”. Una vez más, se puede debatir en lo político, pero no penalmente. Ese modelo no causó desigualdad, por cierto, pero sí produjo crecimientos mediocres. Está peor con López Obrador, donde el crecimiento venía en picada en 2019 y se profundizó con la pandemia, causando probablemente mayor desigualdad y pobreza. Del crecimiento económico, ni hablar: el peor en la historia.

“Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo”, añadió López Obrador, “se empecinaron en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes”. En su cabeza se encuentran Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Difícilmente podrá vincular a Calderón con actos que violaran los derechos humanos, porque a diferencia de él, no reconoció haber incurrido en delitos a favor de criminales. No puede decir lo mismo Peña Nieto, cuyo Gobierno armó a paramilitares en Michoacán para aniquilar a Los Caballeros Templarios. En todo caso, nadie hizo lo que López Obrador, de apoyar a los cárteles de la droga, al no enfrentarlos, y decir que son menos malos que los delincuentes de cuello blanco. Es decir, un peso vale más que una vida.

A Vicente Fox le pasa la factura por el desafuero que intentó contra López Obrador cuando era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, al intervenir “indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición”, lo cual se podría echar en cara también al actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se responsabiliza del fraude electoral de 1988, de donde surgió Salinas, a quien dice en la solicitud de consulta que fue producto de un proceso ilegal.

Dice que Peña Nieto recibió dinero ilegal para su campaña presidencial, apoyándose en la denuncia de hechos de Emilio Lozoya que, como el mismo López Obrador ha señalado, tendrá que probar sus dichos. No obstante, la petición para la consulta da por sentado que sí hubo dinero ilegal en la campaña, y le abre la puerta con la pregunta propuesta para la consulta para que se les enjuicie por la presunta comisión de delitos “durante y después de sus respectivas gestiones”. Como Lozoya también imputó a Salinas por haber hecho cabildeo a favor de empresas petroleras –lo que no es delito- durante la negociación de la Reforma Energética, también hay una dedicatoria contra él.

El extenso alegato que hace López Obrador borra la presunción de inocencia, como cuando se refiere al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sujeto a proceso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, para responsabilizar a Calderón de omisiones políticas. O al asumir que durante cinco gobiernos, lo que guió a los expresidentes fue la corrupción y las complicidades con el poder económico. Cuando le llegue el momento a López Obrador, la opacidad en las adjudicaciones y la presunta corrupción de su familia, será un lastre peor que el que existe hoy contra Peña Nieto, el creador del tsunami electoral de 2018 por todas las acusaciones de inmoralidad contra su Gobierno.

El ministro Aguilar no revisará las hipótesis sobre lo que deparará a López Obrador cuando deje el poder, sino la constitucionalidad de la pregunta, que podría analizar en el contexto de la exposición de motivos. Ahí ya los acusó López Obrador y los condenó al descrédito y desprecio. No necesita políticamente más, salvo seguir remachándolo. Si la Suprema Corte lo apoya, le facilitará la cobertura legal para que se monte en la boleta electoral del 21. Si declara inconstitucional la consulta, da igual. Convirtió a los expresidentes en la turbosina que necesita para que Morena vuele hacia la mayoría en el Congreso, y que atranque la vigencia de su proyecto y blinde su futuro. Comerse sus palabras, bien vale un voto.
16 Septiembre 2020 04:08:00
Terror y circo
El 15 de septiembre de 2020 será un día muy difícil de olvidar. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos mostró el tipo de país que está construyendo: las leyes emanadas de la Constitución no sirven; los juicios sumarios son los que valen. La voluntad popular es una frase de pacotilla; la única voluntad que vale es la suya. Los instrumentos de procuración y administración de justicia son secundarios; la Unidad de Inteligencia Financiera es la que se ocupa de perseguir a quien señale el Presidente. Colonizado el Poder Legislativo y amedrentado el Judicial, el presidencialismo mexicano se encuentra en el ideal que no alcanzó ninguno de sus predecesores: un líder fuerte, utilizando todos los recursos metaconstitucionales con los que cuenta su oficina, fugándose hacia el autoritarismo.

No le gusta a López Obrador que lo llamen autoritario, pero no hay otra descripción que le venga como anillo al dedo. Definitivamente no es un demócrata, y ha dado pruebas incontrovertibles de ello, ni está interesado en la construcción de un país de leyes y un Estado que funcione a través de contrapesos, rendición de cuentas y transparencia. Sus corifeos en el Gobierno y en las cámaras están para servirle y acomodar la realidad real, a la realidad presidencial. A quien no le guste, que afronte las consecuencias de la persecución del Gobierno y esté dispuesto, o dispuesta, a que el linchamiento público disponga de su reputación, porque esto es para lo que la mayoría del electorado le dio el mandato en 2018, para utilizar los recursos de la democracia y levantar un sistema autócrata.

Como botones de muestra:

1.- López Obrador había dicho reiteradamente que él no estaba en la lógica de enjuiciar a expresidentes, pero si una consulta popular se lo pedía, acataría el mandato del pueblo. El lunes, la recaudación de firmas para pedir la consulta popular, cuyo plazo para hacerlo terminaba ayer, alcanzaba apenas 50% del total. El Presidente dijo el martes que tenía información que ya habían juntado todas las firmas restantes -como siempre, sin posibilidad de corroboración-, lo que habría sido un milagro moreno, pero por las dudas y por si acaso, mandó un escrito al Senado para que se realice la consulta sobre “el posible enjuiciamiento”, siempre, precisó, “de acuerdo al debido proceso”.

El debido proceso tiene como principio la presunción de inocencia, que a López Obrador le da igual. Durante los gobiernos de sus cinco predecesores, afirmó en el escrito, “ocurrieron quebrantos monumentales al erario, corrupción generalizada, prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado, violación masiva de los derechos humanos”. La presunción de inocencia no existe, como tampoco un sistema de leyes. Si estuviera apegado a Derecho, no necesitaría la pira en el Zócalo, sino una investigación para determinar si esos presuntos delitos por los que los acusa, se sostienen en un tribunal.

Pero el Presidente explicó ayer por qué no recurre a la ley. “En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político”, dijo, al recordar su discurso de toma de posesión. “Si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del privado, no habría juzgados ni cárceles  suficientes”. O sea, no le importa nadie salvo los expresidentes. Son culpables políticos, históricos y morales, a su juicio, tanto ellos como los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones -algunos muy cerca de él-, pero sobre quienes no procederá. Para que sean culpables los expresidentes, de acuerdo a Derecho, tendrían que probarse las acusaciones. La mañanera no es para probar. Ahí se juzga sumariamente y se sentencia a la muerte civil.

2.- López Obrador tiene lugartenientes que no actúan con la ley en la mano, sino  abusando del poder. La semana pasada, el Presidente dijo que había políticos detrás de la toma de la presa La Boquilla, y el lunes, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, congeló las cuentas del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Alcalde de Delicias, Eliseo Compeán; y del presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar. 

Nieto, sacando de la chistera un medio conejo, afirmó que el congelamiento de las cuentas de Reyes Baeza es por el desvío de recursos del ISSSTE en la llamada “Estafa Maestra”, señalando implícitamente que no se trata de ninguna revancha presidencial. ¿Por qué no se ocupó del tema antes? No lo explica, y tampoco tiene mucho margen para rebatir que no sea culpable de intimidar disidentes y castigar penalmente la acción social. Alcántar tiene en sus cuentas 26 mil pesos, sin que Nieto aclare, todavía, el porqué de su acción represora.

3.- López Obrador agradeció que se hayan vendido boletos para la no rifa del avión presidencial, sorteado este martes. Se quedó corto en la meta de recaudar 3 mil millones de pesos, que era casi 30% de lo que se debe aún para cubrir el costo total del avión que adquirió Banobras, sin contabilizar que de los premios -que terminó de cubrir con subsidios federales-, faltarían por cubrirse otros 800 millones por impuestos que tienen que pagarse, salvo para los ganadores que vivieran en la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el erario capitalino cubriría los impuestos. De cualquier forma, mil 800 millones de pesos, más los otros millones en subsidios para comprar boletos y repartirlos gratuitamente, salieron del presupuesto de la Austeridad Republicana, casi la mitad de lo que saldría en solventar el precio de la aeronave.

El circo sirve para los objetivos políticos del Presidente, y cuando se le atraviesan, aplica el terror. Vaya día este de la Independencia lleno de barruntos y amenazas. ¿Qué nos depara el futuro? Esperemos la siguiente mañanera.
15 Septiembre 2020 04:08:00
La farsa del avión
Finalmente, la farsa de la rifa del avión presidencial que no se rifará, llega al plazo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como último recurso para esconder un fiasco que él mismo ocasionó al prometer en la campaña de 2018, sin nada que pudiera soportar su palabra, que vendería una aeronave que comparaba, también de manera frívola y tramposa, con el Air Force One que utilizan los presidentes de Estados Unidos.

La rifa está programada para hoy a las 4 de la tarde, donde veremos los vericuetos que haga el Presidente para vestir de gesta patriótica –después de todo es 15 de septiembre, ¿no?– lo que ha sido un calvario.

Con López Obrador todo puede suceder. Sus comparecencias mañaneras en Palacio Nacional son como entrar a la casa de los sustos en una feria, donde uno tiene claro cómo inicia el recorrido, pero no sabe cómo terminará.

Cuando anunció la rifa el viernes 7 de febrero, dijo que esperaba recaudar 3 mil millones de pesos de la rifa, de los cuales se entregarían 100 premios de 20 millones de pesos a cada uno, por un total de 2 mil millones de pesos. Habría 6 millones de cachitos para venta, lo que permitiría, dijo, de venderse todos los números, obtener los 3 mil millones.

Con la tercera parte de lo recaudado, esos mil millones fuera de premios, López Obrador detalló que se repartirían de la siguiente manera: 900 millones para completar el avalúo del avión, 400 millones a la Fuerza Aérea para mantener el avión durante dos años, y una cantidad menor para los billeteros. Si usted hace la suma, dan al menos mil 400 millones de pesos, pero esa diferencia es una exquisitez. Las matemáticas no dan, pero es el menor de los problemas.

En el momento en que se anunció la rifa, el Gobierno esperaba recaudar 150 millones de dólares, que al tipo de cambio en ese momento (18.66 pesos por dólar), equivalía aproximadamente a 2 mil 800 millones de pesos.

El avión lo habían tasado en 130 millones de dólares, que a ese tipo de cambio equivalía a 2 mil 245 millones de pesos. El avión está pagado en su totalidad y es propiedad de Banobras, que hizo un muy buen acuerdo para el tipo de cambio de la operación: menos de 11.35 pesos por dólar.

Esta farsa comenzó cuando al empresario hotelero más cercano a López Obrador se le ocurrió la rifa del avión y el Presidente le compró la idea, sin pensar en las complicaciones que acarrearía. El Presidente chantajeó a empresarios para que le compraran paquetes, pero no le fue como esperaba. De hecho, con nadie le fue como pensaba que le iría.

La idea de la rifa siempre fue extravagante y tramposa, que primero causó risa en el extranjero y luego críticas. Aquí se volvió un problema real para el Gobierno por la tozudez presidencial de desaparecer por la vía más gritona, lo que él usó como símbolo de derroche.

El presidente Enrique Peña Nieto también pensó en rechazar el avión que le heredó el presidente Felipe Calderón, pero antes de tomar la decisión, Banobras solicitó a la empresa británica Ascend Flightglobal Consultancy, un informe sobre las opciones de venta. La consultora dijo que sus posibilidades eran limitadas, por lo que para lograrlo, tendría que haber un descuento por readaptación, que iría de 30 a 50% de su valor original. La recomendación era mantenerlo y operarlo.

Ese reporte fue entregado al equipo de López Obrador durante la transición. La opción de mantenerlo era intransitable para López Obrador. Fue una de sus grandes ofertas de campaña, donde el rédito político era inmensamente superior al ahorro real de usarlo o no usarlo, que es marginal.

Ayudaba a su narrativa porque era algo que fácilmente se podía imaginar la gente, como cuando anunció la rifa que dijo que resolvería “este problema que nos heredaron de los gobiernos faraónicos”.

No le heredaron ningún problema, pero se creó uno, en el que está metido actualmente y, a menos que apareciera un comprador de carne y hueso que le pagara 130 millones de dólares –no en su equivalente en pesos– por el avión, salvará cara realmente y demostraría que su empeño en deshacerse de él sin gasto adicional, era correcto. Por ahora, eso no existe.

Hasta el lunes de la semana pasada, se había vendido el 63.58% del total de los cachitos, que equivalía a mil 907 millones de pesos, según informó el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto. Para cubrir los premios de la rifa, estaban cortos por 93 millones, y para compensar la falsa venta del avión, el Gobierno estaba a más de mil millones de pesos de alcanzar su meta original. Pero como la memoria es corta, el Presidente ya no se refirió a todo del dinero que esperaba recolectar de la rifa este lunes, cuando anunció que se había “cumplido la meta” –falso– de cubrir los premios.

Tampoco dijo cómo hizo la Lotería Nacional para vender 30% de los cachitos que faltaban una semana antes, que en realidad no se vendieron. El Gobierno asumió el costo y con la ayuda de sindicatos colocó de manera gratuita boletos.

En números redondos, si faltaban, puso 93 millones para financiar 93 millones de premios que faltaban por cubrir, el Gobierno terminó pagando unos 186 millones de pesos más, mediante el subsidio provocado por la genialidad de la rifa. A ello habría que añadirle los mil millones que no pudieron conseguir de la rifa.

Será la primera vez que la Lotería Nacional entrega un premio completo cuyas series no fueron vendidas en su totalidad, sino pagadas por el Gobierno para minimizar el daño en la imagen de la Presidencia por la farsa de la llamada rifa del avión. Solo resta decir, que siga el circo.
14 Septiembre 2020 04:09:00
¿Engañaron a López Obrador?
Durante agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción. Partía de la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero –incluidos 10 millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio como soborno- y, de paso, podría cobrarse cuentas personales. Pero desde hace tres semanas, el Presidente ha sido más cauteloso en sus dichos y subrayan todo el tiempo que esas acusaciones tendrían que probarse.

El entusiasmo de López Obrador en agosto no correspondía con lo que sucedía en el interior de la Fiscalía General, donde veían que Lozoya estaba incumpliendo el pacto que hizo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al no estar entregando toda la documentación dura, demostrable e incontrovertible, que soportaran sus múltiples imputaciones. La molestia contra Lozoya motivó la petición a las autoridades alemanas para catear las propiedades de su esposa en Baviera, a principios de agosto.

En víspera de ese cateo, la Secretaría de Hacienda presentó una querella contra el exdirector de Pemex por haber pagado menos impuestos de los que debía. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, Josué Miguel Contreras, presentó la querella a Gertz Manero el 27 de julio, donde señala que Lozoya declaró el 9 de mayo de 2017 ingresos menores a los “realmente obtenidos”, y dejó de pagar en impuesto sobre la renta 2 millones 695 pesos.

Contreras le entregó a Gertz Manero las declaraciones patrimoniales de Lozoya que mostraban que durante 2016 –él renunció a Pemex a mediados de febrero de ese año-, había tenido ingresos acumulables por casi 10 millones de pesos, de los cuales poco más del 8% había sido por salario. Además, le entregaron la documentación que había tenido depósitos en sus cuentas bancarias por 18 millones de pesos, por lo que el pago de impuesto sobre la renta se había quedado corto. Hacienda le pidió a la Fiscalía que investigara lo que a su juicio es un delito.

No se sabe del resultado que tuvo la querella o si la Fiscalía General inició la investigación solicitada. El caso Lozoya, sin embargo, tiene síntomas que está resultando más difícil de armar de lo que alegremente pensaban en el Gobierno, y que, concediendo criterios de oportunidad como un sistema anticorrupción, podían fácilmente imputar a exfuncionarios, con sustento o sin sustento, para llevar a cabo la purificación de la sociedad que pregona el Presidente.

Pero algo extraño está pasando en el caso Lozoya. El exdirector de Pemex llegó a México, procedente de España, el 17 de julio. López Obrador dijo tres días después que ya había rendido su primera declaración ante la Fiscalía General, pero 48 horas después la Fiscalía desmintió al Presidente y negó que fuera cierto. Lo que había entregado Lozoya, en realidad, y como parte de su negociación para no pisar la cárcel y caminar rumbo a la puerta de la libertad, fueron memorandums donde narraba diferentes casos de presunta corrupción, acusaba a exfuncionarios y legisladores, culpaba a todos de ilícitos y se decía inocente, víctima de un mecanismo que lo obligó a cometer delitos.

Al regresar de España, Lozoya estuvo durante 11 días sin que nadie supiera de su paradero y sin que pasara por un juez. Hasta el 28 de julio tuvo su primera audiencia, y una segunda el 29, tras las cuales el juez, siguiendo los lineamientos de la Fiscalía con Lozoya, lo dejó en libertad condicional, con un dispositivo electrónico colocado en el tobillo y la obligación de firmar dos veces al mes ante la justicia, lo que hace de manera virtual.

Lo que ha venido después es la nada. Se desconoce si ha rendido más declaraciones ministeriales, si ha empezado a aportar la documentación prometida, o si los entregables pudieron corroborarse. Gertz Manero logró que el juez extendiera el periodo de ampliación de la investigación hasta finales del año, por lo que no puede decirse que el caso Lozoya esté en el limbo. Se encuentra en otro estadio, el de la suspicacia de que se trata de un gran timo el de Lozoya a la Fiscalía, el de la Fiscalía al Presidente y el del Presidente a la sociedad mexicana.

En la última semana, el lunes pasado para ser más preciso, se movió el caso, pero no por la Fiscalía General, sino por la Fiscalía de los fiscales de Hacienda, en donde colocó Contreras la querella, lo que los conocedores señalan que es una señal de que la van a impulsar, más allá de lo que haga la Fiscalía General. Si esto marcha por esa vía, Lozoya tendrá una presión adicional a las que ya tiene, donde su madre sigue en detención domiciliaria y su hermana y su esposa son prófugas de la justicia, porque tienen orden de aprehensión. De proceder la querella hacendaria, enfrentará un presunto delito que no contemplaba, el de evasión fiscal.

Si Lozoya se está burlando de la Fiscalía, Hacienda está actuando. Objetivamente hablando, la credibilidad del exdirector de Pemex está muy mermada, y futuras imputaciones, ante la presión a la que está sometido, tendrían que ser evaluadas y procesadas tomando en cuenta todo el contexto. Es cierto que en este Gobierno la legalidad no es prioridad mayor a la política, y López Obrador necesita al Lozoya locuaz de la denuncia de hechos, porque está teniendo rendimientos decrecientes en materia de corrupción al empezar a salir información de presuntos delitos en donde menos esperaba, de su seno familiar, sin nada para contrarrestarlo.
11 Septiembre 2020 04:07:00
A juicio AMLO y las mañaneras
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, detenido en España en mayo del año pasado por varios presuntos delitos, entre ellos la venta de Agronitrogenados a Pemex, acaba de iniciar un proceso judicial que hará historia por dos razones: demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exigió que se pronuncie el Poder Judicial sobre las mañaneras.

El alcance de la demanda trasciende el caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las mañaneras.

Las mañaneras son un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce la gobernanza, difunde las acciones de su Gobierno, hace propaganda, y responde preguntas de periodistas, paleros para reorientar o desviar temas candentes, y de grupos de interés o gestores que llevan sus propias quejas, denuncias o demandas al Presidente.

En sus respuestas, suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones. En el caso específico de Ancira Elizondo, de acuerdo con el pliego, “ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”.

La demanda de amparo indirecto que fue presentada el miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se refiere a las afirmaciones que hizo López Obrador en las mañaneras, lo que al mismo tiempo coloca ese instrumento de poder en el banquillo de acusados. “El poder que detenta el Presidente de la República tiene un alcance de enorme magnitud y las declaraciones que ha realizado implican un amedrentamiento a los juzgadores nacionales”, apunta la demanda de amparo de Ancira. “Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”.

A lo que se refiere es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. La reacción de López Obrador fue casi inmediata.

Tras el fallo del juez, indica la demanda, entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre, el Presidente se empezó a referir a Ancira “como culpable de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”.

El litigio de Ancira está corriendo en los tribunales mexicanos, pero ante la forma como López Obrador se ha expresado en las mañaneras, aduce, se altera el debido proceso, como quedó plasmado en la doctrina del “efecto corruptor” que elaboró el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el caso Cassez.

“Los actos que se reclaman”, dice la demanda, “son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso a información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.

Pero la dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que reclamaron, dé respuesta a las interrogantes que envuelven los problemas jurídicos que se enfrentan:

1.-¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?

2.- ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?

3.- ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?

4.- ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo juez que resuelva en favor del quejoso?

5.- ¿Qué autoridad del Estado mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?

6.- ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?

7.- ¿Cuál es el alcance del principio de división de poderes?

8.- ¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?

9.- El principio de división de poderes ¿protege las facultades de los órganos constitucionales autónomos?

10.- ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia?

11.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?

12.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?

13.- La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?

14.- ¿Qué naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?

15.- ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?

16.- ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputado que repare el daño de un delito?

17.- ¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aun no ha sido juzgado?

Todas estas preguntas son una radiografía de las declaraciones del Presidente en las mañaneras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la Ley, que será tarea del juez determinar si lo son.
10 Septiembre 2020 04:07:00
México, en riesgo
México en riesgo no es un lugar común, como algunos pudieran pensar. Es como se titula el último informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, que hizo un amplio diagnóstico sobre lo sucedido en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde el punto de vista geopolítico, con la perspectiva de lo que significa para Estados Unidos la profundización de las crisis que ha desatado el mismo Presidente, según consideran, y las que se le han sumado por factores exógenos, como la Covid-19. Su audiencia no es Palacio Nacional, sino la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Capitolio. Su interés no es México per se, sino lo que su descarrilamiento significaría para la seguridad nacional de esa nación.

El Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales es un laboratorio de ideas y propuestas -un think tank-, considerado el más influyente en temas de seguridad nacional y militares, por cuyas oficinas han pasado varios de quienes fueron piezas claves en gobiernos republicanos y demócratas, como Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski y Richard Allen, consejeros de seguridad de Richard Nixon, James Carter y Ronald Reagan; secretarios de Defensa como Harold Brown, o exjefes de la CIA, como James Schlesinger. El autor del reporte, Evan Ellis, asociado al programa de América Latina del CSIS, por sus siglas en inglés, es además, profesor de estudios estratégicos en el Colegio de Guerra del Ejército.

Para decirlo claramente, lo que dicen lo escuchan en Washington. Y lo que pintan en el horizonte mexicano está lleno de tormentas y peligros. “México, cuya estabilidad y bienestar es vital para Estados Unidos, está atrapado actualmente en crisis preocupantes, que se alimentan mutuamente, en salud, economía y seguridad”, escribió Ellis. “Es del mayor interés de Estados Unidos, pese a estar distraído en sus propias luchas, ser un vecino particularmente bueno y atento a lo que necesite México en estas horas”.

El diagnóstico pinta un Gobierno ineficaz en lo económico, en el manejo del coronavirus y en la seguridad. Es crítico también de López Obrador porque, estima, un componente de las múltiples crisis que enfrenta son producto de sus propias acciones. “Más allá de la contracción de la actividad económica y el entorno hostil a la inversión, la pandemia de la Covid-19 creó una crisis fiscal creciente en México, pese al compromiso de AMLO de austeridad”, agregó Ellis.

“La crisis redujo los ingresos de México de las actividades productivas nacionales y las exportaciones, al mismo tiempo que ha obligado al Gobierno federal a incrementar el gasto, incluidos 135 mil millones de pesos para la población vulenrable impactada por la pandemia. La combinación de precios de petróleo bajos y las deficiencias internas, han convertido a Pemex en la principal fuga de recursos, en lugar de ser un generador de ingresos, sumando 2 mil millones de dólares de deuda en el segundo trimestre de este año. En junio, el Banco Mundial extendió su línea de crédito de mil millones de dólares para ayudarle a México a sortear la crisis, por lo que se espera que la deuda pública salte de 45% a 60% para fines de año”.

Los datos que aporta el informe son distintos a aquellos con los que López Obrador satura diariamente a la opinión pública nacional. No porque sean diferentes, sino por la tramposa interpretación al hablar de ellos, o abiertamente mentirosa, como cuando afirma que la situación económica está bien y que la recuperación tras la Covid-19 será rápida. “Con negocios eliminados de manera permanente y un sistema financiero cojo, se puede argumentar que México enfrenta el riesgo de perder una década de crecimiento económico, mucho más grave que el periodo que siguió a la suspensión de pagos de la deuda en 1982”, adelanta Ellis. “El deterioro de la situación en México amenaza con impactar a Estados Unidos en múltiples formas”.

El experto menciona los desafíos globales como el terrorismo -el temor a que por la frontera común entren personas o grupos que quieran cometer actos violentos en territorio estadunidense- o la pandemia del coronavirus -que requiere de colaboración bilateral estrecha para evitar un ir y venir de contagios-, que son temas a los cuales el presidente Donald Trump se ha referido varias veces en tono de desprecio a México y como enemigo de los intereses de su país. Algo que no ha abordado Trump pero explora ampliamente Ellis, es la ventana de oportunidad que se le ha abierto a China para expandirse en México, ante las necesidades inmediatas de López Obrador en inversión y medicinas, y el vacío que está dejando Estados Unidos.

En el tema estrictamente bilateral, Ellis no es menos ominoso. Un eventual colapso de la economía mexicana, afirmó, agravaría la forma como la crisis sanitaria y económica existente afecta las cadenas de valor con el mercado norteamericano, que podría detonar que millones de mexicanos y centroamericanos “desesperados” busquen emigrar a Estados Unidos, mientras que el deterioro en la seguridad podría incrementar el flujo de drogas letales a ese país, extendiendo la violencia en ambos lados de la frontera.

La multiplicidad de crisis incrementaría el caos político, que animaría a las corrientes más duras de López Obrador, a quien podrían empujar a un “gobierno políticamente caótico y radicalizado”, que minaría la relación y cooperación con Estados Unidos e iría en contra de la agenda estadunidense, como su posición con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. “Los dilemas que confronta México son graves”, añadió Ellis. “Las opciones disponibles para México y Estados Unidos para enfrentar los problemas no son ni fáciles ni baratas, pero el costo de la inacción es inaceptable”.

El informe recomienda que Estados Unidos rescate a López Obrador, al que ve sobrepasado e incapaz de sortear las crisis que enfrenta. Cínicamente hablando, es lo que espera López Obrador, aunque diga lo contrario.
09 Septiembre 2020 04:07:00
Entre el terror y la beligerancia
El patíbulo en el cual ha convertido Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado dos reacciones excluyentes, el terror de miembros de órganos autónomos y el Poder Judicial, y la beligerancia, encarnada en la Alianza Federalista, que ante la manera autocrática como gobierna el jefe del Ejecutivo, decidió apostar por un bloque que, en la defensa de la doctrina que promueve la separación y el respeto de los poderes federales, intenta crear un contrapeso, ante el enanismo del Legislativo y el amedrentamiento del Judicial.

En el primer caso, cada vez emerge más información que muestra la cobardía dentro del Instituto Nacional Electoral, encabezada por el consejero Ciro Murayama, durante la votación sobre los nuevos partidos. No cayeron en ello fueron, pues aunque con votos a veces contradictorios, no jugaron el papel preponderante de Murayama. El jueves, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE autorizó el registro de México Libre como partido. El viernes, Murayama planteó que esa organización encabezada por Margarita Zavala y promovida por su esposo, Felipe Calderón, había presentado un 8% de las aportaciones recaudadas -1.2 millones de pesos- sin identificar el origen de los donantes.

Más allá de los alegatos políticos que se derivaron de la negativa del INE a otorgarle el registro, hay dos vertientes, técnica y política, como explicó Javier Tejado en su columna en El Universal, que desmenuzan la actitud de Murayama, apoyado por el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova. El alegato de Murayama fue que México Libre utilizó la aplicación CLIP para cobrar vía celular, que no aportaba información clara del donante. Tejado recordó que ese sistema lo empezó a utilizar México Libre en mayo, y que no fue sino hasta agosto cuando el INE le pidió la información de las personas que donaron por esa vía.

México Libre, apuntó Tejado, no tenía la totalidad de los números de cada tarjeta de crédito por una simple razón: ni CLIP ni otras tarjetas bancarias imprimen el número completo en los recibos-protección contra fraudes cibernéticos. Pero el INE, que podía haber solicitado la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no lo hizo. El argumento de Murayama, por tanto, como calificó Tejado, fue “absurdo”. En la parte subjetiva está el contexto: López Obrador odia a Calderón y está en campaña permanente contra los consejeros para que reduzcan sus gastos, sobre todo sus salarios. 

López Obrador tiene en la mira a varios de sus consejeros, sobre todo a Córdova y Murayama, a quien quedó claro que el Presidente desprecia. Tocar la música que quiere oír el inquilino de Palacio Nacional, no los salvará. El Presidente respeta a quien le aguanta sus ataques, no a quien se arrodilla. El mismo mensaje se replicará con el Tribunal Electoral, que ha mostrado que tiene las rodillas más endebles que el INE, y que tendrá que probar cuando le llegue la impugnación de México Libre, de qué está hecho. 

No quiere decir que tenga que rectificar la decisión del INE, sino argumentar sólidamente por qué, pese a las deficiencias e insuficiencias que subrayó Tejado, ratifica el fallo. La otra argumentación del INE, que se recaudó afuera de las iglesias, se cae por la aprobación del registro al confesional Encuentro Solidario, al servicio de López Obrador, cuyos ministros de culto recaudaron personalmente las donaciones. Pronto se verá si en el Tribunal Electoral también prevalece el terror, o los magistrados tienen la solidez técnica independiente para argumentar a favor o en contra del fallo, y la entereza política para enfrentar el linchamiento en Palacio Nacional que vendrá, si consideran que la decisión del INE fue equivocada. 

Con el ánimo en sus antípodas, 10 gobernadores, varios de ellos que se cuentan entre los más beligerantes frente a los atropellos federalistas de López Obrador, rompieron con la Confederación Nacional de Gobernadores, la Conago, que consideraron ya no cumple la función para la que fue creada en 2001, de “fortalecer el federalismo mediante mecanismo democráticos”. Entre ellos, hay cuatro que se juegan su resto, porque el próximo año terminan su mandato: Javier Corral de Chihuahua, Ignacio Peralta de Colima, Silvano Aureoles de Michoacán, y Jaime Rodríguez de Nuevo León.

Peralta es priista, como Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, los únicos de ese partido que se fueron de la Conago. Riquelme termina su mandato en 2023, por lo que el revire de López Obrador podrá ser ejecutado, como le gusta, en frío, como sabe mejor la venganza. En 2022, quienes enfrentarán la ira presidencial por el desafío político que representan, terminan su periodo los panistas Martín Orozco, de Aguascalientes; José Rosas Aispuro, de Durango, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. En 2024, finalizan el panista Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato, y Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, de Jalisco. 

López Obrador minimizó la ruptura de la Conago -mancha muy negra sobre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no pudo mantener a los gobernadores rijosos bajo control-, y dijo que era parte de la democracia. Qué ironía en su retórica, Fue ante la ausencia de democracia por el irrespeto al federalismo, consagrado en la Constitución, y su política de terror contra la clase política -evidente en la actitud opaca del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno-, la razón por la que rompieron los gobernadores con ese mecanismo de interlocución que consideraron agotado, por lo menos en la actualidad, y decidieron marchar en bloque para seguir enfrentando, con la construcción de otro instrumento de diálogo, los embates y represiones presupuestales ordenadas por el Presidente.

Son tiempos contenciosos los que vivimos. Sabemos cuándo comenzaron pero no cuándo ni cómo terminarán. En juego, por más que se quiera ocultar, está la democracia.

NOTA: Por un error, se identificó a la Secretaría del Bienestar, como Secretaría de Desarrollo Social, su anterior nombre.
08 Septiembre 2020 04:08:00
López Obrador va por todo
Los ajustes en el Gabinete hace unos días fueron meramente para reducir costos operativos. Próximamente habrá otros con diferente intención: lanzar a miembros del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a candidaturas de elección popular. Por ahora nada es definitivo, como advirtió el Presidente la semana pasada, salvo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, que para noviembre deberá estar iniciando formalmente su campaña para gobernador de Sonora. 

Los ajustes al Gabinete y el anuncio de López Obrador que vendrán, fue lo que sobresalió en el casillero electoral, pero no es lo más importante desde el punto de vista de estrategia electoral. Lo trascendente es la forma como el Presidente reorganizó a su equipo para conciliar de manera absolutamente integrada los programas sociales, a las necesidades que tiene para no perder la mayoría absoluta el próximo año en las elecciones intermedias federales. Si López Obrador quiere consolidar sus cambios y tener una segunda parte del sexenio galopante y sin turbulencias en su marcha, la conquista de San Lázaro es fundamental.

Una pieza le faltaba para tener armado el engranaje, era la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social, donde movió a su titular, María Luisa Albores, a la Secretaría del Medio Ambiente, y colocó en su puesto a Javier May. Albores tenía una formación agrarista -incluso la propuso como secretaria de la Reforma Agraria en el Gabinete que armó en 2012-, y escasa experiencia política-electoral salvo por tres años que presidió Morena en Puebla, mucho tiempo antes de que el partido fuera una fuerza electoral respetable. May es otra cosa.

May es uno de los tabasqueños que han acompañado a López Obrador desde hace casi 30 años en sus distintos esfuerzos político-electorales. Participó en la campaña para gobernador en Tabasco, que perdió con Roberto Madrazo, y fue uno de los que viajaron hasta la Ciudad de México en las marchas políticas de los 90 que le dieron presencia nacional. May pertenecía a una de las corrientes del PRD en Tabasco, cuando López Obrador era el líder estatal del partido, que jefatureaban Octavio Romero, actual director de Pemex, y Alberto Pérez Mendoza, su amigo de juventudes y brazo derecho, que murió en 2013. 

Otro tabasqueño que encabezaba una corriente distinta dentro del PRD en Tabasco, en tiempos de López Obrador, es Fernando Mayans, a quien el Presidente incorporó a su gobierno y hace varias semanas, discretamente, lo sumó a la construcción de la estrategia electoral. Mayans fue senador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sucediendo a Rosalinda López, miembro de aquella facción y actual esposa del gobernador de Chiapas, quien está en la Administración General de Auditoría Fiscal del SAT. Su hermano Adán Augusto, que estaba en esa misma corriente del PRD, es gobernador de Tabasco.

Mayans trabaja con Gabriel García Hernández, que ocupa el cargo de coordinador general de Programas para el Desarrollo, y es el responsable de los delegados federales, cuyo diseño es que sean ellos quienes controlen los recursos del Gobierno federal y los distribuyan de acuerdo con las instrucciones que llegan de Palacio Nacional. García Hernández, quien hizo el padrón de Morena y está realizando el de los beneficiados de programas sociales, tiene una oficina contigua a la del Presidente en Palacio Nacional, y enorme poder para evitar que recursos presupuestales necesarios para mantener y conseguir votos, se interrumpan.

García Hernández trabaja estrechamente con una persona que pocos fuera de los círculos de poder de López Obrador han escuchado hablar, Baldemar Hernández, un politólogo catedrático de la Universidad de Tabasco, amigo de López Obrador desde hace 40 años, que manejó los recursos financieros de la Secretaría del Bienestar hasta julio pasado, cuando fue nombrado director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Hernández es una de las pocas personas a las que López Obrador escucha, y uno quien, dentro del círculo más confiable del Presidente, llega a persuadirlo sobre qué acciones tomar. La mecánica de trabajo con García Hernández es que se encarga de hacer que los recursos que les da la Secretaría de Hacienda, se distribuyan en donde le interesa al Presidente, a partir de cuáles son las secciones electorales y los distritos a donde deben llegar los programas sociales, que le indica el consejero presidencial.

En el núcleo duro de López Obrador no puede omitirse a Alejandro Esquer, su poderoso secretario particular. Esquer fue secretario particular de López Obrador cuando era líder nacional del PRD y como sustituto de René Bejarano, en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Fue el responsable máximo de la organización de la toma de posesión y quien decidió quién y en dónde, por ejemplo, se sentaban los invitados a Palacio. Él decidió, por ejemplo, que Letizia, la Reina de España, no podría estar junto a su esposo en Palacio Nacional y tendría que irse a la galería -para abrir espacio a los lugares pedidos por Estados Unidos-, que provocó que cancelara su viaje a México.

Esquer es sonorense, pero como García Hernández, originario de la Ciudad de México, ha sido parte de ese núcleo de poder tabasqueño que es para López Obrador una zona de confort y seguridad, y que han caminado, literalmente muchos de ellos, desde las marchas a la Ciudad de México en los 90 en protesta por lo que consideró fraudes electorales y de apoyo a los trabajadores petroleros de La Chontalpa. Ellos forman el corazón político de López Obrador, quienes están al frente de lo único a lo que verdaderamente le dedica tiempo el Presidente todos los días y en sus giras, el microanálisis electoral del país que le permita que su proyecto sea transexenal. Ese camino ya lo probó con gran éxito en 2018. Lo quiere repetir en 2021.
07 Septiembre 2020 04:09:00
Miserias de la política
La decisión del Instituto Nacional Electoral para negarle el registro a México Libre, como partido, y dárselo a Encuentro Solidario, dejó a los consejeros en medio de lo que es la política mexicana, fea, ruin y de malnacidos, con atropellos innecesarios y contraproducentes. Tiene el agravante del rencor epidérmico del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, sin reparar en los aspectos legales de la decisión, concluyó que votar contra el partido que encabeza Margarita Zavala, cuyo principal promotor es el expresidente Felipe Calderón, los salvó de fenecer por la poca credibilidad que tiene.

La desafortunada frase de López Obrador de que la decisión contra México Libre “fue un triunfo del pueblo”, exhibe el trauma que arrastra desde la elección presidencial de 2006 y su odio incontenible contra Calderón. Como un elefante que aplasta todo a su paso, desconoció el trabajo del INE y dejó la percepción de que los consejeros le tuvieron miedo y lo apoyaron contra su enemigo eterno. La democracia no es algo en lo que cree López Obrador, y al haberse inmerso en tecnicismos en sus votaciones, el contexto hizo del INE un daño colateral.

En contra del registro de México Libre votaron el consejero presidente Lorenzo Córdova, Norma de la Cruz, Adriana Favela, José Martín Fernando Faz, Carla Humphrey, Ciro Murayama y Jaime Rivera. Contra del registro de Encuentro Solidario, Córdova, De la Cruz, Murayama y Dania Ravel. Solo fueron consistentes en sus votos en contra Córdova, De la Cruz y Murayama, al igual que Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Zavala, que lo hicieron a favor por ambos. Lo que en la superficie parecería una contradicción de algunas consejeras y consejeras, no lo es.

“Los motivos eran diferentes”, explicó Rubén Álvarez, vocero del INE, “injerencia de un ente prohibido (ministros de culto) y dinero opaco (8% a través de Clip)”. El argumento de Córdova, De la Cruz y Murayama es que un importante número de firmas para alcanzar el registro de México Libre se obtuvieron afuera de iglesias, y que al utilizar la plataforma Clip, el origen de los recursos no era transparente. Calderón denunció inmediatamente la resolución y afirmó que en Clip están perfectamente identificados los afiliados. En lo que compete a Encuentro Solidario, agregaron Álvarez, Favela, Humphrey y Rivera “no consideraron que estuviera suficientemente acreditada la intervención de ministros de culto religioso en las asambleas” de ese partido.

El voto cruzado es poémico y alargará la controversia. “Cada caso se debe analizar por separado, más allá de alguna evaluación genérica que se quiera hacer del desempeño del Consejo General”, explicó Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y con amplia experiencia en temas electorales. “En efecto, en el primer caso había violación a un principio constitucional que para varios consejeros no tiene peso. Desde mi punto de vista, sin embargo, se trata de una evaluación a detalle para ver si una organización va a ser partido nacional. Cualquier violación o falta (y hasta presunciones en materia penal o de violación a derechos) debería ser suficiente para no dar esos registros”.

Negarle el registro a México Libre y Encuentro Solidario parecía lo más adecuado, pero se evaluó de diferente manera la participación de los ministros de culto. Fue suficiente en el primer caso que se recogieran firmas afuera de las iglesias católicas para negar el registro, pero no lo fue en el segundo caso, donde ministros de culto evangélicos recogieron firmas para el partido confesionalista que emergió de Encuentro Social, un partido que en 2018 hizo alianza con Morena para llevar a López Obrador a la Presidencia a cambio de su apoyo para que Cuauhtémoc Blanco fuera Gobernador en Morelos.

La discusión sobre el voto dividido será llevada al Tribunal Electoral, que decidirá si el INE actuó correctamente. Pero la intromisión salvaje de los políticos es un mensaje ominoso a consejeras y consejeros de lo que se avecina en las próximas elecciones de 2021. Ante opinión política y pública, no existen discusiones técnicas o legalistas, menos aún interpretaciones diferentes que lleven a votaciones divididas o cruzadas. Ante ellas, todo tiene un frasfondo político, como lo dejaron ver sonoramente López Obrador y Calderón, desde trincheras diferentes.

Tan lamentable la declaración del Presidente como la que hizo el expresidente en contra de Córdova y el INE, suponiendo que la negativa del registro era un acuerdo cocinado tiempo atrás de que se llegara a la votación. Ninguno de los dos está actuando con el temple que deberían tener dos políticos fogueados, ni aceptan el principio democrático de que las reglas son parejas para todos. Si a uno no le gustan, como antes fue López Obrador y hoy es Calderón, que recurran a las instancias legales que correspondan, como será el Tribunal Electoral, pero que no ensucien con exabruptos y sarcasmos la muy deteriorada democracia mexicana.

A muchos les parece etéreo hablar de la democracia aquí en México, pero sin ella no habría este tipo de discusiones, aunque sean pueriles, ni habría libre asociación, ni competencia electoral, ni libertad de prensa, ni de pensamiento, ni respeto a los derechos humanos ni a las garantías individuales. Es cierto que en todas ellas ha habido un retroceso en este primer tercio del sexenio de López Obrador, lo que tendría que ser un incentivo para luchar por lo que tanto trabajo costó a dos generaciones, antes que el espíritu autoritario de quien hoy nos gobierna termine con lo que falta -cuatro años sería suficiente tiempo para la locomotora que es él-.

Uno puede estar o no de acuerdo con los votos del INE el viernes pasado, pero tampoco pueden lloriquear algunos consejeros para deslindarse de algunos votos con los que estaban en desacuerdo. Que se preparen y reflexionen qué harán, porque lo del viernes fue una pequeña luz del infierno que probablemente se avecina.
04 Septiembre 2020 04:08:00
Se metieron a un pantano
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una brújula muy extraviada en el tema de los derechos humanos. Aunque tiene una preocupación auténtica por los miles de desaparecidos y los cientos de fosas clandestinas en amplias regiones del país, cuando se trata de aterrizar su interés a acciones de Gobierno, no sabe qué hacer. Afirma que este tema es prioridad, pero los esfuerzos para enfrentar el problema los ha deshidratado y dejado sin presupuesto. Pensaba incluso desaparecer la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la última guillotina a la Administración pública, que se evitó hasta que entendió lo que significaría en costo para su imagen en México y el mundo. Ha mostrado gran ignorancia en este tema que lo llevó a cometer un error estratégico: abrirle la puerta a la ONU para intervenir en los asuntos internos del Poder Judicial.

López Obrador propuso reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas “ante la magnitud de la crisis” –reconocimiento tácito del fracaso de su política– y el martes pasado el Senado, que vio la parte noble de la iniciativa presidencial, la aprobó por unanimidad. No hubo debate parlamentario, ni discusión en la opinión pública. Este cambio radical en una política de Estado, entró tan fácil como una daga en mantequilla. La crítica de los abogados se ahogó en la gritería de los asuntos públicos, y la molestia dentro de las Fuerzas Armadas, como siempre, es silenciosa. Potencialmente, le abrieron la puerta al diablo.

Ni el Presidente ni los senadores levantamanos, tienen memoria. En 2012, el Gobierno de Guatemala y la ONU crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un órgano independiente que apoyaría las instituciones de procuración y administración de justicia de esa nación centroamericana en la investigación de grupos paramilitares y clandestinos de seguridad. La Comisión estaba encabezada por el venezolano Iván Velásquez, y antes de que el Gobierno guatemalteco se diera cuenta, caminó por rutas paralelas y llevó a la investigación de corrupción en el sistema aduanero, que produjo la detención del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de manejar una organización criminal que cometió fraude de 20 millones de dólares en 2015. El juicio comenzó en marzo.

En agosto de 2014, cuando esa Comisión hacía tambalear a las instituciones guatemaltecas, uno de sus arquitectos, Michael Mörth, dijo en una entrevista con la agencia rusa Novosti, que cuando fue concebida, “siempre la entendimos como un modelo que se (podía) expandir en América Latina o países donde no hay estado de Derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras”.

Esta Comisión surgió de la ONU, pero siempre contó con la inspiración jurídica y el apoyo político del Gobierno del demócrata Barack Obama en Estados Unidos, y desde entonces se han registrado presiones contra el Gobierno mexicano. En 2015, José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, dijo a propósito de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanhuato, Michoacán, donde la Policía Federal incurrió en un abuso de fuerza que produjo una matanza de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación: “Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose”. Desde hace aproximadamente cinco años, abogados estadunidenses han ido construyendo un caso de genocidio en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y varios miembros de su Gobierno, con la idea de llevarlos a la Corte Internacional de La Haya acusados de genocidio, un delito que no prescribe.

Abrirle la puerta López Obrador al Comité contra la Desaparición Forzada, no se va a parar en los miembros de la delincuencia organizada. Se investigará a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, pero no solo del 1 de diciembre de 2018 hacia atrás, como debe pensar el Presidente, sino que se extenderá a la actualidad. En lo que va de su Administración no han cesado los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales por parte de autoridades, como probablemente tampoco las desapariciones. Por estar anclado ciegamente en el pasado, López Obrador no ve el presente y menos aún vislumbra al futuro.

Desde varios años, la preocupación en Estados Unidos ha sido el respeto al estado de Derecho, la certidumbre jurídica y la lucha contra la impunidad, que si bien eran puntos muy flacos en el Gobierno de Peña Nieto, se han extendido en el de López Obrador. La aplicación del estado de derecho es selectiva –con una Suprema Corte cada vez más complaciente con el Ejecutivo– no hay certidumbre jurídica –se ve todos los días– en las mañaneras, ni hay lucha contra la impunidad, porque la cruzada contra la corrupción, enmarcada en la narrativa y las vendettas políticas, no significa elevar las barreras y los costos jurídicos para reducir la impunidad.

Que un organismo internacional venga a México para realizar las funciones que ni la Fiscalía General, ni las áreas de derechos humanos dentro del Gobierno, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni el Poder Judicial ha podido hacer y están rebasados, como admitió la Presidencia, puede parecer una gran iniciativa de López Obrador, pero es la claudicación del Estado en la administración y procuración de justicia. Es el primer paso para que haya un tribunal extraterritorial que juzgará a los criminales, a las fuerzas federales de seguridad y a funcionarios del Gobierno, del pasado y del presente. No son diferentes los de antes y los de ahora, como cree López Obrador. Son iguales y de esa manera serán juzgados eventualmente y sentenciados. Ahí está Pérez Molina como ejemplo.

03 Septiembre 2020 04:08:00
La contrarreforma
Una vez que está claro qué es lo que quiere como país el presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede concluir que un transformador, como aquellos que llevaron a cabo la Independencia, la Revolución o las Leyes de Reforma, no es, ni será. Lo dirá de palabra y quizás hasta lo crea, pero en su código genético lo que aparece es la contrarreforma. ¿Está mal? Depende desde qué óptica se mire. ¿Beneficiará al país? En un mundo globalizado, altamente interdependiente, quizás no. ¿Ayudará a los pobres a ser menos pobres? Probablemente lo que conseguirá será empobrecer a más mexicanos, porque la ruta para mejorar los niveles de pobreza y el bienestar, no pasan por una economía moral, sino por una política tributaria progresiva, con la que está en desacuerdo.

El universo sobre el cual está embarcado para su demolición lo ubica en cinco sexenios: de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que llama genéricamente como la era del “neoliberalismo”, un periodo que parece estar determinado por sus obsesiones –Salinas- y rencores –Calderón-, más que por razones ideológicas, como se puede observar en su deseo explícito para que se enjuicie por corrupción a los expresidentes, en donde pareciera excluir a priori a Zedillo y a Fox. Es claro su revanchismo, aunque públicamente diga lo contrario en el caso de estos dos, porque en el de Peña Nieto, obedece más a la cercanía en el tiempo y a las presiones de sus cuadros radicales que a su deseo existencial.

En el planteamiento de López Obrador, como lo dijo en su discurso del 1 de septiembre, nadie lo va a mover de la postura que ha mantenido toda su vida. La pandemia del coronavirus lo obliga a hacer ajustes, como admitió, pero en lo esencial, “no vamos a apartarnos del espíritu del compromiso adquirido”, porque son lo que ha soñado y ofrecido “desde hace muchos años”. Es cierto. Como botón de muestra: durante la campaña presidencial de 2012, dijo que el aparato burocrático era demasiado grande –estimado en 2018 en un millón y medio de empleados- y que él podía gobernar con 3 mil trabajadores. La guillotina a la burocracia ha sido fuerte en su Gobierno en nómina, prestaciones y estructura, y el adelgazamiento no cesa. “Austeridad republicana”, es como define el proceso.

López Obrador es terco, lo que ha sido una virtud y defecto. “Algunos críticos piden que se gobierne en sentido distinto, que prescindamos de nuestro ideario y de nuestro proyecto”, expresó. “Piden, en suma, que yo traicione mi compromiso con la sociedad, que falte a mi palabra y que renuncie a mi congruencia. Y eso, lógicamente, no va a ocurrir”. ¿A alguien no le ha quedado claro que va derecho y no se quita?

Pero lo que él plantea como la “cuarta transformación”, es grande en ambición y corta en ejecución. Esa transformación significa, en mucho sentidos, regresar al sistema político y al modelo económico previo a 1985, cuando en el gobierno de Miguel de la Madrid se modificó la economía con la apertura al mundo y al libre comercio, y luego lo político, durante los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox, con reformas de primera y segunda generación democráticas.

Ese México que se fue construyendo, nunca pasó del periodo de transición a la consolidación. La transición es lo más delicado, porque es cuando las fuerzas que reaccionan a ella, pueden llegar a revertirla. Si una transición dura en promedio 15 años –salvo la española que se consumó en ocho-, ese inacabado proceso en México, que se ensució con la ineficiencia de gobiernos anteriores y actos de corrupción insultantes, provocaron que el péndulo regresara y la gran mayoría cargara a López Obrador a la Presidencia.

Desde ahí ha ido desmantelando las reformas económicas que se hicieron durante el sexenio de Peña Nieto, y la educativa, que piensa el Presidente que es la peor de todas. Pero lo que está instalando no es un modelo nuevo, sino uno con olor a naftalina. Las reformas las ha modificado fácilmente porque, como antaño, donde el PRI ejercía de manera autoritaria el poder, tiene un Congreso que es su brazo electoral y hace lo que quiere. López Obrador manda una señal en la conferencia mañanera, y la bancada de Morena acata. Cuenta también con el apoyo en la Presidencia de la Suprema Corte, con uno de los presidentes más complacientes con el Ejecutivo desde la reforma al Poder Judicial en 1995.

Su transformación es restauración. Salvo por la ortodoxia fiscal que mantiene -el dogma de los gobiernos “neoliberales”-, el sistema económico que está instalando significa una fuerte intervención del Gobierno en la actividad económica, donde decide y regula a las fuerzas productivas. López Obrador lo expresa diciendo que el poder económico no volverá a mandar en México, como en el pasado, y actúa en consecuencia al someterlo, amenazarlo y confrontarlo. Su proyecto emana de la corriente estatista nacionalista que controló al PRI hasta el sexenio de Salinas, quien rompió con ella. De ahí su defensa a ultranza de Pemex y la CFE, pero no en el contexto de un mundo globalizado, sino dentro del modelo que existía hasta el Gobierno de José López Portillo.

La restauración incluye nuevas paraestatales, como una Conasupo reciclada y una empresa que distribuya y comercialice medicamentos. Quiere organismos que controlen las telecomunicaciones y ofrezcan televisión abierta a nivel nacional, así como servicios bancarios. Ansía demoler el servicio civil de carrera y todo lo que tenga que ver con transparencia. Y como era muy costoso acabar con los órganos autónomos, los está colonizando.

Este es el fondo del proyecto de López Obrador, la contrarreforma, que verbaliza como la transformación del porvenir mexicano. Pero no hay que juzgar al Presidente por lo que va a hacer, sino por sus resultados.


02 Septiembre 2020 04:08:00
‘No es por presumir’
Lo único sorprendente del mensaje de Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, fue que citara a Adam Smith, llamado “el padre del capitalismo”, ícono del liberalismo económico del que tanto repela de dientes para fuera el Presidente. Aunque dice admirar a Franklin D. Roosevelt, que pujaba por el intervencionismo del Gobierno en la economía, López Obrador está en línea con el pensamiento de la Escuela de Chicago, donde Milton Friedman, señalado en América Latina como impulsor del neoliberalismo. Esa sola referencia encierra su contradicción eterna, que lleva cotidianamente a López Obrador a enfrentarse a sí mismo, en la justificación de lo injustificable.

Su narrativa, frente a la inexistente en el paisaje mexicano, le permite navegar plácidamente entre los mexicanos, como mostró la encuesta de aprobación presidencial de El Financiero este martes, que lo tiene en un robusto 59% de respaldo nacional, pese al manejo de la pandemia -que le critican-, y de la economía -donde lo reprueban 6 de cada 10-. Su retórica construye sofismas y su palabra de predicador, con imágenes binarias y religiosas, se anidan en la mente de millones de mexicanos, que convierten en realidades lo que, en algunos casos, sean escandalosamente mentiras.

Las remesas, por ejemplo, que presumió que crecieron como si fuera un logro de él, cuando el dinero, particularmente de Estados Unidos, fue enviado en esos volúmenes en buena parte gracias a los estímulos fiscales que Donald Trump dio a las empresas, que no hizo aquí López Obrador. Otro, la apreciación del peso, tampoco por él, sino por el diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, que allá generan cero utilidades y aquí al menos 4%, lo que quita presión al tipo de cambio. O el que no suba impuestos a la gasolina, cuando en realidad, de los 560 mil millones de pesos de ahorros que mencionó, alrededor del 90% resultó de los IEPS a las gasolinas.

Tampoco es cierto que sea promotor del medio ambiente como presumió tras cesar al secretario Víctor Manuel Toledo, quien afirmó que López Obrador no tenía el menor interés en temas ecológicos. El Presidente se defendió con el programa Sembrando Vidas, aunque hasta julio, la Secretaría del Bienestar, responsable del programa, admitió que solo 7% de la meta comprometida se había cumplido. López Obrador, mostró un reportaje de Bloomberg publicado en julio en El Financiero, está peleado con las energías limpias y, a contracorriente mundial, está volcado en las energías sucias, con su proyecto de refinería en Dos Bocas y la negativa a cerrar Cadereyta, pese a los daños ecológicos que produce.

Habló del “progreso con justicia” que se está logrando con las clases más desprotegidas, y cómo fue el mejor para manejar la Covid-19, atendiendo la actividad económica. La crítica a la errática estrategia de la pandemia es hoy un lugar común, y la afirmación de que se ha apoyado a la salud, es falsa. Entre enero y mayo le quitaron mil 884 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Salud, incluidos 47 millones a la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades que encabeza Hugo López-Gatell, el zar del coronavirus. Nadie sabe cuántos muertos y enfermos hay por el virus, y quizás nunca lo sabremos por el ocultamiento de datos o la manipulación sin control de la estadística. La pandemia y sus efectos económicos resultarán contrario a lo que afirma el Presidente. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estima que, para finales de año, el número de pobres se habrá incrementado entre 6 y 10 millones de personas. 

No es cierto que haya menos feminicidios en el país, sino un incremento de 7.9 por ciento. Su objetivo de reducir la tasa de homicidios dolosos durante los primeros seis meses de su gobierno, luego en octubre del año pasado y después en los primeros dos años, no se logró. La pandemia ayudó a bajar de delitos como robo patrimonial o secuestro, pero el crimen asociado a la delincuencia organizada subió 12 por ciento. 

En agosto hubo un promedio de 100 homicidios diarios, casi tres veces más de los que llegó a tener en su parte más álgida el gobierno de Felipe Calderón, a quien acusan sus allegados de “asesino”. Eso que dijo que “ya no manda la delincuencia organizada como era antes”, habrá que contrastarlo con la forma como el Cártel de Sinaloa humilló al Gobierno, y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación gracias a que las fuerzas federales les han ido limpiando el camino de adversarios.

La buena relación que afirmó existe con el sector privado, en realidad ha sido tirante, con amenazas de acciones penales en contra de quienes reclaman que les están cobrando indebidamente impuestos, y de expedientes detallados de empresarios, armados por los servicios de inteligencia del Gobierno, para presionarlos. El final de las “persecuciones facciosas” tampoco es cierto. La conferencia mañanera es un claro ejemplo de la mentira, al ser utilizada para denostar, difamar, acusar sin pruebas e intimidar, parte de una política que tiene como método el terror.

López Obrador rindió su Segundo Informe de Gobierno con crisis sanitaria, económica, de seguridad y conflictividad social. Este año, reconoce, será el peor en la historia, con una muy probable segunda ola del coronavirus mientras celebra que ya domó la pandemia y va de salida. “No es por presumir”, dijo López Obrador, “pero en el peor momento contamos con el mejor Gobierno”. Seis de cada 10 mexicanos le creen. Las estadísticas, los desempleados y las muertes, no son suficientes, porque su palabra sigue siendo más fuerte que la realidad. La “revolución de las conciencias” que está llevando a cabo, ha sido exitosa, convenciendo a millones que el panorama que para muchos es negro, para la mayoría es azul radiante. Recordemos la fecha para el futuro: 1 de septiembre de 2020. 
01 Septiembre 2020 04:08:00
Los 15 videos de Pío
El primer párrafo de su discurso con motivo del Segundo Informe de Gobierno, afirma Andrés Manuel López Obrador, será sobre corrupción, el mal de todos los males mexicanos, caballo de batalla y eje central de su narrativa para demoler el pasado y consolidar el presente. Ya lo escucharemos hoy, no solo en las primeras líneas de su mensaje, sino a lo largo del discurso que pronunciará en el Patio de Honor de Palacio Nacional, que será probablemente una reiteración de lo que le hemos escuchado por años, reciclado por el rehilete de imputaciones y acusaciones contra funcionarios de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El contexto, sin embargo, es diferente entre antes, que era un líder opositor, y hoy, que es Presidente de la República.

Por eso es importante lo que dijo en la conferencia mañanera de ayer y su predicar con el ejemplo, donde si un presidente es corrupto, los demás lo seguirán, pero si es honesto, como se asume él, las cosas cambiarán. Está muy bien lo que propone; ahora solo le falta que lo cumpla. No habría nada más contundente de que su palabra vale, que pase por el mismo rasero que a muchos otros a su hermano Pío, a quien pillaron en un video recibiendo un millón de pesos de un alto exfuncionario del Gobierno federal y en ese entonces consultor del Gobierno de Chiapas.

Pero pasarlo por el mismo rasero no significa que haga lo mismo que con muchos otros, que sin pruebas ni investigación de por medio, por conjeturas y dichos, lo juzgue públicamente en el patíbulo presidencial, lo sentencie y abra la puerta a las horas para su linchamiento. La justicia no es justiciera, sino debe ser alcanzada mediante la salvaguarda de los derechos humanos que exigen la presunción de inocencia. Pío López Obrador será inocente hasta que le demuestren que es culpable.

Su caso, sin embargo, está hecho a la medida para que el Presidente muestre de qué está hecho. Con el video ya difundido se tropezó, y aunque como admitió, supo de él con una semana de antelación, no hizo nada como un proceso jurídico adecuado recomendaría: que su hermano se presentara ante la autoridad correspondiente a aclararlo, porque presuntamente ese dinero, que tenía un fin político, es un delito. Si el Presidente quiere justificar que las causas, o sus causas, no reciben dinero ilícito sino “donaciones”, porque si se trata de su movimiento y partido son contribuciones legales y legítimas, pero si son de sus adversarios es corrupción, el argumento no pasa ningún análisis.

Ahora tiene una nueva oportunidad para probar que su ética lo impregna y no es una liga que se estira en función de sus necesidades políticas, porque el video de Pío no es el único sobre él. Dentro de Palacio Nacional tienen conocimiento de la existencia de al menos 15, en donde está recibiendo dinero por cantidades que promedian el millón de pesos. No se sabe el origen del dinero, por lo que la investigación, por ser recursos de origen desconocido, tendría que haber sido judicializada como un presunto crimen de delincuencia organizada -como ha hecho la Fiscalía General en otros casos, aun cuando se trate de peculado-, y la Unidad de Inteligencia Financiera habría congelado las cuentas bancarias del señalado y de todos sus cercanos.

Bajo el método de este Gobierno, las cuentas de Pío López Obrador y toda su familia, tendrían que haber sido congeladas, dentro de esta perversa racional de primero actúan y luego averiguan. Afortunadamente, aunque sea por las peores razones -¿cómo aplicarían el mismo rasero al hermano del Presidente?-, la Fiscalía General no actuó como lo ha venido haciendo. Pero tampoco parece estar haciendo lo conducente, investigar. Ya existen las denuncias de hechos, presentadas por el PAN, que la obligan a hacer su trabajo.

Pero el video, que en el fondo debe ser lo que inhibe a todos en el Gobierno federal, si se investigara como debiera, destaparía una cloaca. Las 15 grabaciones que existen de Pío son parte de una videoteca de tres años, por lo que se presume que el número de políticos sobre los cuales hay pruebas visuales -que no judiciales- de que recibieron dinero presuntamente para fines aviesos, es bastante voluminoso. De esos dineros, dijeron personas que conocen del método y la distribución de recursos desde el sur, salieron apoyos para políticos en Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, cuando menos. 

Esa videoteca, sin embargo, es una bomba que tiene la mecha prendida, pues desde hace aproximadamente un año fue robada del lugar donde se encontraba. Quien la tiene en su poder, puede ir administrando los videos de Pío o de muchos otros a discreción, en función de los tiempos políticos. Todavía no se sabe quién filtró el video de Pío, y menos aún cuándo y cómo podrían venir los siguientes.

Al saber el Presidente del riesgo que existe por la existencia de una videoteca comprometedora para su hermano y quién sabe para cuántos de sus aliados, tiene también en sus manos la posibilidad de actuar y controlar preventivamente el daño que puedan causar. Tiene que vacunarse, y el primer paso es que Pío sí sea investigado por la Fiscalía, que declare ante la autoridad y que se aclare el dinero recibido o pague por lo que hizo, si llegara a ser culpable. 

Para un político que no parece tener escrúpulos, el sacrificio de un hermano es menos costoso que la destrucción de su anhelado proyecto de Nación. Pero sobre todo, López Obrador tiene que ser un líder congruente y, como dice, barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Predicar con el ejemplo dice que está en su sangre. Que empiece con su hermano.

31 Agosto 2020 04:09:00
Amenazas a López Obrador
En la Ciudad de México pasó desapercibido, pero en Tamaulipas se volvió el gran tema en las redes sociales desde el viernes: la amenaza del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia mañanera del jueves en Reynosa.

Se dio en el contexto de un mensaje cifrado, donde la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue el pretexto para esconder que su agravio es contra el Mandatario. Por eso le dijo a López Obrador que él, mejor que nadie, sabía que en la lucha por el poder, entre más poderosos son los adversarios, más fuerte la ofensiva, para luego pasar al fondo de su advertencia:
“Aquí en Tamaulipas, Presidente, nos jugamos todos los días la vida”, dijo García Cabeza de Vaca. “Pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan allá muy campantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un Gobierno. Quieren sacar raja política, porque ven venir las elecciones del año que entra, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuestan vidas”.

En ese momento el Gobernador volteó a ver a López Obrador, exactamente en el minuto nueve con dos segundos de la segunda hora de la mañanera, cuando lo miro directo, muy serio, antes de rematar: “Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques pone en riesgo a mucha gente y a la política. La política no puede ni debe ser así”. Dirá el Gobernador que el destinatario del mensaje no era el Presidente, pero en el fondo, lo que se está dando es un conflicto que rebasó los cauces institucionales y entró al terreno de lo personal. En ningún otro caso en el país el nivel del enfrentamiento está dado como el de López Obrador y García
Cabeza de Vaca.

El Gobernador de Tamaulipas se refirió públicamente a la denuncia de hechos de Lozoya, quien lo señala como uno de los exsenadores panistas que recibieron dinero para aprobar la reforma energética durante la negociación del Pacto por México con el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lozoya Austin tendrá que demostrarlo y, aun si así lo hiciera, a menos que probara quebranto al Estado mexicano mediante actos de corrupción, no pasaría de la sanción pública –que no es menor, cierto– porque el delito, si hubiera alguno, habría prescrito probablemente.

Detrás de la máscara de Lozoya se encuentra la acción de los “poderosos”, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, quien a finales de julio presentó una voluminosa denuncia de hechos en contra de García Cabeza de Vaca, su madre, sus dos hermanos, su esposa, su suegro y dos
personas más que manejan dos empresas, una rural y una inmobiliaria, por delitos que incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

La denuncia de Nieto incorpora información financiera de México y Estados Unidos –tiene la colaboración del Internal Revenue Service, equivalente al SAT en aquel país– y presenta adquisición de inmuebles que no podrían haber sido comprados con los ingresos percibidos.

Por ejemplo, una propiedad en una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México, adquirida a finales de 2013, con un valor superior a los 14 millones de pesos, en co-propiedad con su esposa. Hay otras propiedades adquiridas por su hermano, con facturas apócrifas, o dinero en las cuentas de su suegra por millones de dólares que son inexplicables a ojos de la autoridad. Sobre cada una de las personas involucradas en la denuncia, hay una red de operaciones financieras que cuestionó Nieto y las presentó como ilegales.

García Cabeza de Vaca ha sido uno de los líderes en la oposición más vociferantes en contra de Lozoya, a quien llevará también a tribunales tamaulipecos por presunto financiamiento de campañas electorales. Es curioso. Quiere denunciar a Lozoya sobre la base de los mismos dichos de los que se queja, relacionado con financiamientos políticos del conglomerado brasileño Odebrecht. Los exejecutivos de la empresa solo reconocen haber aportado recursos a la campaña de Javier Duarte para Gobernador en Veracruz, pero nunca mencionaron Tamaulipas o Hidalgo, a las que quiere incluir el Gobernador.

Lozoya Austin sirve de buen parapeto para sus amenazas, pero el ataque a López Obrador comenzó tiempo antes de que el exdirector de Pemex se allanara a la extradición y presentara su denuncia. El Presidente lo sabe, pues previo a ello, revelaron funcionarios federales, recibió información de Estados Unidos que había una investigación privada que se estaba haciendo en Houston sobre su hijo mayor, José Ramón, su esposa, que es consultora en asuntos energéticos años antes de conocerlo, y los familiares de ella.

La investigación, de acuerdo con la información en poder del Presidente, la contrató Nelson Balido, que dirige la firma consultora Balido and Associates y fue fundador del Consejo de Comercio y Seguridad y el Consejo de Energía de las Américas, y actualemente también es asesor en materia Binacional del Gobierno de Tamaulipas. Balido es una persona muy cercana a García Cabeza de Vaca, y lo ha llevado a entrevistas con funcionarios de Seguridad en Estados Unidos.

Las acciones de García Cabeza de Vaca son previas a todo el escándalo de dichos desatado por Lozoya, lo que muestra que a López Obrador lo tiene hace tiempo en la mira. Igualmente, López Obrador lo ha enfocado como a ningún otro gobernador en este momento, y encargado a Nieto desarrollar y profundizar la investigación.

El choque que se está viendo en la escena pública no corresponde a la confrontación que están teniendo el Presidente y el Gobernador, y del cual el viernes pasado en la mañanera de Reynosa hubo una pequeña muestra pública de lo que sucede, y un preámbulo de lo que iremos viendo más adelante.
28 Agosto 2020 04:09:00
Los berrinches del Presidente
No le ha bajado el mal humor al presidente Andrés Manuel López Obrador desde el viernes pasado, cuando tuvo que afrontar a la opinión pública y torear el porqué su hermano Pío recibía millones de pesos regularmente para acciones políticas. Como no puede acusarlo de corrupto, como hace con ligereza cuando se trata de quienes no son incondicionales, ha querido taparlo con disparos de escopeta, con lo que está minando el acuerdo que negociaron el fiscal Alejandro Gertz Manero con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y reventando todo el trabajo que hacen sus colaboradores para lograr los objetivos que busca el Presidente.

El miércoles aseguró que Lozoya no estaba diciendo todo lo que sabía sobre la corrupción de Odebrecht. Sin embargo, Lozoya ha hablado tanto de Odebrecht, que incluso afirma hechos que los testimonios de exejecutivos de la empresa ante la Fiscalía brasileña, lo desmienten. Lo que no mencionó en su denuncia fue su estrecha vinculación con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, a quien presentó con los directivos del conglomerado brasileño para que hicieran negocios.

La relación con Tapia fue tan productiva para Odebrecht, que una buena parte de los primeros 4 millones de dólares que le dio como soborno –como afirmó el exdirector de la empresa en México, Luis Alberto de Meneses Wyell-, fueron por ese contacto. Forzar públicamente a que Lozoya hable más de Odebrecht rompería una vez más el pacto con Gertz Manero, que le permitió a Lozoya exonerar a Tapia de cualquier presunto acto de corrupción en su denuncia de hechos, y que no declara nada sobre lo que hizo con él y Odebrecht.

“Peor” que eso, magnificó López Obrador en un giro de tema, es que no señaló en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de manera “inexplicable”, todo lo relacionado con la planta de fertilizantes Fertinal, otra empresa que adquirió Pemex, en ese entonces dirigida por Lozoya. La realidad es que Lozoya sí tiene un expediente voluminoso sobre el caso Fertinal, y la verdad es que este tema nunca estuvo entre los acuerdos con Gertz Manero, ni tampoco fue un punto que le pidieran que incluyera en su denuncia. Más bien, quedó implícito que no lo presentara en su querella.

La afirmación de López Obrador sobre la empresa deja mal a Lozoya y a su fiscal general, a quien, esto sí inexplicable, desautoriza. Lozoya denunció lo que le pidieron en la Fiscalía General, e incorporó a aquellos a quienes quiere cobrarle facturas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que no está en su querella es que no se lo dictaron o aprobaron.

Fertinal no es la única explosión de López Obrador en esta semana de mañaneras impregnadas de muina. Este jueves dijo que Altos Hornos de México (AHMSA) debía reparar un daño por 200 millones de dólares por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, pues de otra forma sería castigada, lo que no parece una acción en busca de la justicia, sino producto de algo más cercano al berrinche. A principios de semana dijo que había un nuevo dueño de Ahmsa, que estaba dispuesto a pagar ese dinero. No es la primera vez que lo asegura, pero sí la primera donde lo desmintieron, que sí es embarazoso, y afectó, de paso, la delicada negociación que tienen varios de sus cercanos colaboradores para que la empresa de Alonso Ancira pase a manos de un acerero cercano a Palacio Nacional.

Con ello, nuevamente le propinó una política a Gertz Manero. La negociación con Lozoya incluía la denuncia sobre Agronitrogenados, pero habían acordado que él no declararía en contra de Ancira, que es su amigo, y que trasladaría toda la responsabilidad de la operación a Peña Nieto y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El exabrupto presidencial dañó los puentes que han ido construyendo sus asesores con Ancira y Lozoya, tanto para la venta a un aliado de la casa presidencial, como el blindaje que había negociado el exdirector de Pemex para su amigo.

La semana de la ira había comenzado temprano, el sábado, cuando afirmó que había un contrato “leonino” a favor de Braskem, la filial de Odebrecht, e Idesa, en el Proyecto Etileno XXI, por medio del cual el Gobierno había subsidiado unos 15 mil millones de pesos. No era la primera vez que se refería a ello, pero sí fue la primera vez que la empresa, de manera directa, lo desmintió. Por la forma como acometió el Presidente, se llevó en el cauce otra parte del pacto Gertz Manero-Lozoya, y se disparó al mismo tiempo en el pie.

En su denuncia, Lozoya denunció a Braskem, pero no metió a las empresas mexicanas involucradas en Etileno XXI, ICA e ICA Fluor –que desde la transición se acercaron a López Obrador-, y cuidó sobremanera a Idesa, que cuando se negoció el proyecto durante el gobierno de Felipe Calderón, uno de sus consejeros era Javier Jiménez Espriú, muy cercano al Presidente y su primer secretario de Comunicaciones y Transportes, cuya familia política es la dueña de la empresa. Lozoya omitió por completo a ICA, y exoneró de toda culpabilidad en presuntos sobornos a Idesa. Ahora, la volvió a meter al potaje López Obrador.

El Presidente tendría que serenarse si no quiere seguir enterrando, desde el punto de vista jurídico, su gran caso contra la corrupción en México, y seguir agudizando las contradicciones que ensucian y desacreditan la negociación de Gertz Manero con Lozoya. Hay que reconocerle que es incontenible, lo que no siempre es un atributo. Como apuntaron ayer los exgobernadores de los bancos centrales de México y Brasil, Guillermo Ortiz y Arminio Fraga, en un artículo en el Financial Times, al igual que el presidente brasileño Jair Bolsonaro, López Obrador es una “bola de demolición” que todo destruye.



27 Agosto 2020 04:09:00
Lozoya vs. Lozoya
¿ A qué Emilio Lozoya se puede creer? ¿El que hoy que pelea por su libertad y su dinero es el mismo del que peleaba por no ir a la cárcel y su dinero? ¿El Lozoya en manos del Gobierno es igual al que luchaba contra el Gobierno? La dicotomía del exdirector de Pemex se puede ilustrar en la forma como desde 2017 se ha ido defendiendo con maromas milagrosas de las acusaciones de corrupción y aceptar sobornos de Odebrecht. ¿A cuál Lozoya tiene en sus manos el fiscal Alejandro Gertz Manero? Cuidado. Este personaje desesperado y sin escrúpulos que le puede dictar hoy qué decir, mañana lo puede traicionar.

Para entender la dinámica del testigo colaborador, hay que confrontar a Emilio Lozoya con Emilio Lozoya. Como botones de muestra:

1.- El 16 de diciembre de 2016, en busca de una colaboración premiada, que aquí es análogo a ser testigo colaborador, Luis Alberto de Meneses Wyell se presentó voluntariamente en la sede de la Fiscalía brasileña en Sao Paulo a declarar sobre los sobornos de Odebrecht, el conglomerado del cual él había sido su director en México. En su declaración de 50 páginas reveló que el único mexicano al que le pagó sobornos –por 10 millones y medio de dólares-, fue a Emilio Lozoya. Él respondió en ese momento: “Niego categóricamente la información que hace referencia a supuestos actos de solicitud y/o recepción de sobornos directa o indirectamente por mi parte a la empresa... (es) información falsa, dolosa e inexistente de principio a fin”.

Hoy, es todo lo contrario. En su denuncia ante la Fiscalía General admitió que se quedó con un millón y medio de dólares que dice que aportó Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, y habla de sobornos para otros políticos, donde él solo fue el gestor. Al solicitar el criterio de oportunidad, sin embargo, Lozoya admite que cometió el delito y recibió dinero de los brasileños. De ahí el señalamiento de que es un delincuente confeso.

2.- Los 10.5 millones de dólares fueron señalados en el esquema de corrupción de Odebrecht en 12 países a finales de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y se imputó a un alto funcionario de Pemex, que no identificaron por nombre. De Meneses Wyell identificó a Lozoya en 2017 y dijo en su declaración que le había dado primero 4 millones por asesorías y enlaces con gobiernos estatales y empresas, y 6 millones más por lo que, como director de Pemex, podría ayudarlo.

Lozoya dijo en su denuncia que esos 6 millones no eran para él, sino que Odebrecht se los había enviado a Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Tapia, socio de Braskem, filial de la empresa brasileña que se asoció con la mexicana Idesa –propiedad de la familia política del exsecretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú-, para entregarlo a la campaña de Peña Nieto.

Hace dos años, su defensa llevó al empresario alemán Artur Gerhard Henze, a testificar ante la Procuraduría General de la República dentro de la indagatoria sobre la corrupción de Odebrecht, que esos 6 millones que decía De Meneses Wyell eran para Lozoya, en realidad había sido producto de la compra de una tecnología para asfaltar, por la que la señora Tapia Vargas le había pagado 6 millones de dólares. Con esa declaración, la defensa de Lozoya quería que hubiera un sobreseimiento de la acusación, tratando de demostrar que esa suma no era producto del soborno del que lo acusaban.

Lozoya señaló que Tapia Vargas “era socia” de Odebrecht. No aporta mayor información, pero en el testimonio de Henze hay evidencia en donde pudo fincar esa afirmación. Meses antes de asociarse con él, como una de las garantías que ofreció Tapia Vargas, fue su parte accionaria en la firma Latin America Asia Holding, adquirida poco antes. Esa empresa off-shore fue fundada y era propiedad de la madre, la hermana y la esposa de Lozoya, a cuya cuenta llegaron los pagos ilegales que dijo De Meneses Wyell le dio Odebrecht.

Tapia Vargas no puede explicar todos los papeles que la ha hecho jugar Lozoya en los últimos años, porque murió el 4 de octubre de 2014.

3.- Lozoya denunció que Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado Mexicano, sino que “participó activamente junto con otras grandes empresas influenciando la política energética del país mediante la reforma energética”. En su declaración, De Meneses Wyell dijo que le dieron 4 millones de dólares de soborno por haberlos relacionado con los gobiernos de Hidalgo, Veracruz y el Estado de México, para que hicieran negocios. Sobre la influencia en la política energética, Lozoya autorizó la modificación del contrato de suministro de etano para Braskem Idesa en el Proyecto Etileno XXI, que le otorgó ventajas sobre Pemex, que hoy llama el presidente Andrés Manuel López Obrador como “leonino”, y que tratará este espacio más adelante.

4.- Según Lozoya, de los 6 millones que dio Odebrecht en 2012, 4 serían para “posicionar” al PRI y los 2 restantes para la campaña. De Meneses Wyell sostuvo que de los 6 millones, dos se acordaron en 2013 para ganar sus favores en futuros contratos.

5.- Lozoya denunció que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, “era insistente” en gestionar la entrega de recursos de Odebrecht vía Tapia Vargas, y mostró una tabla con siete pagos en 2012 por 3.1 millones de dólares. Pese a la relación-gestión de Lozoya con ella, nunca lo visitó en la Torre Ejecutiva de Pemex. De Meneses Wyell, en cambio, visitó sus oficinas 152 veces entre diciembre de 2012 y septiembre de 2017, de las cuales, 22 fueron con sus colaboradores más cercanos, que le llevaban asuntos institucionales y personales.

La variable más interesante del juicio, es cómo Lozoya se defiende a sí mismo.




26 Agosto 2020 04:09:00
Detrás del video de Pío
El presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo posible para que la conversación nacional se aleje del video donde su hermano Pío recibe bolsas con fajos de dinero para el movimiento de quien en el momento de la grabación, era el líder de la izquierda social que aspiraba por tercera vez llegar a Palacio Nacional. No ha podido pese a la amplia variedad de temas que ha querido imponer en la agenda política, porque el video demostró que no es nada diferente a quienes ataca todos los días, ni es tan puro como pregona, ni tiene las manos limpias de dinero de orígenes desconocidos. Tampoco hay que extrañarse. El hijo de un sistema político podrido y decadente, que se valió de él para crecer y empoderarse, ¿por qué tendría que ser distinto?

López Obrador dice que es un revolucionario y que las revoluciones se financian de todos lados. Es cierto, suelen financiarlas gobiernos interesados en desestabilizar a otros, o las altas clases y las oligarquías a las que les afectaron sus intereses o que rompieron sus viejas alianzas de poder. Pero no es un revolucionario en ese sentido. Llegó a la Presidencia bajo las mismas reglas de sus antecesores, aunque a diferencia de ellos, prohijado, financiado y legalmente protegido por los gobiernos de Salinas y Zedillo.

Durante el Gobierno de Salinas, el entonces jefe del Departamento del DF, Manuel Camacho, financió sus marchas y a billetazos negociaba con él la liberación del Zócalo, ocupada por tabasqueños que llevaba a la Ciudad de México desde La Chontalpa; el de Zedillo actuó para que el PRI, por la vía legal, no le impidiera ser candidato al Gobierno capitalino por incumplir con los requisitos. De no haber sido por ellos dos, López Obrador no hubiera pintado en el escenario nacional. Selectivo en la memoria que proyecta a los mexicanos, son cosas de las que es mejor no mencionarlas. Como el video de Pío.

Se sabe de dónde salió. David León, excoordinador nacional de Protección Civil, que entregó un millón de pesos a Pío, lo grabó. En este espacio se publicó ayer que grabar a sus interlocutores políticos y empresariales era un modus operandi de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas en el tiempo en que fue grabado el video por quien en ese entonces también era su asesor, pero el hoy senador negó en una carta que envió a este espacio que así operara.

Previamente, en una conversación telefónica el lunes, insistió en que “no tenía conocimiento de nada, y menos que la entregué a alguien del anterior Gobierno. Yo soy el más afectado de este video. No sé que pasó. Me he esmerado en tener una relación de confianza con Obrador y voté contra el desafuero en 2005”.

La relación de Velasco con el Presidente viene efectivamente de tiempo atrás. López Obrador conoció a su abuelo, y este a los padres del tabasqueño. Como aseguró en la plática, no necesitaba de utilizar recursos como los que aparecen en el video, para establecer comunicación con él. Lo que hizo León en su momento fue responsabilidad de él, que “tiene una trayectoria propia”. El deslinde con su excolaborador es total, con la intención quizás que en una eventual investigación de la Fiscalía General por el presunto delito electoral por financiar campañas, él no sea incluido.

Velasco aparece como el tercero más afectado después de León y Pío López Obrador. La pregunta central, y que él mismo la formuló en la plática por teléfono, es quién gana con la difusión del video. Hasta ahora, lo único que está claro es quién no gana, sobre todo la cuarta víctima, el Presidente. Su hermano, su excolaborador y Velasco, fueron instrumentos de una batalla donde los adversarios de López Obrador comenzaron a responder.

Si apenas se mostraron partes de un arsenal probablemente construido por años contra López Obrador, ¿de qué tamaño es o son los enemigos invisibles que respondieron por primera vez en lo que va del sexenio a los hostigamientos y ataques del Presidente? Para dañar a León, como se sugirió en la columna del martes, no era necesario recurrir al video donde comprometen a Pío. Pero si escogieron esa grabación, el objetivo verdadero era su hermano el Presidente.

Fue un misil que le abrió un hoyo en su grueso blindaje, y enseñaron que quien ha hecho de la honestidad su mayor activo y la presume como la autoridad moral para decir todo lo que piensa, aunque mienta o carezca de pruebas cuando ataca, tiene la piel hecha con el mismo material que la del resto de la clase política, lo que le resta credibilidad con unos o lo proyecta como hipócrita con otros.

López Obrador acusó el golpe. El viernes advirtió, en fuga hacia delante, que iría contra todos a los que considera sus adversarios. El lunes revivió con fuerza la posibilidad del enjuiciamiento de los expresidentes por mandato de una consulta ciudadana. Una vez más, López Obrador está usando la ofensiva como mejor defensa. Quienes tienen capacidad de fuego y tiene enfrente aunque no alcance a verlos, ya le mostraron los colmillos. Otros, que también puedan tener información delicada y comprometedora en su contra, y que por alguna razón no usaron en su momento, vieron que lo dañaron y le comenzó a salir la sangre. Quizás se sumen.

Esto no es un espectáculo. Lo que se avecina, por los términos como se planteó la lucha en los últimos días, será violento. No se trata de una revolución, por utilizar los términos del Presidente, sino una guerra civil. Ya vimos cómo empezó, pero no sabemos cómo terminará.

25 Agosto 2020 04:09:00
Videos, trampas y traiciones
Cayó, como se esperaba, la denuncia del PAN en contra de Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, David León, excoordinador de Protección Civil y Morena, por el presunto delito electoral de financiamiento ilegal de campañas.

Sin embargo, lo visible oculta el fondo de un episodio que, fuera de lo legal y penal, esconde una historia de trampas y traiciones dentro del Partido Verde, donde el principal involucrado es el senador Manuel Velasco, pero alcanza a salpicar de manera preponderante al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Velasco, el senador que de ser compadre del expresidente Enrique Peña Nieto y profesarle públicamente su amor, brincó a la trinchera de Andrés Manuel López Obrador entregándole el estado a sus intereses electorales.

Hoy, sus métodos de chantaje se le han revertido frente al Presidente, y ha abierto la imaginación de personas informadas que sospechan si el exgobernador no es, en realidad, un caballo de Troya. Su nerviosismo tras la divulgación del video, comentan cercanos a él, sugiere que como debe, teme.

Grabar a políticos y empresarios como una forma de garantía de seguridad que algunos llaman eufemísticamente chantaje político, era un método seguido por Velasco, quien grabó a decenas de personas que acudieron a él por apoyos, que se puede traducir en dinero, entre aspirantes a puestos de elección popular –como podría estar el actual Gobernador de Chiapas–, líderes opositores e, incluso, secretarios de Estado del Gobierno de Peña Nieto. El video de Pío López Obrador se inscribe en esa mecánica, aunque por la intranquilidad registrada en él desde el jueves pasado, probablemente no fue él quien filtró tan dañino video.

El video fue grabado por el mismo León, quien trabajaba como asesor en comunicación con el gobernador Velasco. León tenía un socio en la consultoría, Gerardo Pasquel, quien había sido consejero del Partido Verde y diputado local por el Estado de México, hasta el verano de 2009, cuando pidió licencia. Junto con León llegaron a manejar la comunicación y las relaciones políticas de Velasco en la segunda parte de su Gobierno, hasta que se separaron. Pasquel, que recibió contratos de publicidad en el Gobierno de Peña Nieto, se fue a Tamaulipas, a trabajar con García Cabeza de Vaca. León, como lo hizo el entonces Gobernador, se pasó a la trinchera de López Obrador.

La relación entre los socios terminó mal –muy peleados–. Cada quien siguió su camino. León se integró al equipo de logística de López Obrador desde la campaña y continuó de esa manera hasta que lo nombró coordinador nacional de Protección Civil. Su trabajo eficiente hizo que recientemente lo promoviera a dirigir una nueva empresa en proceso de creación, que administrará la compra de medicinas en el extranjero y su distribución en el país. En espera de que surgiera esta empresa estaba León cuando el video con el hermano de López Obrador lo demolió. Ni nombramiento ni nada. Probablemente su carrera política se acabó.

Pasquel se asoció con su hermano Bernardo, y con Adrián Escobar, hermano a su vez del diputado Arturo Escobar, uno de los dirigentes del Verde y uno de los grandes operadores electorales del partido, en una empresa que hoy se encarga de adquirir y distribuir los medicamentos para el Gobierno de Cabeza de Vaca, además de asesorarlo en temas de comunicación social.

La llegada de León no lo iba a beneficiar en el negocio, ante la posibilidad de que el enfrentamiento que tuvieron al terminar de trabajar con Velasco, les provocara que se quedaran sin el programa con García Cabeza de Vaca. El video lo difundió el periodista Carlos Loret el jueves pasado a través de la plataforma LatinUs, una empresa propiedad de Miguel Alonso, cuya esposa fue secretaria particular de Arturo Escobar.

Las redes de vínculos solo permiten hacer conjeturas, porque no hay prueba hasta este momento que en busca de salvaguardar un negocio, hayan entregado a LatinUs el video para descarrilar a León. Loret recibió personalmente el video en sus manos –que eliminaría cualquier intermediación con su patrón–, y León supo que lo iba a transmitir cuando menos cinco días antes de su difusión. Incluso, en la víspera de la difusión, envió mensajes crípticos con la misma redacción: “Solamente para agradecerte el apoyo que me has dado siempre, especialmente en mi paso por Protección Civil”.

Ese día no se entendía el porqué de tal mensaje, pues hasta ese momento su carrera ascendía meteóricamente. León sabía que la bomba explotaría. Preguntas en busca de respuestas se le hicieron llegar por WhatsApp, pero solo se recibió silencio. Previamente anunció que aclararía todo en la Fiscalía General, salvo una pregunta que no va a responder: ¿porqué si Velasco grababa todo, fue el video del hermano del Presidente el que se filtró?

No parece una vendetta por asuntos de negocios, que sería el caso si Pasquel fuera el responsable de su difusión, pues podría haber entregado otros más, también escandalosos, sin meter al hermano del Presidente, y no abrirse un frente al más alto nivel del poder. Esto nos lleva al origen de este texto, el papel de Velasco en todo este nuevo embrollo con potencial de escándalo, al quedar expuesto su modus operandi con la clase política y empresarial.

López Obrador bien le puede estar preguntando, por ejemplo a través del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, a quien el exgobernador llama lambisconamente “padrino”, qué tenía en la cabeza cuando grabó a su hermano.

Viejos aliados de Velasco, podrán reclamarle que los haya grabado, una vez que descubrieron por los medios que así lo hacía. Si León debe explicaciones de índole electoral y penal, Velasco las debe de índole legal –por grabar sin consentimiento de la otra parte– y político. Por sus marrullerías, el senador bien pudiera ser la siguiente víctima de este episodio.

24 Agosto 2020 04:09:00
El video de Pío
¿Cómo un coctel Molotov puede destruir el puerto de Beirut? La respuesta es con una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El viernes elevó a nivel de escándalo nacional lo que en la víspera parecía un golpe periodístico con vida efímera.

El periodista Carlos Loret difundió en la plataforma de Latinus un video donde el excoordinador de Protección Civil, David León, entregaba un millón de pesos a Pío López Obrador para el “movimiento”.

No había mucho contexto, ni una dimensión de lo que podría significar, sumado a que León respondió que en esa época no era funcionario, sino consultor privado, y recaudaba fondos para entregarlos a la causa. Era grave, pero de daño limitado.

También era una acción que el Presidente pudo haber resuelto fácilmente. Si le preguntaban en la mañanera del viernes podría señalar que de esa transacción tendrían que responder y explicar su hermano y León, no él.

Ahí estaban sus fusibles. Si se calentaban mucho las cosas, los fusibles quemados los podía desechar. Si se le empezaba a pudrir el dedo del pie podía cortárselo para impedir que le subiera la gangrena. Pero la desmedida centralización de poder que ejerce López Obrador, fue un búmeran.

Un problema con posibilidades de control se descontroló, y en su explicación no pedida en la mañanera se desbarrancó. No se dio cuenta muy probablemente, pero lo que hizo, en primer lugar, fue reconocer que violó la ley.

Por sus propias cándidas revelaciones el viernes, López Obrador nos informó a todos que León le había informado que iba a aparecer ese video. Si tuvo días para preparar una estrategia de contención o de respuesta, ¿por qué no lo hizo? Al abrir el Presidente el tema en la mañanera, parecía que utilizaría la técnica de ser él mismo quien detonara la crisis para poderla conducir y administrar. Esa técnica permite tener todo bajo control y llegar al puerto deseado, encapsulando el daño. López Obrador hizo lo contrario. Detonó la crisis y la bomba explotó en su pecho.

Legalmente, aunque las leyes no son lo suyo, hay evidencias que podrían dar cause a una investigación por delitos electorales. Dinero en efectivo para un “movimiento”, como dijo León, que en ese momento ya era partido (Morena) y estaba compitiendo en sus primeras elecciones.

Probablemente ese presunto delito electoral haya prescrito, pero en el contexto de las acusaciones que se debaten hoy sobre presuntos pagos ilegales a campañas políticas, ¿cuál es la diferencia? López Obrador la quiso diferenciar con los montos, pero es tanto como decir que si uno roba poquito, es diferente a robar mucho. Cantidad no es calidad. Punto.

Aún si así lograra torearlo, al ser este el énfasis de la prensa política en el análisis de las consecuencias del video, hay otros temas de índole penal que quedan abiertos para investigación en el más estricto sentido de la ley. El más importante es el presunto delito de delincuencia organizada, que en el Artículo 16 párrafo nueve de la Constitución, se entiende como “una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. En este sentido, adicionalmente, existe la presunción de delitos de utilización de recursos procedencia ilícita, que también se integran en los delitos de delincuencia organizada.

Entonces, si Pío López Obrador y David León se reunieron para apoyar al “movimiento” de Andrés Manuel López Obrador, y este reconoció el viernes que sí sabía de esas entregas, podría argumentarse la configuración del delito de delincuencia organizada –el Presidente, en todo caso, tiene inmunidad–, al que se le agrega el dinero de procedencia ilícita porque no hay ningún registro de dónde viene. López Obrador dijo que eran aportaciones de la gente “para fortalecer el movimiento”, que se entregaban en efectivo para pagar diversas cosas, pero son solo palabras, porque no hay ninguna documentación que lo soporte, cuando menos hasta ahora.

Para efectos de argumentación únicamente, sin que esto se tome como afirmación o insinuación siquiera, ¿no podrían venir esos recursos del narcotráfico? O ¿no podrían haber salido del erario chiapaneco? El Presidente no estaría metido en este embrollo con implicaciones penales de no haber confirmado que él sabía de estas operaciones ilegales e irregulares.

Podría no haberlo sabido exactamente en su momento, pero al admitir que estaba enterado previamente al video y no actuó en consecuencia, lo convierten en presunto cómplice. No hay ninguna lógica para que autoinculpación.

Esa entrega ilegal de recursos, que no fueron reportados al Instituto Nacional Electoral como gastos de campaña, llevó a López Obrador al presunto delito de evasión fiscal. Reconoció el Presidente el viernes que de esa forma “obtenía mi sueldo”, lo que se infiere nunca devino impuestos.

Hay que recordar que no es la primera vez que lo dice. Lo señaló durante la pasada campaña presidencial –antes había dicho que vivía de las regalías de sus libros–, donde agregó que también había contribuciones de partidos políticos. Sus ingresos y su pago de impuestos correspondientes, han sido un tema de debate por años.

López Obrador ha sido un político que ha optado siempre por no querer saber de dónde sale el dinero para apoyos. Hace casi dos décadas, la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, le dijo que un empresario –Carlos Ahumada– estaba dispuesto a financiar campañas del partido. López Obrador le dijo que no quería saber nada de los detalles, y que solucionara el financiamiento.

Los antecedentes son hoy irrelevantes, al meterse en el centro del escándalo. Hizo explotar el puerto de Beirut con una botella con gasolina, y dijo que esto le daba la oportunidad para que todo lo público –y lo privado, como también ha sido costumbre de la casa–, se haga público. El Presidente se pintó la cara de guerra para la guerra que el viernes declaró.


21 Agosto 2020 04:08:00
Filtraciones
La Fiscalía General, atrapada en el desaseo legal, va a investigar quién filtró la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el miércoles por la tarde. La secrecía explotó un documento para el conocimiento único de la autoridad, la defensa del inculpado y eventualmente de los imputados, convirtiéndose en material público al alcance del que quisiera. La filtración lo exhibió, pero sobre todo, afectó el debido proceso y viola la presunción de inocencia. La buena es que una gran pista está más cerca de lo que parece. Está en Palacio Nacional, y las pruebas las encontrará en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer filtrador de la Nación.

El Presidente siempre dice que su pecho no es una bodega y es cierto. No miente, aunque suele confundir lo que por tiene ser mantenido bajo el sigilo profesional, y lo que cree que debe ser difundido en menoscabo de la ley en beneficio –lo que es relativo- de la sociedad. Paradójicamente, este jueves le pidio al fiscal que actúe con apego de la ley, cuando sistemáticamente hace lo contrario.

López Obrador lleva toda la semana, de lunes a jueves, animando a todos, incluido a Gertz Manero, a que violen la ley y que difunda lo que es secreto, violentando el debido proceso y la presunción de inocencia. Todavía este jueves, en medio de la escandalera política, valoró lo que leyó en periódicos y vio y escuchó en la televisión y la radio -porque dijo que no terminó de leer la denuncia-, como algo “muy grave, muy escandalosa”.

Esta parcialidad sobre una investigación en curso y un juicio que apenas comienza borra la presunción de inocencia, pero no tiene que ver con las filtraciones del Presidente, sino con su imprudencia jurídica y política, a menos que sólo le importe esto último y que la ley sea irrelevante para sus fines. Pero cuidado. En el caso de las filtraciones de cualquier investigación en curso por parte de un funcionario, se viola el artículo 225 del Código Penal Federal, en cuyo inciso XXVIII prohibe “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.

Ese es nuestro Presidente, que ha incurrido en filtraciones de averiguaciones en curso de distintos temas. En el caso de Lozoya, ha dejado constancia de haber adelantado procedimientos legales, a partir del conocimiento que tenía -no se explican de otra forma sus afirmaciones-, del expediente en manos de la Fiscalía General, que no deja de decir que es autónoma, aunque cada vez queda más de manifiesto que la línea de independencia de Gertz Manero, se estira y achica en función de los intereses de Palacio Nacional.

Un botón de muestra: en la mañanera del 12 de agosto le preguntaron sobre las informaciones periodísticas que daban cuenta de la imputación de Lozoya del ex presidente Enrique Peña Nieto y su ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. López Obrador afirmó que de acuerdo con las imputaciones de Lozoya, tendrían que declarar los dos, además del ex presidente Felipe Calderón, que también había sido señalado por el ex director de Pemex. Hasta ese momento nadie sabía que Calderón habìa sido imputado por Lozoya, puesto que la primera referencia de ello se publicó en este espacio el lunes pasado, lo que fue confirmado hasta el miércoles.
Esa es una filtración importante al venir del Presidente, y ensució el caso más importante que sobre corrupción tiene el gobierno de López Obrador. Pasó desapercibida la violación presidencial de la ley, por la polarización que genera el Presidente, y la convicción de muchos de que más importante que la justicia -aunque el discurso sea distinto-, lo esencial es la denuncia para lograr la inhibición moral. La moral, sin embargo, no resuelve la corrupción ni su factor determinante, la impunidad, pero la forma como el Presidente está manejando las cosas, con un énfasis en la política, el escarnio y la sanción pública, la impunidad no borrará la corrupción. Peor aún es que acabe López Obrador con un sistema corrupto –lo que serìa muy bueno-, para instalar otro sistema corrupto –lo que sería muy lamentable-.

La investigación de la Fiscalía General de la filtración de la denuncia de Lozoya, no es la única donde se está tratando de determinar su origen. El gobierno está investigando las filtraciones del gabinete de seguridad que han encontraron exposición pública en una columna de Héctor de Mauleón, de Raúl Rodríguez, de Salvador García Soto y en dos más de quien esto escribe. Hay otras filtraciones internas que se están investigando sobre asuntos intragabinete, pero el perfil de la filtración de la denuncia de Lozoya está en el contexto de la investigación sobre de dónde obtuvieron su información los columnistas.

Lo que estamos observando con estos casos es un absoluto caos en el manejo de la información confidencial del gobierno y las contradicciones y choques dentro de Palacio Nacional, donde dirimen asuntos de seguridad nacional en la prensa. En el caso de Lozoya, las filtraciones son más graves, porque se supone hay una lucha contra la corrupción, y lo que se pone en riesgo es la legalidad y la legitimidad judicial del mismo, agravado por el hecho que el primer incitador y violador de la secrecía de las investigaciones es el Presidente de la República.

Gertz Manero tendrá que investigar el origen de las filtraciones, pero primero debería persuadir a López Obrador que si su pecho no es una bodega, ello no significa que por sus creencias y desconocimiento violente sistemáticamente la ley y afecte los objetivos de una procuración y administración de justicia imparcial. Eso es a lo que todos debemos aspirar, aún cuando se enoje el Presidente.
20 Agosto 2020 04:08:00
Millones para la campaña de Peña
La denuncia de Emilio Lozoya contra presidentes y funcionarios en los gobiernos del PAN y del PRI tiene 60 páginas, sin contar anexos y materiales de soporte, que le dará suficiente combustible al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un juicio político a un régimen, durante el tiempo que le quede a su sexenio. En el camino, sin embargo, podrá haber resultados positivos que vayan más allá de las necesidades político-electorales del Presidente, si es que las imputaciones hechas por Lozoya pudieran confirmarse. Uno de esos episodios es el del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Lozoya narra en su denuncia la forma como el conglomerado brasileño Odebrecht inyectó millones de dólares a la campaña de Peña Nieto en 2012, y también admite que él se quedó con una buena parte de esos recursos. Cuenta los momentos en donde se acordó el apoyo, entre quiénes se concretaron, los intermediarios y la triangulación financiera que se realizó. También a quién se pagó con parte de ese dinero. Todo, hasta ahora, son dichos. Y a este respecto, lo que dice Lozoya no es lo que los ejecutivos de Odebrecht declararon ante la Fiscalía brasileña que investigó los sobornos intercontinentales que pagaron.

En la versión de Lozoya todo comenzó en 2010, cuando se conocieron Peña Nieto y Marcelo Odebrecht, el jefe del conglomerado que cumple una sentencia de 19 años de prisión en Brasilia. Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, había participado en un encuentro del Foro Económico de Davos, en su capítulo América Latina, en Cartagena, Colombia, de donde viajó a Brasilia para entrevistarse con el presidente Luiz Inazio Lula da Silva. Ese encuentro no se realizó, pero sí se llevó a cabo uno con los ejecutivos de Odebrecht.

En esa reunión estaban el presidente del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y quien era el director de la empresa para México, Luis Alberto de Meneses Wyell. Además de Lozoya, Peña Nieto iba acompañado del constructor Juan Armando Hinojosa, dueño de Higa, y al término de la reunión, les ofrecieron una comida. “Esa gira tuvo como uno de los objetivos dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Peña Nieto, siendo que Marcelo Odebrecht tenía especial interés en apoyarlo”, afirmó Lozoya.

“Uno de los atractivos de la candidatura era sin duda la reforma energética, lo que generaba amplio interés de muchas empresas”, agregó. “Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Wyell le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible postulación como candidato a la Presidencia en 2012. Yo fui testigo de dicha conversación, que se realizó en español y que tuvo una duración aproximada de 5-10 minutos”. El contacto para recibir el apoyo económico, sería Luis Videgaray, que era el brazo derecho del entonces Gobernador del Estado de México, que no estaba presente, según contó Lozoya.

Peña Nieto y Videgaray viajaron a Nueva York en el otoño de 2011 para participar en un Foro del Consejo de las Américas y le ofrecieron ser coordinador de Asuntos Internacionales de la campaña presidencial, que tendría como primer encargo buscar recursos de empresas extranjeras para ese fin. No tardó en iniciar ese trabajo. A principios de 2012, dijo, se reunió en la pastelería El Globo en Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, a una cuadra y media de las oficinas de campaña de Peña Nieto y Videgaray, con De Meneses Wyell, a quien le pidió 6 millones de dólares para la campaña presidencial. Lozoya le dijo, según señaló en su denuncia, que el mismo Peña Nieto se lo había pedido, con la promesa de que Odebrecht “se vería beneficiado”, una vez que llegara al poder.

El primer pago acordado, dijo Lozoya, sería de 4 millones de dólares, de los cuales, le dijo De Meneses Wyell, 2 millones y medio serían íntegros para la campaña y 4 más serían para “posicionarse” el PRI. Videgaray, dijo Lozoya, le pidió que de ahí pagara a los consultores electorales. Entre mayo y junio de 2012, dijo en su denuncia, pagaron 10 consultores mexicanos y estadunidenses. Un millón y medio de dólares más de Odebrecht, reconoció, se los quedó, depositados en una cuenta que utilizaba para sus “negocios personales”, Tochos Holding Ltd.

Lozoya aseguró que Videgaray le decía a quién pagar. Rodrigo Arteaga Santoya, su secretario particular, quien videogrababa sigilosamente las entregas de dinero para llevar la contabilidad, recibía tarjetas de la oficina del entonces coordinador general de la campaña con las instrucciones de los pagos. Lozoya recibió órdenes verbales, dijo, en las reuniones que sostenía con Videgaray en las oficinas de Montes Urales o en Julio Verne, en Polanco, que luego utilizó como secretario de Hacienda, y donde se celebraron las reuniones del Pacto por México.

Lozoya no aporta mas que dichos en su denuncia y plantea aspectos circunstanciales como prueba que Peña Nieto sabía que sí se había concretado el financiamiento ilegal a su campaña. Describe un evento en el hotel Camino Real de Polanco durante la campaña con el sector privado, en donde De Meneses Wyell y Roberto Bishop, que era el director de Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht en México, le pidieron que los llevara a saludar al entonces candidato.

“Estamos con usted y cuente con nosotros”, le dijeron los brasileños de acuerdo con Lozoya. “Muchas gracias por el apoyo que han dado”, les respondió Peña Nieto. “Ese diálogo”, concluyó Lozoya en su denuncia, “era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían”. En su testimonio ante fiscales brasileños, De Meneses Wyell dijo que no financió Odebrecht la campaña de Peña Nieto y que los 10 millones y medio de dólares que le dio a Lozoya, fue un soborno exclusivo para él.
19 Agosto 2020 04:06:00
Un día para no olvidar
Dieciocho de agosto de 2020 es un día para no olvidar y para luchar de ahora en adelante porque lo que se sembró este lunes no florezca. Este fue el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplastó la ley y demostró que el estado de derecho le hace lo que el viento a Juárez, que el debido proceso es una sopa de la que no come, y que a quienes deben ser guardianes de la ley, los utiliza, manipula y desecha con desparpajo.

El fiscal general independiente al que tanto presume, luce como su apéndice, y el presidente de la Suprema Corte, parece su operador legal por sus silencios injustificables. Habrá quien aplauda el corto plazo de la lucha contra la corrupción, pero el largo plazo corrompe la esencia de nación y mina la certidumbre jurídica de sus ciudadanos.

López Obrador usó el atril presidencial para referirse a un video donde aparecen dos exfuncionarios del Senado vinculados a panistas, recibiendo dinero en efectivo. No hay nada más ahí. Ni quién llevó el dinero, ni quién lo enviaba, ni qué destino tendrían los recursos.

El video se volvió viral en las redes sociales cinco horas después de que López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que diera a conocer el que entregó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como prueba de corrupción en el Gobierno anterior.

La sola sugerencia presidencial violenta la ley, a la que juró defender sobre la Constitución. Lo llamó “asunto de Estado”, que es una rara forma de concebirlo al pedir la difusión del video que para que se respete la ley, hay que violarla.

El Presidente se dijo sorprendido por la viralización de un video que materializó su sueño, y apretó la marcha. Aunque jurídicamente el video no prueba nada, y probablemente tampoco sirva como una prueba ante un juez, López Obrador dio su propia versión de lo que informaba el video que, por si alguien no lo había visto, reprodujo en la mañanera: “Este video es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”.

¿De dónde sacó el Presidente que ese dinero era para comprar la conciencia de legisladores? De su imaginación. “La declaración del señor Lozoya…”, agregó. “Parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada reforma energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, los columnistas, intelectuales orgánicos”.

Con esta afirmación, el Presidente vinculó el video, que hasta ese momento no era parte del expediente del exdirector de Pemex. Tampoco forma parte de la declaración de Lozoya, y López Obrador carecía de pruebas para afirmar que fue utilizado para los fines corruptores que describió como verdaderos.

López Obrador tejió una narrativa donde vinculó verdades con verosimilitudes que injertó en la cabeza de millones de personas. La única verdad es el video donde se recibe de manera irregular –lo ilegal tendrá que demostrarse–, que incorporó en las verosimilitudes –las acusaciones de Lozoya que falta que pruebe–, y acomodó en el marco mental mexicano que ataca a todos con la frase de que todo el pasado, en el universo de los últimos 36 años, fue corrupto. Con esas imputaciones, el Presidente violó la presunción de inocencia y generó el llamado “efecto corruptor”.

Este “efecto corruptor” lo desarrolló el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la revisión del amparo directo de Florence Cassez en 2011, que se quejó de que la autoridad violó el debido proceso y su presunción de inocencia por no haber tenido la asistencia consular –es ciudadana francesa–, ni haber sido puesta inmediatamente al Ministerio Público, y haber formado parte de un “montaje” o recreación ante la prensa de su detención, en un operativo contra una banda de secuestradores, como fue sentenciada tiempo después por un juez.

En esa memorable tesis, Zaldívar señaló: “Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos hechos ajenos a la realidad, que (afectaron)… el reconocimiento del derecho de la presunción de inocencia por el Artículo 20 de la Constitución… un principio general del derecho que (se ha convertido) en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.

La escenificación que hizo López Obrador ayer con la reproducción del video en Palacio Nacional como anexo a sus acusaciones, aniquiló la presunción de inocencia y el debido proceso, al afirmar que era un acto de corrupción de todo un sistema –no de individuos, en dado caso–, y que las reacciones que había generado eran una aceptación de validez.

¿Reconocimiento de qué? La respuesta se encuentra en el framing, el ángulo o la perspectiva desde la cual se cuenta una información, que empleó, y que vinculó automáticamente Lozoya-corrupción-políticos de oposición-reforma energética-compra de votos. “Siempre lo he dicho”, remató el Presidente. “Es un régimen al que encontramos en decadencia, con una corrupción generalizada”.

En su opinión sobre Cassez, Zaldívar precisó: “Las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas por parte de las autoridades… producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria”.

El ministro subrayó: “Es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, (hubo) el efecto corruptor al haber subvertido el material probatorio (que) impide determinar la culpabilidad de la quejosa”.

Zaldívar dejó abierta la posibilidad de que las ilegalidades de las autoridades hubieran sido de manera no intencionada. En el caso de López Obrador, esa posibilidad no existe. Fue deliberado, con premeditación y dolo, llegando al extremo de pedirle a quien debe aplicar la ley, que la viole. Este 18 de agosto, no lo debemos olvidar.
18 Agosto 2020 04:00:00
Las travesuras eróticas del secretario
Víctor Manuel Toledo es un ecologista reconocido, por su trayectoria académica y por sus posiciones ideológicas. Desde que fue nombrado secretario de Medio Ambiente en mayo del año pasado, ha sido un funcionario con poca visibilidad, aunque cuando habla siempre genera controversia. Algunas de sus declaraciones rozan los linderos del absurdo, como cuando se pronunció contra la energía eólica porque “atrapa los aires de los pueblos indígenas”, o una más reciente que lo puso al umbral de su cese, al mostrar las contradicciones al interior del gobierno y al desinterés del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el medio ambiente.

Pese a que desnudó las limitaciones del cambio que busca el Presidente, lo defendió, como un hombre honesto. La honestidad, lo hemos visto bien, es concebida por López Obrador como símbolo de pureza, integridad y de lo incorruptible. También ya sabemos que su concepto es discrecional y que los impuros y corruptos son aquellos que no están con él. Para sus fieles e incondicionales, nunca hay sanción, sino eterno perdón y tolerancia. López Obrador es un hombre religioso, que se mueve en la praxis entre el Viejo y el Nuevo Testamento, y que muchas de sus referencias políticas las ancla en los evangelios. Bajo esos parámetros morales mide a las personas y emite sus juicios milenarios.

Toledo entra perfectamente en la dicotomía del Presidente, aunque muy probablemente López Obrador no conoce de las travesuras eróticas de su secretario. Desde antes de que fuera nombrado secretario de Estado de un gobierno que presume de moral, Toledo mostraba proclividad por lugares de masajes donde ofrecen todo tipo de servicio, y un interés particular por información y atención en sitios en internet especializados en ese tipo de prestación. El secretario no fue cuidadoso y dejó huella a su paso regular por empresas en ese ramo de la sexualidad en la Ciudad de México y otras entidades.

Un expediente sobre las debilidades del secretario fue conocido por esta columna, donde se aprecia el perfil demográfico por el que se inclina pero, sobre todo, la forma irresponsable, al ser un secretario de Estado, como establece contacto con algunos de esos lugares en zonas calientes, como se registra en particular uno que hizo en una colonia de Xalapa, Veracruz, conocida por el control que tiene la delincuencia organizada sobre esos negocios. Al encontrarse en los niveles donde se encuentra, la prudencia y contención deberían ser dos faros que lo guiaran.

Toledo puede hacer de su vida privada lo que desee, siempre y cuando no viole la ley, pero al ser un funcionario público de tan alto nivel, debería entender que su vida privada tiene que ser consecuente con su vida pública. Lo que lo rija en privado reflejará lo que es en público, y repercute no únicamente en su calidad como funcionario, sino impacta en la imagen del gobierno al que representa. Por eso, al haber sido políticamente irresponsable, por la negligencia como siguió manteniendo sus gustos sin haberlos suspendido mientras representara a un gobierno, o incrementar su discreción y seguridad, dejó las puertas abiertas para que emerja a la luz pública lo que había mantenido en la oscuridad.

El expediente habla mucho de él, por estas razones, pero también del gobierno, que no tuvo el cuidado de revisar su pasado y sus relaciones, para evitar problemas políticos o de imagen a la administración con la que colaboraría. La falta de idea sobre lo que este tipo de verificación significa para un gobierno y la falta de profesionalización para hacer de ello un método, subraya la improvisación que caracteriza al gobierno de López Obrador. Por acciones similares a las de Toledo, en otros países cayeron ministros poderosos, o tuvieron que abandonar carreras presidenciales. Esto sucede no por cuestiones de moralina o hipocresía, sino porque los funcionarios públicos deben ser un ejemplo de comportamiento.

Más aún, en un gobierno como el de López Obrador, donde la moral rige la política y sus decisiones, Toledo es una contradicción. Por un lado, sus acciones se encuentran en los linderos de la legalidad –de hecho, algunas de ellas violan la Ley, aunque en México los gobiernos son tolerantes a ello-, pero por el otro, en el marco de referencia del Presidente, comete un pecado capital. La palabra de un líder moral y religioso, como se asume López Obrador, que busca la purificación nacional de la sociedad y que repite a todos los grupos “pórtense bien”, queda en entredicho por las actitudes de Toledo.

Toledo fue buscado desde el viernes pasado para conocer su opinión. A través de su equipo de comunicación pidió que se le enviara su correo electrónico de la UNAM, con las razones de la búsqueda. El correo se envió el viernes por la noche, con información adicional a la publicada en este espacio. También se alertó a su equipo que se había enviado para que lo notificaran.

El sábado y el lunes se volvió a preguntar a su equipo de comunicación sobre la existencia de una respuesta, que hasta el momento de escribirse esta columna, no se había dado. El viernes y el lunes se habló directamente al teléfono celular del secretario, sin éxito. El viernes nunca respondió la llamada y el lunes, su buzón estaba lleno, por lo que tampoco se pudo dejar un mensaje.

Toledo optó por el silencio al derecho de réplica.


Nota: La empresa Braskem-Idesa aclaró que nunca dejó de tener trato con Pemex cuando fue cesado Emilio Lozoya. Esta columna publicó que su relevo había suspendido todos los tratos por sospecha de corrupción. Son dos cosas diferentes. Braskem-Idesa hablan de la no suspensión del contrato; la columna no se refería al contrato sino a la relación fluida existente, que era el contexto en el cual fue escrito el párrafo que objeta la empresa.


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17 Agosto 2020 04:47:00
Salinas y Calderón, imputados
Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que define como 'neoliberal'. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no judicial, fue Enrique Peña Nieto, y ahora se sabe que no fue el único. El exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.

Las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya y que dio a conocer Gertz Manero de manera escueta, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.

Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría. Las pruebas que dijo tener para soportar sus dichos, las deberá presentar formalmente durante el juicio.

Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el hoy Presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.

Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces aseguraba Lozoya Thalman que su hijo tenía, como prueba de su inocencia, “muchos videos”.

Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones. Cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial. El exdirector de Pemex, por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre, fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.

Con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.

El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó 'Proyecto Fénix'. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.

Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.

Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude.
14 Agosto 2020 04:09:00
Los pecados de Lozoya
A finales de agosto de 2015, Reforma publicó una fotografía donde aparecían Amado Yánez, propietario de Oceanografía, y Arturo Henríquez Autrey, en ese entonces director de Procura y Abastecimiento de Pemex.

La gráfica fue tomada en octubre de 2013, y el periódico sugería que se habían negociado apoyos para el rescate de la empresa, a la cual estaba persiguiendo abiertamente el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y tras bambalinas, por el director de la empresa paraestatal, Emilio Lozoya.

Henríquez Autrey envió una carta al diario para desmentir que el motivo de ese encuentro hubiera sido el de una negociación para el rescate de Oceanografía, y que se había tratado simplemente de un encuentro de “carácter social”. Tenía razón en su primer punto, pero mentía en el segundo.

El viaje de Henríquez Autrey a Los Cabos tuvo un peor propósito. El colaborador de Lozoya, revelan personas que conocen de aquella reunión, le exigió a Yáñez 4 millones de pesos mensuales para que el director de Pemex intercediera por él ante el procurador Murillo Karam. De otra manera, amenazó, lo perseguirían.

Las personas recuerdan que Yáñez accedió al chantaje y durante los siguientes tres meses pagó puntualmente 4 millones de pesos. El “encuentro social” dio como resultado ingresos ilegales e ilegítimos para el equipo de Lozoya por 12 millones de pesos. El dueño de Oceanografía dejó de pagar y así le fue.

En plena crisis por un diferendo con Banamex que sirvió de pretexto para que la PGR y Pemex actuaran en su contra, Lozoya lo presionó para que vendiera la empresa a un banquero que le señaló. Yáñez habló con los abogados del banquero y al revisar los papeles de compraventa descubrió que no le iban a pagar nada por la empresa. Su ganancia, le dijeron, sería no ir a la cárcel.

Estuvo a punto de firmar, pero el día que tenía que concluir el traspaso gratuito de Oceanografía, un banco en Nueva York aprobó un crédito puente de emergencia con lo cual pudo mantener a flote la petrolera. El costo que pagó, sin embargo, fue la cárcel y que hasta la fecha, libre de las acusaciones, no termina de resarcir todo el daño que le hicieron.

Lo que le sucedió a Yáñez no fue único. Proceso publicó en mayo del año pasado una entrevista con Javier Camargo, propietario de Evya, una empresa de Ciudad del Carmen vinculada al sector petrolero, donde describió cómo Lozoya, “artífice de una trama de corrupción, tráfico de influencias y amenazas para apoderarse de la compañía” –en palabras de la revista–, lo presionó para que transfiriera la empresa que tenía 27 contratos con Pemex por 10 mil millones de pesos. Camargo explicó que cedió al chantaje porque estaba viendo lo que estaban haciendo con Oceanografía, acusada de un delito de fraude similar al que le endilgaban a Evya.

En octubre de 2015, cuando Lozoya todavía era el rey de Pemex, se publicó en este espacio: “Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado: Luis Videgaray, de Hacienda y Pedro Joaquín Coldwell, de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya.

“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias porque uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió 7 millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio (en 2014), cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la reforma energética. Les pidieron 20 millones de dólares, dijeron personas que hablaron con los inversionistas. Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.

Esa investigación conducía a la oficina del coordinador ejecutivo de la Dirección General, Froylán Gracia García, muy cercano a Lozoya, y quien se encargaba de mantener una casa en la colonia Nueva Anzures, con barra libre y mujeres eslavas, a donde se invitaba a políticos y empresarios a hacer negocios, y que fue referidas en este espacio en mayo de 2017 con el título La Fiesta Inolvidable. Lozoya y Gracia García siempre negaron actos de corrupción cuando estaban en la Torre de Pemex. Lozoya, incluso, mencionaba que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque lo tenían de antemano, como Henríquez Autrey, cuya familia se había asociado con Alonso Ancira cuando se quedaron con Altos Hornos de México. Ancira se encuentra preso en España acusado de corrupción junto con Lozoya, en la compraventa de Agronitrogenados con un sobreprecio.

Agronitrogenados es uno de los casos por los cuales se abrió un proceso a Lozoya, junto con los sobornos de Odebrecht y el Proyecto Etileno XXI. Las presiones a empresarios para quedarse con sus empresas petroleras, sin embargo, no tienen nada que ver con las acusaciones por las cuales Lozoya se encuentra en juicio, pero ayudan a entender que mucho de lo que se está viendo en este momento es apenas un fragmento de lo que se ha vivido en este país.

El exdirector de Pemex se encuentra en una situación de privilegio tras un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de colaboración a cambio de ofrecer información que permita romper cadenas de corrupción. Pero también se abre ahora una nueva vertiente de lo que pudiera enfrentar Lozoya, si los empresarios que se quejan de extorsiones y de los pedidos de millones de pesos, se animan y lo denuncian penalmente por sus atropellos.



13 Agosto 2020 04:09:00
Tras la pista de Calderón
Emilio Lozoya, como le exigió el fiscal general Alejandro Gertz Manero para garantizarle la libertad, imputó al Gobierno que encabezó la némesis del presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, en temas de corrupción. El 2006 no se olvida, y el fiscal está armando el ajuste de cuentas políticas con el que sueñan en Palacio Nacional, con la denuncia de hechos sobre corrupción de funcionarios y empresarios involucrados en el Proyecto Etileno XXI, la planta petroquímica en Coatzacoalcos que provocó un quebranto de mil 900 millones de pesos al erario.

Lozoya, según dijo Gertz Manero, afirmó que Odebrecht, a través de su filial de petroquímica Braskem, y su socia mexicana en el Proyecto Etileno XXI, Idesa, tuvieron “una serie de beneficios de carácter económico”, y se les dio “una serie de privilegios en precios de insumos, en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”. Frente a ellas, los 10 millones y medio en sobornos que pagó Odebrecht a Lozoya, que ahora dice el exdirector de Pemex que fue para la campaña presidencial de 2012 y para comprar voluntades políticas para las reformas del Pacto por México, palidecen.

La acusación es extemporánea. Calló cuando dirigía Pemex, hasta febrero de 2016 en que lo cesaron. El contrato fue denunciado por quien lo sustituyó, José Antonio González Anaya, que formuló la querella contra el proyecto Etileno XXI en enero de 2017, y la Procuraduría General de la República abrió una investigación que también revisó la parte de la gestión de Lozoya sobre la planta heredada por el Gobierno de Calderón. La Fiscalía General tendrá camino andado en sus pesquisas, pues la PGR, le dejó el expediente 117, en donde se encuentra una reveladora declaración, la de Arturo Arregui García, director de Pemex Transformación Industrial cuando se firmó el contrato –el 28 de abril de 2017–.

Arregui García declaró durante más de dos horas, y detalló la cadena de funcionarios de Pemex involucrados en el proyecto, en donde figuraban el entonces director de la empresa, Juan José Suárez Coppel, el exdirector de Pemex Gas y Petroquímica Básica, Jordy Herrera, muy cercano a Calderón, y el exdirector de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, a quien ratificó Lozoya. La investigación era por su presunta responsabilidad en los beneficios otorgados al consorcio Braskem-Idesa, que es lo que ahora señaló Lozoya en su denuncia de hechos.

El testimonio contiene el eslabón perdido que anduvo buscando el Gobierno de López Obrador, que es la relación de todo el proceso del proyecto, con la Presidencia de Calderón. Se encuentra en la pregunta 59 formulada a Arregui García: “¿A qué persona de la Presidencia se informó de los trámites y gestiones del proyecto de contrato de suministro de etano?”. Su respuesta: “La Oficina de la Presidencia invitaba a Pemex, a Sener, a los representantes de Hacienda, a los asesores financieros y técnicos a informar periódicamente de los avances del proceso, sin recordar quién era la persona que coordinaba dichas reuniones”.

El contrato de Etileno XXI se asignó en febrero de 2010 mediante un proceso de subasta, y quien ocupaba el cargo de jefa de Oficina era Patricia Flores. A partir de junio de ese año y hasta el final del Gobierno de Calderón, el responsable de esa oficina era Gerardo Ruiz. El contrato de suministro de etano, cuyo costo bajo, considerado como subsidio por el Gobierno de López Obrador, es el centro de la investigación que se inició el martes, fue firmado el 19 de febrero de 2010. Braskem Idesa niega ventajas, y afirma que la fórmula del precio la había utilizado Pemex más de tres lustros antes de ese contrato, y se había aplicado a clientes de Pemex anteriores a ella.

Con la denuncia de hechos de Lozoya, Gertz Manero tiene un manjar político sobre la mesa. Son 11 los exfuncionarios de Pemex directamente relacionados con el Proyecto Etileno XXI, además de dos exjefes de Oficina de la Presidencia. Por el testimonio de Arregui García, también se abre la puerta a que sean llamados a declarar al exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y a los exsecretarios de Energía, Georgina Kessel, José Antonio Meade y Jordy Herrera, junto con los miembros del Consejo de Administración de Pemex.

Los ejecutivos de Odebrecht, así como los de Braskem-Idesa en ese entonces, también tendrían que ser llamados a declarar por Gertz Manero, quien se topará con un tema delicado. Idesa fue fundada y es propiedad de la familia política de Javier Jiménez Espriú, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, quien a la vez, era consejero de la empresa en los años en donde se concretó la subasta y se firmaron los acuerdos que el Gobierno lópezobradorista al que perteneció hasta recientemente, asegura que se realizaron con subsidios y privilegios para las empresas. Lozoya aseguró en su declaración de hechos que la empresa mexicana tuvo beneficios económicos de ese proyecto.

Todos los imputados por Lozoya deberán ser citados a declarar por la Fiscalía General. López Obrador pidió ayer que Calderón fuera llamado a declarar, porque Lozoya lo había involucrado en posibles actos de corrupción. A menos que el Presidente sepa algo que no dijo Gertz Manero, Lozoya no lo imputó cuando habló de los beneficios por el contrato de Proyecto Etileno XXI, de cuya obra y detalles del contrato supo cuando fue director de Pemex.

Pero eso es lo que quiere López Obrador, que le regale Lozoya, que Calderón tenga que rendir cuentas ante un juez. Esto será posible solo si lo mencionó en su declaración, lo que no parece inquietar a Calderón, quien en una entrevista dijo que a él, López Obrador y Lozoya, “me van a hacer los mandados”.


12 Agosto 2020 04:04:00
El enigma de Louis Vuitton
Los videos de Emilio Lozoya que comprometen a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, y a políticos del PRI y del PAN, son hasta ahora el vellocino de oro para extirpar la corrupción que se vivió en anteriores administraciones. La existencia de los videos es popularmente conocida, pero se desconoce si existen y son parte del botín que recolectará la Fiscalía General dentro de la negociación con el exdirector de Pemex para que viva en libertad a cambio de información. Personas que han seguido las investigaciones no conocen de ninguna videoteca de corrupción, pero sí de uno o dos donde supuestamente hay imputaciones.

Hay un video al que se refieren varias personas, donde se escucha más de lo que se ve. En ese video, o mejor dicho audio, según una de las personas que conocen del tema, se menciona “LV” indistintamente como “Louis Vuitton”. Para entender el código, la “LV”, por la negociación de Lozoya con el fiscal Alejandro Gertz Manero y las acusaciones en uno de los documentos que le entregó como muestra para obtener el criterio de oportunidad y no ir a la cárcel, las siglas significarían “Luis Videgeray”, secretario de Hacienda cuando Lozoya encabezaba Pemex. Sobre “Louis Vuitton” nadie se confunde; es la casa francesa de productos de lujo.

Las referencias a “LV” o a “Louis Vuitton” están relacionadas con dinero, pero ninguna de las personas que saben de los audios precisaron si esos recursos tienen que ver con el financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, como la Fiscalía General presupone como destino de los sobornos multimillonarios de Odebrecht a Lozoya, o de la compra de voluntades políticas para la aprobación de la Reforma Energética en 2014. El enigma es que este esquema, que parece claro, es mucho más complejo de lo que parece.

El criterio de oportunidad que negoció Lozoya para delatar a sus exjefes, no se aplicaría a Videgaray como secretario de Hacienda, porque no dependía de él, sino del secretario de Energía. Podría vincularlo como su jefe en la campaña presidencial, donde Videgaray era el coordinador general y daba órdenes al exdirector de Pemex. Pero el dinero, hasta donde se ha sabido a lo largo de los años, no lo manejaba Videgaray, sino otro “LV”, Luis Vega, secretario de Finanzas del PRI, por cuyas manos, como se publicó en este espacio desde enero de 2018, circulaba todo el dinero de las campañas, como el operador financiero de Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México.

Peña Nieto hizo a Vega diputado para darle fuero, que le ha ayudado por ahora para no ser detenido, no por este caso de presunta corrupción, sino por lo que se refiere a la llamada “Estafa Maestra”, por lo cual le congelaron desde el año pasado sus cuentas. Este “LV” es uno de los grandes personajes del manejo irregular de recursos durante el peñismo, y también el gran ausente en la trama que se está desenvolviendo. Entonces, ¿quién es “LV”, ¿el “Louis Vuitton” estratega y director de orquesta, o el que manejaba el dinero?

Lozoya quiere acusar a Videgaray de corrupción, aunque en el entramado que se vivió en aquellos años, las líneas no son tan claras. Durante la campaña eran amigos y trabajaron sin mayores problemas, mientras Vega tenía como camarada en el PRI a la actual senadora Nuvia Mayorga, quien durante la campaña presidencial de Peña Nieto encabezó la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del partido, cuando su protector, Miguel Ángel Osorio Chong, era secretario de Operación Política, y el responsable de sumar apoyos de los gobernadores. En todo caso Mayorga, cualquiera de los dos “LV”, Osorio Chong y Peña Nieto, pueden descansar en este capítulo de dinero ilegal a la campaña de 2012, pues en junio del año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales determinó la prescripción de la acción legal por el supuesto financiamiento de Odebrecht a ella.

Ese fallo ubica en su justa dimensión toda la alharaca sobre dinero sucio de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto: no se trata de un asunto de orden penal, sino que se inscribe en el ámbito de la política. Podrá ser inútil lo que diga Lozoya para efectos de hacer justicia, pero electoralmente es un recurso útil para mantener la idea de la lucha contra la corrupción y buscar votos para Morena en 2021. Pero la hebra de “LV”, que abre puertas en la compleja investigación por las múltiples aristas que existen, conduce por un camino que hasta ahora no se ha explorado, la alianza de Lozoya con Osorio Chong.

Lozoya le ofreció a Gertz Manero identificar a quiénes dio dinero, supuestamente de Odebrecht, para la aprobación de la Reforma Energética. Esas entregas, prometió detallar, fueron en 2014, durante el proceso de aprobación de las leyes reglamentarias, que es cuando se dio su choque más fuerte con Videgaray, al cabildear por su parte para que salieran como quería, la discrecionalidad para realizar farm outs con quien deseara. Videgaray se le atravesó y lo impidió.

Durante esas negociaciones coincidió con Mayorga, que presumía en algunos círculos priistas que había recibido dinero que Odebrecht le había pagado a Lozoya por sus servicios y enlaces con la empresa hidalguense Construcciones Tapia, que subcontrató a dos empresas de Carlos Aniano Sosa para hacer trabajos en la refinería de Tula, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción. Sosa es dueño de las dos casas donde ha vivido Osorio Chong en las Lomas de Chapultepec, y tanto él como Mayorga han negado cualquier irregularidad.

Todos los caminos en la nueva fase de esta semana conducen a “Louis Vuitton”. Ahora falta ver si del embrollo se abre la puerta correcta o se sigue por el mismo camino de mucho ruido, mucho descrédito y poca sustancia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.

11 Agosto 2020 04:00:00
La lucha por la narrativa
No le gusta nada al presidente Andrés Manuel López Obrador que los medios hablen de temas que le generan negativos y mala imagen. Con sólo rozarle la piel se enciende y ataca. Insulta y difama con total impunidad, queriendo inhibir y amedrentar mediante el hostigamiento sistemático que siempre acompaña la sevicia de los francotiradores a su servicio en las redes y los incondicionales. Que le señalen realidades lo descompone, como al arrancar esta semana que se le echó encima a la prensa por difundir el número de contagios y muertes por Covid-19.

¿Pero qué esperaba el Presidente? ¿Un silencio cómplice para ocultar la verdad al país, como quería el expresidente Enrique Peña Nieto cuando en los medios registraban el número de muertos por la violencia? A los líderes no les gusta verse en el espejo, pero cuando esa figura es egocéntrica y autoritaria, cuando alguien respira sin su autorización, lo que viene como consecuencia es el enfrentamiento, como cotidianamente ratifica su modus operandi López Obrador.

No le gusta que se publique que la cifra de muertos por Covid-19 supera los 50 mil y sigue ascendiendo, y que el número de contagios va corriendo hacia el medio millón. Se percibe desesperado al tratar de silenciar a mañanerazos a los medios. Pero frente a los números, su afirmación de haber domado la pandemia y enfrentar al Covid con motivos religiosos se vuelve ridícula, mientras que su dicho de que se ha manejado la enfermedad con “responsabilidad y profesionalismo”, cae por la frivolidad de sus palabras y las galimatías del zar del coronavirus, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que sigue buscando pretextos para ocultar que su estrategia es un desastre.

En esto, López Obrador también es diferente al expresidente Felipe Calderón, quien no se dejó timar por el subsecretario en 2009 y lo relegó en el manejo de la pandemia del AH1N1, a diferencia del inquilino de Palacio Nacional que no vio que López-Gatell no estaba capacitado para manejar la pandemia –no basta ser epidemiólogo–, por su inexperiencia en situaciones de contención de emergencia. Un botón de muestra: mientras en China se confinaba a 11 millones de personas para frenar el contagio, en febrero, López-Gatell afirmaba que no se necesitaban hospitales especializados. Lo único que hay después de un yerro, con consecuencias.

La soberbia del subsecretario vio su alter ego en López Obrador, y en algún momento de tendrán que responder por el daño que han causado a centenas de miles de mexicanos con sus declaraciones a la ligera, poco responsables, nada profesionales y verdades a medias. Los números de Covid-19 contradicen sus dichos, al quedar como un resultado que escapa de la retórica, donde habita el Presidente.

Las cifras de contagios y muertes son minimizadas a partir del argumento de que la estrategia ha sido exitosa porque no hay desbordamiento de camas en los hospitales, y tampoco se ha dejado de atender a nadie. Es cierto, pero la afirmación es engañosa. Durante gran parte de la pandemia, 8 de cada 10 personas que fallecieron por Covid-19 nunca pisaron un hospital (la cifra ha disminuido en las últimas semanas de 6-7 de cada 10). La gente enferma no va al hospital hasta que están en un estado muy crítico, por lo que del 20 al 40% de quienes sí llegaron al hospital, el 42% de ese porcentaje murió.

No le gusta al Presidente que todos los días le muestren los medios la realidad, porque no puede borrar la realidad. En los primeros 90 días de la pandemia se registraron 78 mil casos, pero el número se duplicó en los siguientes 20 días (159 mil 793), y volvió a subir casi 100% en los siguientes 28 (317 mil 635). En el caso de fallecimientos, durante los primeros 90 días de la pandemia se registraron 19 mil 80, que casi se duplicaron en 14 días (28 mil 510), y casi se elevaron al doble en los siguientes 38 (52 mil 298).

Estos números, hay que aclarar, son los registrados en las instituciones de salud, pues aquellos que se enferman o mueren fuera del sistema no son registrados en la estadística oficial. Tampoco se conoce con precisión el número de personas portadoras del virus, porque la política del gobierno es no hacer pruebas. El argumento de López-Gatell es que no sirven para contener el virus, lo que es cierto, pero también es falso. Cierto, porque no sirve para contener la enfermedad; falso, porque no es esa la razón de las pruebas, sino para saber más cómo se comporta el virus y la velocidad y los patrones con los que avanza.

López Obrador explota cuando los medios publican los datos y quiere que atiendan otras narrativas –las suyas. Los payasos que coloca su equipo de prensa para que le hagan preguntas a modo en las mañaneras le permite ensayar distractores para desviar la conversación. Muchas veces tiene éxito, pero sus victorias son pírricas por efímeras. Ha saturado con conferencias de prensa el día para disparar temas como escopeta, y diseñado mensajes en YouTube los fines de semana para mantener ocupado el espacio público con sus temas.

Pero lo que antaño fue una estrategia a prueba de todo, ahora tiene horadado el blindaje. No tiene prácticamente a nadie en el gabinete que le ayude a desviar el interés de la opinión pública en su salud, y quien mejor proyección tenía, López-Gatell, ha perdido credibilidad y respeto por las contradicciones e intentos para responsabilizar a otros por los costos humanos de la pandemia. Al Presidente no le gusta que lo confronten con hechos, por lo que se victimiza y ataca. Está en su lucha por recuperar la narrativa, aunque en el caso de Covid-19 la tiene perdida.
10 Agosto 2020 04:06:00
Llegó el fuego a Osorio Chong
Miguel Ángel Osorio Chong renunció a la Secretaría de Gobernación en enero de 2018 para preparar su candidatura al Senado, que parecía una estrategia de dos caminos: seguir activo políticamente, y blindarse para cualquier acción que el siguiente gobierno quisiera emprender en su contra. La victoria de Andrés Manuel López Obrador, un cruzado contra el pasado, lo ha hecho guardar un bajo perfil como coordinador de la bancada del PRI, colaborando pusilánimamente salvo en momentos excepcionales. Su docilidad, empero, fue gratuita. Frente a las irregularidades de su gestión en Bucareli, el fuego se le está acercando.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong absorbió la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la convirtió en un apéndice de Gobernación, de donde se deriva parte de los problemas de la violencia que se viven en el país por su mala gestión, al colapsar el aparato policial por la incompetencia de quienes puso al frente de él, y despilfarrar los recursos para el fortalecimiento de la Policía Federal, que ocultó al reclasificarlos presupuestalmente en el rubro de seguridad nacional.

Para no dejar ningún cabo suelto, designó como secretaria general de la Policía Federal a Frida Martínez Zamora, su directora de Recursos Humanos y Adquisiciones de la Oficialía Mayor en Hidalgo cuando fue gobernador, y llevó a la administración de Peña Nieto como jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen. Martínez Zamora, pareja cuando menos en ese entonces, de Luis Eduardo, hermano de Osorio Chong, fue la responsable del manejo de miles de millones de pesos que se movieron en una caja negra, y que fue razón de quejas y denuncias desde el arranque del gobierno de López Obrador.

La molestia y crítica por la corrupción en compras de equipos que señaló desde febrero del año pasado López Obrador como una herencia maldita, también lo fue en la parte final del gobierno peñista. En la entrega-recepción del equipo de Osorio Chong al de su relevo, Alfonso Navarrete Prida, las cosas no fueron tersas, sino tensas, y en algunos casos, de choque. El más notable fue en la Oficialía Mayor que ocupaba Jorge Márquez, el principal operador político y financiero de Osorio Chong, a quien no le recibieron la oficina por un faltante de 20 mil millones de pesos. El sexenio terminó sin que se aclarara ese extravío, lo que subraya el tipo de conflicto que se vivió en la agonía del anterior gobierno por la opacidad.

La realidad finalmente alcanzó a Osorio Chong, quien este fin de semana pudo comprobar a través de la prensa que la pista de los desvíos de recursos presupuestales en Gobernación, tocó a su puerta por la vía de la solicitud de órdenes de aprehensión contra varios de sus colaboradores, donde sobresale Martínez Zamora, que ha sido como parte de su familia durante casi tres lustros, y quien es el escalón previo para llegar a Márquez, de quien dependía, no formal, pero sí para todos los efectos prácticos.

Las informaciones periodísticas –no desmentidas– tienen que ver con las investigaciones que durante más de un año ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2018, donde halló irregularidades en el ejercicio de recursos públicos de la Policía Federal por alrededor de mil 500 millones de pesos, y que están relacionadas principalmente con la partida presupuestal para Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que manejaba Zamora Martínez. En esa revisión aparecen tres contratos de los que no se tenía conocimiento hasta ahora:

1.- El pago de 170 millones de pesos por diversos equipos, sin que el proveedor cumpliera con la entrega de los equipos adquiridos.

2.- La inexistencia de documentación que soporte gastos de seguridad pública y nacional entregados por la Policía Federal a diversos funcionarios por 42 millones de pesos, donde tampoco se presentaron informes sobre los resultados de la operación o investigaciones realizadas por el personal de esa dependencia que recibió esos recursos.

3.- Irregularidades por 800 millones de pesos al no comprobar la Policía Federal que se llevaran a cabo servicios de patrullaje y vigilancia extraordinaria –que no se especifican– que fueron contratados –a un privado.

La Auditoría Superior de la Federación encontró también un desvío de la Policía Federal por 500 millones de pesos a empresas extranjeras con quienes no se tenía contrato. El recurso fue solicitado para adquirir un sistema llamado “Solución Integral de Inteligencia de Monitoreo de Redes Sociales y Localización Inteligente”, que se compró sin tener un estudio de mercado y sin garantizar las mejores condiciones, que la ASF, afirma, estimó con un valor real de 20 millones.

Este fue uno de los primeros hallazgos que encontró la Auditoría Superior de la Federación, que provocó que en marzo de este año, Patricia Trujillo Mariel, que era la coordinadora operativa de la Guardia Nacional, fuera dada de baja. Trujillo Mariel era la jefa de la Policía Cibernética de la Policía Federal durante el gobierno de Peña Nieto, y la presunta responsable de haber adquirido a sobreprecio un programa de la empresa israelí Cyberglover LTD, mediante la Comercializadora Diozal, desde donde se dispersaron los recursos a empresas extranjeras ajenas al supuesto proveedor.

Son miles de millones de pesos los que están bailando y hundiendo al entorno más cercano de Osorio Chong, sobre quien hay investigaciones en curso en la Secretaría de la Función Pública que apuntan a un enriquecimiento inexplicable. Esto ya no va a parar. Una acusación penal está en su horizonte, pero dependerá si su círculo más íntimo, enfrentado con evidencias sobre su culpabilidad, se apega al criterio de oportunidad para evitar sanciones mayores, y comienza a hablar de qué tan arriba llegaron las órdenes para el desvío de dinero que supuestamente debía haberse utilizado en combatir criminales.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.











07 Agosto 2020 04:15:00
La bala de plata de Odebrecht
La Fiscalía General de la República aseguró que el conglomerado brasileño Odebrecht apoyó la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. También afirmó que inyectó recursos en la campaña para gobernador de Tamaulipas de Rodolfo Torre Cantú, a quien asesinaron una semana antes de la elección. Se oye espectacular, pero está apuntando chueco, al citar como fuente madre para sus imputaciones a un ejecutivo de Odebrecht que no dijo lo que manifiestan que dijo.

Los fiscales se han basado en el testimonio de Luis Alberto de Meneses Weyll, quien era el director para México de Odebrecht, ante las autoridades de su país en Brasilia y ministerios públicos de la entonces Procuraduría General de la República, en 2017. En su declaración de 46 páginas, como se publicó en este espacio hace tres semanas, De Meneses Weyll asegura que la única campaña a la que inyectaron dinero fue a la de Javier Duarte en Veracruz, en 2010.

Pero no todo está perdido. Con un poco más de esfuerzo, los fiscales pueden reenfocar su caso, si en realidad quieren llegar a la campaña presidencial de Peña Nieto, a partir de otro testimonio, el de Marcelo Bahía Odebrecht, el entonces presidente de la empresa que lleva el nombre de su familia, también ante fiscales brasileños y ministerios públicos mexicanos, quien está cumpliendo una condena en su país y que narró de manera descarnada el camino de los sobornos para obtener respaldos gubernamentales.

“En la hora que usted empieza a demandar un apoyo del gobierno... el gobierno tendría que apoyar una empresa con la cuestión del sindicato, con la cuestión de infraestructura –dijo–, naturalmente crea una expectativa de que va a apoyar el proyecto político de aquella persona. Entonces existe ese tipo de pago. Existe también la cuestión de que usted quiere apoyar candidatos políticos que estén mucho más alineados con su interés… En el caso de México, la única cosa que yo sé, es que nosotros con seguridad apoyamos con toda certeza. Si me pregunta, las elecciones de Veracruz con certeza. Nuestras empresas apoyaron a los candidatos… y en general más de uno, porque usted quiere tener relación con todos ellos”.

El testimonio del expresidente de Odebrecht es difícil de entender por la forma entrecortada con la que hablaba, sin contexto, pisando sus propias frases, muchas de ellas en portuñol. Pero la bala de plata que deberían de estar puliendo los fiscales mexicanos en lugar de disparar para otro lado, se encuentran en las páginas 19 y 20:

“Con certeza las elecciones presidenciales. Con toda certeza hasta por la dimensión nuestra, empezó a haber participación… a pesar de no saber el valor (monto) o cómo se dio… Yo no sé si hubo pagos específicos para un (ininteligible). Lo que yo dije, lo que yo sé, es que hubo. La gente apoyó políticamente (…) los candidatos. Si eso involucraba pagos específicos, no sé”.

Marcelo Odebretch conoció a Lozoya en Río de Janeiro, cuando el capítulo latinoamericano del Foro Económico Mundial, que presidía el exdirector de Pemex, reunió en la capital carioca a varios líderes regionales, entre los cuales se encontraba Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. En su testimonio, aparentemente cuando le preguntan sobre los sobornos que le dio la empresa a Lozoya, se dice traicionado, si verdad se dieron, acotó, porque lo consideraba su amigo.

“El nunca (lo) mencionó conmigo; mi director nunca me (lo) mencionó”, agregó, al referirse a Lozoya y a De Meneses Weyll. “La única cosa que él si me mencionó, es que había dado un apoyo a la campaña presidencial y Emilio Lozoya me agradeció el apoyo en una oportunidad que estuve allá, antes del Presidente asumir su cargo. Entonces yo sé que fue dado este apoyo”.

Sin embargo, lo que parece claro, no lo es tanto. ¿Apoyo era igual a soborno? Odebrecht añadió: “Ahora, los pagos ilícitos, los nuestros, (a) esas personas allá… Luis Weyll puede indicar quién sería; ellos pueden indicar los pagos que hubo, y esos registros van a estar en las pruebas de colaboración de ellos”.

En la declaración confidencial, de la que se tiene una copia, un interlocutor no identificado aparentemente Ministerio Público de la PGR, le hace una pregunta que no se registra por estar lejos del micrófono, a lo que Odebrecht responde refiriéndose a Lozoya: “No. Agradece el apoyo que nosotros dimos a la campaña del Presidente”.

Una segunda pregunta que tampoco se registró, ocasionó esta respuesta: “No sé. Ahí Luis Weyll, él sólo me agradeció: ‘Marcelo, yo quería agradecer el apoyo que ustedes dieron’. Yo no busqué saber quién pagó, quien debe saber en ese caso específico… Luis Weyll”.

De Meneses Weyll aseguró que a la única persona que sobornó en México –10.5 millones de dólares en total–, fue Lozoya. Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Fiho, quien era el director de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht responsable de pagar los sobornos, lo corroboró. “El pago fue para el presidente de Pemex, Emilio”, dijo. Para armar la ingeniería financiera de esos pagos, agregó, viajó a México con Rodrigo Durán, el abogado español responsable de esa tarea, quien determinó con Lozoya la apertura de una cuenta en un paraíso fiscal, la forma como se iba a pagar y a qué institución.

Según De Meneses Weyll y Mascarenhas, ningún otro mexicano fue sobornado, ni hubo dinero a campaña alguna salvo para la de Javier Duarte en Veracruz, para gobernador, en 2010. Al decir otra cosa, los fiscales de Gertz Manero están mintiendo. No pueden construir un caso sobre falsedades porque se va a caer, pero tienen en la declaración de Odebrecht, pese a lo débil y contradictoria que es, una pequeña puerta para evitar que su caso madre de corrupción contra el pasado, resulte en un fiasco.

06 Agosto 2020 04:00:00
Apretones a Lozoya
La negociación de Emilio Lozoya con el fiscal general Alejandro Gertz Manero comenzó hace bastante tiempo, antes de que el exdirector de Pemex se fuera de México. Hablaron en la oficina del fiscal con un compromiso previo, acordado a través de altos funcionarios que sirvieron de intermediarios: Gertz Manero no lo detendría en ese momento –aún no había orden de aprehensión–, pero Lozoya tendría que aportar información útil para el caso que estaba construyendo. Gertz Manero lo escuchó 20 minutos y lo interrumpió. Hasta ese momento, le dijo, no le había dicho nada que no supiera. Ochenta y cinco minutos después, el fiscal acabó la plática. Que no le quitara el tiempo, le dijo, y lo despidió.

Gertz Manero presionó a su abogado, Javier Coello Trejo, para que dejara la defensa de Lozoya, y ante la negativa se reactivaron casos penales para obligarlo a ello a través de su familia. No funcionó con él, pero repitió la táctica con Lozoya. Mientras se escondía, inició procesos contra su madre, su hermana y su esposa, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión. Lozoya, presionado por su padre, aceptó terminar la negociación truncada con Gertz Manero, pero al llegar a México, siguió sin dar la información prometida.

Gertz Manero se deshizo de Coello Trejo de manera indirecta. El abogado de Lozoya se negó a participar en el montaje que había negociado su padre para que se entregara a cambio del criterio de oportunidad que le permite la ley para cambiar su libertad si declara contra quienes fueron sus jefes. Entre los puntos centrales que había aceptado con la Fiscalía General, fue que denunciaría ante el ministerio público al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Gertz Manero le quiere transferir la carga de la prueba a Lozoya, y darle una salida al presidente Andrés Manuel López Obrador de enjuiciar a su antecesor a través de la denuncia de un tercero. Él no incumplirá su palabra al no perseguir a Peña Nieto, pero tampoco pagará el costo político de no hacer nada en su contra.

Lozoya no ha cumplido lo pactado, aunque por la parte del gobierno las cosas avanzaron como quedaron. Salió a la libertad condicional directo del hospital donde lo trataban de una anemia, aunque el exdirector de Pemex carga bastantes kilos más de los que tenía en sus mejores épocas.

Hasta ahora, ni pruebas, ni denuncia ante el ministerio público, lo que ha generado molestia en la Fiscalía General por la palabra incumplida, y preocupación porque no tienen todavía nada sobre lo que puedan trabajar. Lozoya estaba jugando con Gertz Manero, pero el fiscal ya le reviró. Por petición suya, la policía alemana hizo un cateo la semana pasada en la casa donde viven su esposa y sus hijos en Alemania. Se desconocen las razones y los resultados del cateo, pero sirvió como recordatorio a Lozoya de que tiene que cumplir para que recupere su libertad plena. Tampoco le han quitado las acusaciones a su madre y a su hermana.

La pelota está del lado de Lozoya, por lo que toca a la Fiscalía, pero entrará en otro terreno. En el momento en que empiecen las denuncias y el juez llame a declarar a los imputados, el ex director de Pemex comenzará a enfrentar a los abogados de los señalados, que irán por su cabeza. Jurídicamente será un momento muy importante, y puede entrar en un terreno de fuerte turbulencia, más allá de probar sus dichos con hechos.

Un alegato posible es la improcedencia del criterio de oportunidad negociado con Gertz Manero, al haberse aplicado sin que mediara la sentencia de un juez. La vida alegre de Lozoya de la que goza, en el entendido que la alternativa era estar encerrado tras las rejas, puede acabarse.

Si esto llegara a suceder y Lozoya se ve desprotegido, ¿cómo podría reaccionar ante la Fiscalía General que estará a punto de despellejarlo por romper el pacto acordado? Una posibilidad, argumentando violación al proceso. Para efectos legales, podría alegar privación de su libertad. Hasta el día de la audiencia el 28 de julio, no se sabía realmente dónde estaba el exdirector de Pemex. Se supone que llegó el 17 de julio y fue directo al hospital, pero no hay registro de ello. Por ocho horas entre su detención y su presentación ante la autoridad judicial, el caso de Florence Cassez provocó un conflicto internacional y descrédito al gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo se vería entonces un caso donde ese proceso tardó 11 días?

La defensa de Lozoya tiene elementos para enjuiciar a quien lo está enjuiciando, mientras se defiende de lo que lo acusen los imputados que señalará ante el ministerio público, cuando decida acudir al ministerio público a cumplir su parte del compromiso. Este es un escenario crucial para el caso, si al final Lozoya reconoce lo negociado, por lo que el problema se transferirá a quien quizás no lo está viendo de esta manera en estos momentos, el Poder Judicial.

López Obrador, que siempre dice lo que piensa y normalmente anticipa públicamente lo que sucederá, le ha dado toda la credibilidad a Lozoya como el ariete contra un pasado corrupto, y señalado que la gente no debe fijarse en lo que suceda en los tribunales –o sea, la ley no es el referente–, sino erigirse en un jurado popular y sentenciar a los imputados como culpables. La ley es secundaria en su caprichosa racional para erradicar la corrupción.

Las cosas están claras, y la anulación del Poder Judicial que se ve en el horizonte, debería ser motivo de preocupación de la cabeza del mismo, Arturo Zaldívar, un apologista del régimen que debería ver que quieren acabarlo. El apretón a Lozoya, también es a él.
05 Agosto 2020 04:00:00
El fracaso de la Guardia Nacional
La Guardia Nacional no es como la Carabina de Ambrosio, pero está cerca de serlo. Ha sido el mayor fracaso del gobierno frente a las expectativas que había generado para enfrentar la inseguridad y reducir los niveles de violencia en el país. Las promesas de pacificación nacional con ese cuerpo integrado por militares y policías, se quedaron en buenos deseos, y en sangre vertida como nunca en tiempos de paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy insatisfecho con la gestión civil de la Guardia Nacional, y ha puesto de cabeza a Palacio Nacional para que le preparen una propuesta que incomodará a muchos: que la Secretaría de la Defensa Nacional la absorba.

La Guardia Nacional fue la propuesta innovadora del gobierno para desaparecer a la Policía Federal, como muchas otras instituciones, a rajatabla. El argumento fue que estaban infectadas con corrupción, pero sin un diagnóstico serio en las manos se pensó que la corrupción de individuos se resolvía extirpando la institución del combate a la delincuencia. Mala fue la asesoría al presidente Andrés Manuel López Obrador, vendiéndole cuentas de vidrio y timándolo con generalizaciones. La Policía Federal tenía muy probablemente elementos mafiosos incrustados, pero como cuerpo civil, cuya construcción llevó más de 20 años, era sólida y eficaz.

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, fue el primer engañado. El diagnóstico que recibió para la reconstrucción de lo que iba a ser la Policía Federal se lo hizo Manuel Mondragón y Kalb, quien como comisionado Nacional de Seguridad en la primera parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el responsable de la demolición de la infraestructura de la institución. Durazo, que sabía poco del tema, elogió el trabajo de Mondragón y Kalb y puso manos a la obra. La Guardia Nacional fue su proyecto y su desgracia, si a resultados nos atenemos.

En los primeros 18 meses de gobierno de López Obrador, de acuerdo con las gráficas de la consultora TResearch, el número de homicidios dolosos –el delito por el cual se está midiendo popularmente el éxito o el fracaso de la estrategia de seguridad– sumó 57 mil 534. En ese mismo periodo, durante el gobierno de Felipe Calderón al que los propagandistas del gobierno llaman “asesino” por el número de muertes en su mal llamada “Guerra contra las Drogas”, totalizaron 19 mil 571, lo que significa 194% menos de lo que lleva la actual administración. La variación negativa con el gobierno de Peña Nieto también es notable -90%-, al superar el de López Obrador a su antecesor por más de 27 mil homicidios dolosos.

La Guardia Nacional no resolvió lo que le prometieron al Presidente, cuyo discurso se está agotando. En la última encuesta de aprobación presidencial publicada este lunes en EL FINANCIERO, el 55% consideró que es mala la forma como el gobierno está enfrentando a la delincuencia, mientras que el 68% le preocupa mucho el crimen organizado, y el 71% piensa que está fuera de control. No deja de llamar la atención en el mismo estudio, que la aprobación de la Guardia Nacional se mantenga estable (67%), lo que sugiere que la gente no ha conectado que todo aquello que tanto teme, es resultado del mal trabajo de ese cuerpo civil.

López Obrador sí sabe del fracaso, y ordenó que se prepare una propuesta para que la Guardia Nacional deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para ello se tiene que reformar básicamente el artículo 21 constitucional, que señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, “serán de carácter civil”, sujeto a bases mínimas que incluyen:

• La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

• La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública.

A la luz de los resultados, la Guardia Nacional, que encabeza el general de brigada, Luis Rodríguez Bucio, ha incumplido con el mandato constitucional e impedido la pacificación prometida por el Presidente, sin olvidar que el momento más difícil y vergonzoso del gobierno, el culiacanazo, cuando dejaron en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, al que detuvieron por más de dos horas en cumplimento de una petición de captura con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, tuvo en el comandante del cuerpo paramilitar, uno de los principales responsables –si no el que más–, de la fallida estrategia de captura.

A López Obrador no parece importarle que en los hechos se confirme que la seguridad pública sería una responsabilidad oficial y legal de los militares, y que esto generará críticas internas y en el mundo por entregarle al Ejército esas funciones, juntando seguridad nacional con seguridad interna y seguridad pública. Esas tareas ya no tendrían divisiones institucionales ni contrapesos. Toda la seguridad se manejaría desde Lomas de Sotelo.

Pero además, si sale la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, donde tiene el 70% de su presupuesto y realiza las funciones principales asignadas a esa dependencia, será asimismo, el fin de esa secretaría, que quedaría reducida a su máxima expresión y sin responsabilidades sustantivas que realizar. No sería, como en el gobierno de Peña Nieto, cuando la Secretaría de Gobernación absorbió la de Seguridad Pública, sino que este país se quedaría sin un cuerpo civil federal responsable del combate a la delincuencia.

Los militares darían un paso más hacia el control de la vida civil del país, construyendo un andamiaje que no se ve en democracias, sino en dictaduras.




















04 Agosto 2020 04:17:00
Omar se tiene que ir
Omar García Harfuch se convirtió en un héroe en la Ciudad de México tras haber sobrevivido un atentado en su contra, el 26 de junio. Aunque él responsabilizó desde el principio –minutos antes incluso de entrar a cirugía– al Cártel Jalisco Nueva Generación, persisten dudas en las áreas de seguridad del gobierno federal sobre si puede adjudicarse a esa organización criminal el ataque, o hay otras fuerzas oscuras que quieren cobrarle viejas facturas. Lo que sí tienen claro todos es que alguien quiere matar a García Harfuch de una u otra forma, ahora o después. Sobre su cabeza hay una sentencia de muerte que en estos momentos, ni él ni nadie en el gobierno federal, sabe exactamente quién la dictó.

Dos videos donde amenazan directamente a García Harfuch han aparecido en las redes sociales. En ninguno aparece insignia alguna del Cártel Jalisco Nueva Generación, ni tampoco se hace referencia a que los ataques contra él tengan que ver con un problema institucional de afrenta al Estado. En ambos casos han sido mensajes personalizados que se remontan a una parte específica de su carrera policial, cuando estuvo como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, en los años del surgimiento y consolidación de Guerreros Unidos y Los Rojos, cuyos enfrentamientos desembocaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el primer video, difundido cuatro días después del atentado, le dicen: “A ti se te olvidó que con un grupo de la familia nos mataste familia”. Implícitamente se refieren a un evento donde lo relacionan con La Familia Michoacana, que sobrevivió su desaparición en Michoacán, bajo el liderazgo de Johnny Hurtado Oscaloaga, apodado El Fish, y su hermano José Alfredo, apodado El Fresa, escondidos en Arcelia, Guerrero, o en su santuario paramilitar en Tejupilco, Estado de México.

No obstante, hay algunas inconsistencias en lo que se afirma en el video. Señalan a García Harfuch de haber actuado con la Marina en acciones contra ese grupo, y que ha apoyado al exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, apodado Z-40, para que no sea extraditado.

La Marina efectivamente trabajó durante los años que estuvo García Harfuch en Guerrero en toda la zona de Tierra Caliente, particularmente en el corredor de Arcelia a Valle de Bravo, en el Estado de México, para acabar con el secuestro, controlado por El Fish. El Z-40 tampoco era aliado de La Familia Michoacana, por lo que la red de relaciones que le adjudican es con grupos rivales que se peleaban la región.

Sin embargo, en los videos hay información que sólo podría haber salido de las corporaciones de seguridad. Hay algunas relaciones personales que le señalan, que son conocidas dentro del gobierno capitalino y federal, pero no son algo que circule públicamente. Hay otras vinculaciones imprecisas. Sus agresores lo han relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en una corte federal en Nueva York, aunque en la realidad, ha confiado García Harfuch, sólo una vez tuvo contacto con él, cuando lo saludó en un evento.

Con quien tiene una fuerte relación es con Luis Cárdenas Palomino, que fue uno de los hombres más cercanos a García Luna, y que recientemente fue sumado al proceso contra el exsecretario en Nueva York. Cárdenas Palomino fue quien lo invitó a la Policía Federal en 2008, como jefe del Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, y se hicieron amigos. La difusión del segundo video coincidió con el anuncio en Estados Unidos que habían acusado a Cárdenas Palomino dentro del caso que están construyendo contra García Luna.

El caso Ayotzinapa está presente en los videos, en donde indican que hay una relación de su papel como coordinador de la Policía Federal en Guerrero y la desaparición de los normalistas. García Harfuch ocupó ese cargo de diciembre de 2012 a agosto de 2014, un mes antes del crimen contra los estudiantes, pero participó en la mesa de seguridad estatal donde se llegó a mencionar la corrupción de policías federales y su involucramiento con Guerreros Unidos. Aunque siempre lo ha negado, el gobierno federal lo está investigando por una probable responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

Desde el primer día del atentado, funcionarios federales cuestionaron la veracidad de su acusación al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino del ataque en sí mismo. García Harfuch insiste que fue consecuencia de su trabajo en la Ciudad de México, pero cada vez se sostiene menos esa afirmación. En cambio, cada vez emerge más información que el ataque fue por razones que no tenían que ver con su actual gestión en la capital federal.

El secretario parece estar anteponiendo razones personales a las institucionales, al insistir que el ataque obedeció al combate a la delincuencia en la capital, pero sin haber aportado todavía datos que lo prueben. Está aferrado al cargo porque de palabra le ofrecieron que sería el sucesor de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad federal, cuando éste se vaya a buscar la gubernatura a Sonora a fines de año. Está claro que ya sea por esa razón o por un viejo problema, le estorba a alguien, y la falta de información sobre quién está detrás de las amenazas, no le ayuda.

En las condiciones actuales, García Harfuch debe renunciar al cargo y establecer la separación entre un asunto personal y uno institucional, pues sería irresponsable esconder lo primero en lo segundo. Su salida no tendría que ser al vacío, y mientras se aclaran las amenazas y se deslinda del caso Ayotzinapa, el Estado mexicano tiene la obligación de protegerlo, enviándolo, por ejemplo, al exterior. Por ahora se ha quedado sin otras opciones. Lo quieren matar, y tarde o temprano, de seguir en la primera línea de fuego, lo conseguirán.

18 Diciembre 2019 04:09:00
García Luna: la geopolítica
En los últimos días, el Gobierno dio pasos para atrás en el linchamiento del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido la semana pasada en Dallas, acusado por la Fiscalía de Brooklyn de vinculación con el cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó de llamarlo corrupto y señalarlo como culpable de delitos que aún faltan por probarse, rectificó en la purga de funcionarios que hubieran trabajado con él, y lo más relevante, anunció que no habrá investigación en México en su contra. Un giro de 180 grados en cuestión de horas, que lleva a pensar qué sucedió en Palacio Nacional. Fue una decisión inteligente, por prudente. Este caso es extraño y no se sabe con certeza la motivación detrás de la acusación.

La acción del Departamento de Justicia en contra de García Luna es un misterio, empezando por las dialécticas internas en la comunidad de inteligencia estadunidense. Un dato es que lo capturaron alguaciles federales –U.S. Marshalls– con quien García Luna no tiene buena relación. ¿Temía el Departamento de Justicia que si se apoyaban con la DEA o el FBI podría haber una filtración? Los nexos de García Luna con la comunidad de inteligencia mundial se extienden por más de 30 años, y sus socios en la consultora Glac incluyen a quien encontró a Osama bin Laden en Pakistán, y a quien destruyó el cártel de Cali y formó parte de la unidad que abatió a Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín.

El porqué del uso de alguaciles obliga a no soslayar que la comunidad de inteligencia con la que compartió información secreta, es la misma a la que el presidente Donald Trump maltrató cuando llegó a la Casa Blanca. La comunidad, se puede argumentar, le pasó la factura al denunciarlo como traidor por violar la secrecía del cargo e involucrar a Ucrania en las elecciones presidenciales de 2020. ¿Acaso la detención de García Luna sería la respuesta de Trump? Difícil saberlo ahora, pero la imputación en sí misma parece una critica a la comunidad de inteligencia, que nunca se dio cuenta, sería el argumento, que con quien compartió información, trabajaba para narcotraficantes.

La acusación de la Fiscalía parte de una declaración ante un Gran Jurado de Luis “El Rey” Zambada –que no ratificó en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán– donde afirmó que le había entregado de 3 a 5 millones de dólares a García Luna de parte de su hermano, Ismael “El Mayo” Zambada. Esa imputación la había hecho en 2009, luego de que el equipo de García Luna lo detuvo en la Ciudad de México, y antes que lo extraditaran a Estados Unidos, lo que originó una investigación de la DEA y el FBI sobre el exsecretario, que duró dos años, y a cuyo término lo exoneraron de toda culpa. Es decir, la acusación de la Fiscalía ya fue investigada en Estados Unidos. No le perdieron la confianza a García Luna, y siguieron trabajando coordinadamente, compartiendo información sensible.

Al terminar el Gobierno del presidente Felipe Calderón, donde fue un secretario súper poderoso, se fue a vivir a Estados Unidos. Lo contrató el Departamento de Estado para construir un modelo de seguridad pública en varios países de América Latina, y al fundar Glac, la consultora en seguridad, requirió un permiso especial del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Esto hace inverosímil las acusaciones de la Fiscalía, cuando menos hasta este momento, y habrá que esperar el juicio y que presente sus evidencias. Pero, para efectos de argumentación, si en realidad hay suficiente material para inculparlo, García Luna probablemente declarará bajo juramento. Dependiendo de lo que le pregunten, deberá decir lo que sabe. Y en esta disyuntiva, hay dos escenarios.

El primero es que la CIA, como sucedió a fines de los 70 contra el entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nassar Haro, acuda ante el juez y pida sobreseer el caso por razones de seguridad nacional. La otra es lo que el Gobierno mexicano y sus voceros, deben considerar: García Luna fue el responsable de la contrainteligencia del Estado Mexicano durante varios años, y más adelante construyó la base de datos criminal más importante de América Latina. Su trabajo constituyó en vigilar lo que hacían las agencias de inteligencia extranjeras, y más adelante investigar las redes criminales en México y sus vinculaciones en el extranjero, que lo llevó, como se vio en sus años al frente de la policía, a descubrir diversas redes de protección institucional.

La información que tiene es de seguridad nacional para los dos países y ha guardado secretos de Estado que, de obligarlo a declarar en Brooklyn, podría revelar acciones y operaciones que comprometan a las agencias de inteligencia. García Luna siempre ha sido hermético en lo que sabe, pero varias operaciones que realizó durante más de tres décadas ocupando altos mandos de seguridad e inteligencia, que son públicas, conectan con políticos, empresarios y periodistas vinculados o presuntamente vinculados con los cárteles de la droga, sobre todo con el de Sinaloa y su escisión, los hermanos Beltrán Leyva.

Varios funcionarios del Gobierno de López Obrador trabajaron en paralelo con él –no los que estuvieron bajo su mando– y algunos se vieron involucrados en acciones irregulares, al menos, o fueron vistos con sospecha por sus relaciones demasiado cercana con narcotraficantes. La idea que tiene el Gobierno es que García Luna podría aportar información contra expresidentes, sobre todo Calderón. En realidad, Estados Unidos no lo necesita para obtener información delicada contra los expresidentes. Ya la tiene. Si no son ellos, ¿quién sería una persona de interés? Cada quien que saque sus conjeturas.
17 Diciembre 2019 04:09:00
El espía de Andrés Manuel
Fuera formas y debido proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió extender la presunción de inocente –no de culpable–, no solo al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sino a todos aquellos que hubieran colaborado con él, a fin de realizar una purga dentro de su Gobierno.

“No se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia”, dijo el Presidente. “Para afuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas”. Como sucede normalmente con él, escala las cosas. Inicialmente, dijo que García Luna tenía derecho a un juicio y que era presunto culpable al que le tenían que probar las acusaciones de corrupción. Después ya lo señaló culpable, y más adelante barrió con quienes trabajaron bajo él.

La prensa publicó los nombres de varios de ellos, y parecía hasta el domingo que su destino sería la destitución. Habría sido una violación a sus derechos humanos, aunque el Presidente de cualquier manera los vulneró al establecer que habían sido partícipes de actos de corrupción. Al Presidente le gana el rencor y no se contiene. Su hábitat es la tensión y la confrontación.

El lunes, sin embargo, rectificó. No cesará a nadie relacionado con García Luna. Pero una vez que abrió el tema del pasado en las áreas de seguridad, hay una persona que podría ser de su interés, el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Su nombre fue señalado por el periodista Ciro Gómez Leyva el viernes como colaborador del exsecretario, y le respondió Rodríguez Bucio al escribir el sábado en Twitter: “Agradeceré mucho al Sr.@CiroGomezL verificar la información que dio anoche en su programa televisivo. Jamás en mi tiempo de servicios he tenido que reportar sobre mi trabajo al Sr. Genaro García Luna”.

El general Rodríguez Bucio sí colaboró con García Luna, quien lo tuvo bajo su mando varios años desde 1994, cuando nació el llamado GAT, un esfuerzo de coordinación institucional que se integró tras una serie de atentados, que se consideraron “terroristas” en ese momento, en instalaciones estratégicas del país que buscaban colocar bombas en plantas de Pemex, hidroeléctricas, presas y telecomunicaciones.

Su creación se debió a la falta de un organismo que concentrara atribuciones y capacidades, que por instrucciones del presidente Carlos Salinas recayó en el Cisen. Bajo el paraguas del Cisen se incorporaron miembros de otras dependencias, de la Procuraduría General de la República, del Gobierno del entonces Distrito federal, del Gobierno del Estado de México, y de las secretarías de la Defensa y la Marina.

Se nombraron “enlaces”, incluidas las entidades, porque fue donde más actos de tipo terrorista se habían registrado, así como de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más adelante se incorporaron al GAT “enlaces” de los gobiernos de Chiapas, Guerero e Hidalgo.

El GAT tenía reuniones de balance operativo cada semana y estratégicas cada mes, y fue precursor de los grupos de coordinación estatales, llamadas hoy Mesas de Seguridad. El mando lo tenía el Cisen, cuyo director general era Jorge Tello Peón, y el director de Protección, actualmente almirante, era Wilfrido Robledo.

Se crearon niveles de mando ejecutivo y operativo, y este último coordinó todas las acciones hasta que el GAT cambió de dependencia durante el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando pasó a la naciente Policía Federal Preventiva, cuyo primer comandante fue Robledo, abajo del para entonces subsecretario de Seguridad Pública, Tello Peón.

Rodríguez Bucio dice en su biografía que llegó al Cisen en 1994, pero omitió que fue como parte del GAT, con la responsabilidad operativa de los elementos de la Secretaría de la Defensa. Aunque el comandante de la Guardia Nacional le reportaba al general Javier del Real Magallanes, y este a su vez al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes, recibía instrucciones dentro del GAT del responsable operativo, Genaro García Luna. El general también fue parte del traslado del Cisen a la Policía Federal Preventiva, bajo el mismo mando.

La creación del GAT se dio en el contexto del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo como respaldo militar en sus primeros días las acciones del Procup –más tarde EPR– de un poderoso coche bomba en Plaza Universidad y el intento de tirar torres eléctricas que abastecían de energía a la Ciudad de México.

Pero la preocupación no eran solo los movimientos armados, sino la posibilidad que grupos terroristas aprovecharan el contexto de agitación social. En el GAT se determinó que para acompañar las tareas de inteligencia y contrainteligencia, se haría seguimiento a políticos para determinar si tenían contacto con guerrillas o terroristas.

Ese trabajo de seguimiento permitió descubrir que varios perredistas tenían vínculos con el EZLN y el Procup, pero no más allá. El seguimiento se dividió entre los políticos más prominentes de la época, a quienes se les asignaban elementos con experiencia.

Había otros políticos en la segunda línea que también eran de interés. Uno fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le asignaron un elemento de baja experiencia. Ese hombre fue Rodríguez Bucio, el primer “espía” que trabajó como sombra del entonces líder político en Tabasco.

La información obtenida por Rodríguez Bucio nunca mostró a López Obrador como una amenaza para el Estado, y tampoco se utilizaron sus datos personales durante sus campañas presidenciales.

López Obrador siempre ha criticado al Cisen, y se ha quejado que lo espió, y paradójicamente, en Rodríguez Bucio se resumen sus dos anatemas: fue quien lo “espió”, y trabajó con García Luna. Ya no lo despedirán por esto último, pero debe explicaciones sobre su rol en “El Culiacanazo” y aclarar porqué mintió en su biografía –razones suficientes para que lo cesaran–.
16 Diciembre 2019 04:07:00
A periodicazos traen a Palacio Nacional
El martes 10 de diciembre fue el mejor día del joven sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si firmaron los protocolos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que facilitaría la ratificación en el Capitolio en Washington y el Parlamento en Ottawa, y se detuvo en Dallas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Día feliz para el Presidente. Inyectaría algo de certidumbre a las inversiones y tenía el argumento perfecto para disfrazar su desastre en materia de seguridad pública echando la culpa de todo al pasado y, de paso, buscar el aniquilamiento político de su principal enemigo, el expresidente Felipe Calderón, con quien García Luna trabajó estrechamente. Todo lucía perfecto hasta que comenzó a salir información de que aquella jornada, más bien, podrá ser una más de ignominia.

De la secuela de ese día se recoge la conferencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, responsable de la negociación, quien después de la ceremonia en Palacio Nacional donde los tres países firmaron los protocolos con el Presidente de testigo, dijo que se “acababa de enterar” que Estados Unidos nombraría cinco agregados laborales en su Embajada en México para supervisar la implementación del acuerdo en ese capítulo, que no había sido consultado con México.

Seade mintió o sencillamente nunca supo qué estaba firmando. Pero no es un novato en negociaciones comerciales, y extrañamente excluyó a todos, Embajada y sector privado, del tramo final de la negociación de la concesión.

El mismo martes 10 de diciembre, horas antes de que se firmaran los protocolos en Palacio Nacional, el Comité de Procedimientos y Arbitrios de la Cámara de Diputados, por donde pasan las legislaciones para implementar el acuerdo en Estados Unidos, dio a conocer públicamente un resumen ejecutivo de lo que se había negociado, en cuyo primer capítulo, referido a la vigilancia sobre México, en donde decía textualmente: “Los attachés (agregados) laborales tendrán como base México y proveerán información in situ sobre las prácticas laborales en México”. Nada para decirse engañado.

Si Seade no entendió ni explicó, por lo que ahora el Gobierno se dice sorprendido, también hay responsabilidad del Presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y todos aquellos que por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las exigencias demócratas anunciadas en Washington.

La mañana del mismo día, la captura de García Luna provocó reacciones a lo largo de la intensa jornada. El mensaje que se daba era que venían acompañando la investigación, reforzada por informaciones de funcionarios federales que empezaron a señalar que el Gobierno de López Obrador había sido informado con anterior de la captura. Como en el caso de Seade, no es cierto, pero a diferencia del tema comercial, en el caso de García Luna sí fue mantenido el Gobierno mexicano totalmente al margen de la investigación.

Tras una reconstrucción de lo que sucedió aquel día en Palacio Nacional, se puede afirmar que el Gobierno mexicano no tenía absolutamente ninguna idea de lo que se cocinaba en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Embajada de México nunca fue informada de lo que venía hasta minutos antes de que se diera la detención en Dallas.

No es un procedimiento usual que informen de ello, por lo que esto no debe extrañar –la embajadora Martha Bárcena, incluso, iba volando a la Ciudad de México cuando se realizó la detención– pero recibir una comunicación del Departamento de Estado minutos antes de que se concretara la acción en Dallas, no puede se tomado como una consideración. La captura sacudió al Gobierno, que apenas ese día, por el comunicado de prensa de la Fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, supo que la orden de aprehensión se había girado desde el 4 de diciembre.

La cancillería mexicana se puso en contacto con el área de vinculación del Gobierno de Estados Unidos para pedirles información, pero les respondieron que al ser un asunto de política interna, no podían compartir las investigaciones.

El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con funcionarios federales, le informó al Presidente por teléfono, y López Obrador convocó al día siguiente a una reunión a Ebrard, Gertz Manero, Nieto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico, Julio Scherer.

En esa reunión, dijeron los funcionarios, el Presidente expresó que no podrían mantenerse al margen, e instruyó al fiscal y al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera qué acciones podrían para informar a la prensa.

Nieto informó que se habían congelado sus cuentas “esta semana” y esperaban la respuesta de los bancos para conocer el monto, mientras el fiscal general, Alejandro Gertz Manero había anticipado que tenía abierta una investigación en su contra, por lo que se pediría la extradición. Para reforzarlo, se sugirió tomar contacto con periodistas que habían mostrado animadversión con García Luna para hacer “un frente común”.

Ebrard y Sánchez Cordero fueron instruidos para que buscaran que el Gobierno de EU colaborara con México en la integración de una carpeta de investigación por temas relacionados con corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y narcotráfico, aunque ya habían tenido información desde el mismo 10 de la forma como estaban siendo vistos en Washington.

Incluso, un mensaje que dijeron funcionarios le hicieron llegar a Ebrard desde Washington decían cáusticamente: “Quieren información los que no quieren colaboración”.

El Gobierno quedó desubicado. García Luna rechazó el ofrecimiento de ayuda consular, y lo más cerca que está el Gobierno del caso es como observador en la corte en Dallas. Aquel 10 de diciembre glorioso y espectacular para el Gobierno, se ha venido desmantelando ante las evidencias que al reloj que marca el tiempo a la vida en México, se le da cuerda en Washington.

13 Diciembre 2019 04:07:00
Ajustan la estrategia de seguridad
La captura en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo, había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, escribió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención… la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe) Calderón al cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.

Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el fracaso del Gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió en las vísperas, un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para ajustar la estrategia de seguridad.

La visita del procurador general estadounidense, William Barr, la semana pasada a México, y su plática con López Obrador, selló ese acuerdo. Los detalles permanecen ambiguos, perdidos en los espacios de opinión pública. Un comunicado del Departamento de Justicia, indicó que Barr había discutido con el Gobierno mexicano el combate a las organizaciones criminales trasnacionales, y un fortalecimiento en la cooperación bilateral para llevarlas a tribunales. El comunicado del Gobierno mexicano aportó un dato adicional, al informar que se reforzaría el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado en agosto pasado sin que hubiera dado señales de vida.

Los acuerdos a los que llegó Barr con el Gobierno de México hicieron que el presidente Donald Trump se desistiera de clasificar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Reactivar un grupo de coordinación bilateral no habría sido suficiente para que reculara Trump, pero frente a la vorágine de información sobre las negociaciones de último minuto del acuerdo comercial norteamericano, nadie reparó en ello. La postura de Barr, como todas las que han mantenido en situaciones críticas con el Gobierno de López Obrador, fue inflexible.

El presidente había anticipado pocas horas antes de recibir al procurador, que analizarían un documento que iba a presentar. El plan que llevó Barr tenía una exigencia, la de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, y trabajar conjuntamente con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General, para combatir a los cárteles de la droga. Abrazos no, y balazos cuando fuera necesario para someter a las organizaciones criminales. No importaría el discurso que quisieran usar el Presidente y el Gabinete de seguridad, porque en todo caso sí se haría el ajuste exigido por Trump para impedir que su amenaza se concretara.

No esperaríamos un cambio de narrativa. Si López Obrador la pudo mantener, aunque con gran desgaste, en los momentos más difíciles de su Gobierno en la materia, el culiacanazo y la matanza de la familia LeBarón, tras la captura de García Luna, de la cual fue notificado el Gobierno mexicano pero no fue producto de una negociación, esa retórica le podrá dar frutos renovados y fortaleza política. Para efecto de la seguridad de los mexicanos, no importa. La pusilanimidad ante las organizaciones criminales y la pérdida de Estado ante su violencia, tendrá un corrector que en un principio difícilmente se verá, pero que deberá funcionar.

Lo fundamental es detener el avance territorial de los cárteles y la colonización de las instituciones. Previamente a la visita de Barr, pero tras la experiencia de Culiacán, se reactivaron diversos sistemas de inteligencia en el viejo Cisen, llamado actualmente Central Nacional de Inteligencia, que fueron apagados al llegar el Gobierno de López Obrador. Igualmente, se ha comenzado a recuperar inteligencia y equipos tácticos de la Marina para trabajar en el desmantelamiento de las bandas criminales en la Ciudad de México. Un reciente trabajo en ese sentido, de acuerdo con funcionarios federales, permitió que volvieran a acercarse a José Antonio Yépez, “El Marro”, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, renaciendo la posibilidad de que capturen al rey del huachicoleo en El Bajío.

Aunque producto de un desastre y tragedias, lo que está sucediendo por fuera del escrutinio público en materia de seguridad, es positivo. La rectificación que se está haciendo ayudará al Gobierno a ir recuperando la paz, aunque ciertamente, pronto, si se empieza a confrontar a los cárteles de la droga, se empezarán a notar bajas en las fuerzas federales. Sólo no combatiendo se evitan víctimas en el Ejército y la Guardia Nacional. Sólo enfrentándolos, la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad nacional, de mantener la nueva estrategia, va a ser una realidad.

Tras el respiro que le dará a la economía la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, frenar el alza de los índices delictivos y el incremento de homicidios dolosos, debe ser el siguiente objetivo. López Obrador no perderá cara. Sólo necesita no a empatar en términos definitivos su discurso y la narrativa sobre el fenómeno, con las acciones. El Presidente ha demostrado su pragmatismo y que está dispuesto a tomar riesgos aun mediante políticas en las que ideológicamente no cree. Enfrentar criminales es una de ellas, y lo que está haciendo es encomiable.

12 Diciembre 2019 04:07:00
García Luna, ¿primero en la lista?
El martes, una noticia opacó el final de la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá: agentes federales habían detenido en los suburbios de Dallas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón. El fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo acusó de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa y de conspiración con el narcotráfico.

Donoghue dijo que era por lo que se había señalado en su contra en la Corte de Brooklyn y en otros tribunales. Es decir, la acusación no solo se sustentaba en lo que esa Fiscalía había investigado, sino en testimonios de diferentes cortes. Sin embargo, el fiscal dejó entrever que una parte importante de la acusación se había hecho durante el juicio de “El Chapo” Guzmán. La hizo Jesús Zambada, “El Rey”, hermano del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en una declaración ante el Gran Jurado, que se usó en Brooklyn.

En el quinto día del juicio, su abogado recordó que Zambada, que no quiso ratificar ante ese tribunal su declaración por el riesgo de no poderla respaldar con pruebas y perder su calidad de “testigo protegido”, había afirmado que le entregó una maleta a García Luna en un restaurante con 3 millones de dólares –que caben en tres cajas si los billetes son de 100 dólares– a nombre de su hermano. Un despacho del corresponsal de la agencia Reuters, detalló más imputaciones:

“Un testigo en el juicio sobre la acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente la llamada, ni el mensaje de texto en busca de su comentario… Zambada dijo que pagó “unos cuantos millones” de dólares a un funcionario del Gobierno de la Ciudad de México mientras López Obrador era Jefe de Gobierno, porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública”.

En enero, dentro del mismo juicio, Alex Cifuentes, quien se identificó como secretario personal de Guzmán a finales de la década pasada, testificó que le había pagado un soborno de 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto en 2012. Otros nombres de personas relevantes en México empezaron a salir, como el del expresidente Felipe Calderón, a quien los testigos protegidos acusaron también de recibir dinero del narcotráfico, que llevó a la Casa Blanca a solicitar al juez que aquello que no tuviera sustento ni fuera motivo del juicio, no se hiciera público. Pero el batidero estaba hecho. Gobernadores, políticos, militares y policías aparecieron durante el juicio como parte de lo que se dibujó como una corrupción sistémica en México.

En una columna publicada a mediados de noviembre del año pasado, se señaló que si todas las afirmaciones que hizo “El Rey” Zambada fueran ciertas, desde hace décadas México sería un narcoestado. Pero eran tan extraordinarias las imputaciones, que pese a no haberlas ratificado en la Corte, habría que preguntarse qué estaba persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, y continúa buscando, al seguir utilizándolas en otros casos. La acusación de Zambada no era nueva. La hizo por primera vez tras ser detenido en 2008, cuando señaló que García Luna y su equipo, que trabajaban en el desmantelamiento del cártel de Sinaloa, habían recibido dinero del cártel de Sinaloa.

El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, buscó evidencias contra García Luna, sin encontrar alguna, pero a un miembro clave de su equipo, el comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, apoyado en una declaración de Edgardo Bayardo, un mando medio de la Policía Federal detenido por García Luna al comprobársele que recibía 25 mil dólares mensuales del cártel que convirtió en testigo protegido, lo metió a la cárcel. Cuatro años después, Garay fue exonerado de todas las acusaciones.

Zambada fue extraditado a Estados Unidos y se convirtió en uno de los testigos importantes en el juicio contra Guzmán, que como se publicó hace más de un año, tenía un alcance mayor. Todo el Estado mexicano fue puesto a juicio en Brooklyn, y las imputaciones de Zambada, contra lo que se propuso en esta columna, no se tomaron con cuidado por los antecedentes sobre la calidad de los testigos protegidos, y el daño reputacional que hacían.

Un testigo protegido de la DEA acusó a Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, de haber estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y pese a que años después se desmoronaron todas sus imputaciones, el daño quedó sobre el actual director de la Comisión Federal de Seguridad. Dos testigos protegidos de la DEA acusaron a Raúl Salinas de recibir dinero del narcotráfico, y sin importar que fueron expulsados del programa porque nunca pudieron probar las imputaciones, la mancha quedó sobre el hermano del expresidente.

Hoy, una vez más, los fiscales en Estados Unidos le dan credibilidad a un testigo protegido. García Luna es la primera víctima del Estado mexicano del juicio contra Guzmán. Ya deberá probar la Fiscalía la solidez de su caso, y si es contundente, la lista que sigue incluye a Peña Nieto y a Calderón, junto con personas vinculadas al Gobierno de López Obrador. Haber pactado con Estados Unidos el nuevo esquema de seguridad –del que se hablará más adelante– no blinda al Presidente de un ataque futuro; que no se le olvide la captura del exsecretario, laureado, reconocido y muy aplaudido por los estadunidenses, es el mejor ejemplo.
11 Diciembre 2019 04:07:00
Qué cedió México
Ceder, en una negociación, no es necesariamente perder. De hecho, en una negociación se cede para poder avanzar y el resultado óptimo es cuando todas las partes ganan. En el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México tuvo que ceder. Mucho en este caso, para que los demócratas y los sindicatos, que son su base electoral, estuvieran de acuerdo en ratificarlo. Los demócratas se han adjudicado una gran victoria política, quitando reflectores a Trump, que finalmente cumplió su promesa de campaña de acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y remplazarlo con un acuerdo que presume superior. El presidente Andrés Manuel López Obrador podrá sentirse tranquilo, pese a aceptar los chantajes demócratas que llevaron a su Gobierno a perder soberanía. A cambio, gana certidumbre ante el mundo, recupera parte de la confianza perdida en su liderazgo y, sobre todo, le da una viabilidad económica a su Administración y al país. Aislar a México del mundo, como su retórica machaca, era irreal.

La negociación de este acuerdo comercial duró dos años, y la comenzó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La continuó el de López Obrador bajo el mismo modelo, que también se usó durante la negociación del TLCAN hace un cuarto de siglo, dejándose acompañar por el sector privado. Pero en la última semana, cuando los negociadores estadunidenses, forzados por los demócratas y con la urgencia de Trump por concluirlo, presionaron a los mexicanos como no lo habían hecho antes, sacaron al sector privado de la negociación y lo mantuvieron en la oscuridad sobre lo que estaban discutiendo. De otra manera, no podrían haber aceptado las condiciones que les planteó el representante comercial de la Casa Blanca, Roberto Lighthizer. La molestia empresarial por la marginación en el último tramo de la negociación, será acicalada cuando terminen de estudiar las adendas que aceptó México.

No habrá intervención dentro de las empresas, pero en realidad sí habrá, utilizando un término diplomático: attaché laboral. Los attachés, en el argot diplomático, son los agregados en las embajadas. En este caso, no estarán dentro de la Embajada de Estados Unidos, pero serán representantes de los sindicatos en México que “proveerán información in situ sobre las prácticas laborales” en este país. Es decir, sí habrá una supervisión indirecta dentro de las empresas, que forma parte de lo que le llamaron “un monitoreo robusto” que hará las veces de un instrumento de certificación estadunidense de que las reformas laborales se están aplicando tal y como lo prometieron. Esta era una de las quejas que tenía el líder de la AFL-CIO, Richard Trumpka, quien le dijo a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en septiembre, que sólo querían que se aprobara el acuerdo para no hacer nada. No les creemos,afirmó.

La presión demócrata se trasladó al Gobierno mexicano, que al final aceptó la creación de un comité interagencias que vigilará la reforma laboral, y que estará informando al Congreso de Estados Unidos, así como el establecimiento de metas y objetivos que deben implementar los mexicanos para la reforma laboral. De incumplirlo, se aplicarán las medidas y sanciones que se añadieron al acuerdo, y que contemplan los mecanismos reforzados para resolución de disputas. Una de las grandes innovaciones impuestas fueron lo que llaman “reglas de evidencia”, que le permitirá a Estados Unidos litigar “exitosamente” temas laborales, de medio ambiente y otros temas de alta controversia.

Estos mecanismos reducen significativamente las capacidades mexicanas para litigar en los paneles de resolución de disputas, que hubieran tenido objeciones y observaciones por parte del sector privado. Junto con ello, en un punto que modifica por completo los equilibrios que se habían logrado, es un cambio de lenguaje en el texto, donde removieron el fraseo que permitía ambigüedades en las garantías de protección de violencia a los trabajadores. Mediante el fortalecimiento de estas reglas, “se crea la presunción que las violaciones laborales afectan al comercio y la inversión y requerirá que las otras partes prueben lo contrario”. Es decir, México sería culpable hasta demostrar lo contrario, y una violación laboral no se restringiría al capítulo laboral, sino que impacta en el conjunto del acuerdo. De esta manera, el costo de una violación laboral lleva a litigio todo el acuerdo comercial.

Los demócratas impusieron una serie de incisos en el tema de propiedad intelectual que difícilmente el sector privado habría aceptado sin resistencia, particularmente la industria químico farmacéutica, y presionaron a Trump para remover las provisiones que llevaban a medicinas más caras, revelado la semana pasada en el Financial Times, pero mantenido en secreto al sector privado por parte de los negociadores mexicanos. Esto llevó dentro del acuerdo a la disminución de la exclusividad de las patentes en medicinas y de la información clínica de las medicinas, empleadas por la industria, alegaron los demócratas, para retrasar la competencia y el acceso a medicinas a buen precio. La puntilla fue tender hacia una homologación en los criterios legales entre Estados Unidos en México, para balancear la competencia y los incentivos por innovación, como establece la ley en aquel país, que no se reflejaba en el acuerdo.

Las adendas, como lo está planteando el Gobierno de México, significaron la apertura de casi el 10% del acuerdo que estaba cerrado, que el Senado había ratificado y que el sector privado estaba en contra de que se reabriera. Lo hizo el Gobierno de López Obrador porque no vio alternativa real para poder sacar un acuerdo sin las concesiones que exigían los demócratas. En las condiciones políticas en las que se encontraba Estados Unidos, en medio del inicio del juicio político contra Trump y el arranque de las elecciones federales en enero, era lo mejor de lo peor.
10 Diciembre 2019 04:07:00
Rebelión silenciosa
Ricardo Valero entró al túnel que conducirá a su cese como embajador de México en Buenos Aires. Ante un video que captura el momento donde aparentemente se roba un libro en una librería del barrio porteño de La Recoleta, que hizo viral una noticia vieja, el Gobierno tuvo que admitir su derrota política. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó el domingo que lo llamarían a México y que el Comité de Ética revisaría su caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió el lunes no hacer un linchamiento, pues es un error –robar– que todos podemos cometer. No en este caso. Si el embajador robó, tiene que rendir cuentas porque representa a una nación. Pedir que se anteponga su carrera diplomática para soslayar que delinquió, no habla bien de quien apuntaló en la honestidad su lucha por la Presidencia. Pero la defensa presidencial no parece responder a un hecho en lo particular, sino a lo que significa para su Gobierno que pillaran a su embajador.

El escándalo de Valero hay que verlo con cuidado, no en cuanto al hecho delictivo, sino sobre el porqué de una información reciclada se ha desbordado. Cuando el 26 de octubre se robó el libro de El Ateneo, sucursal de la famosa librería argentina, según el sumario 672051/2019 de la policía bonarense, que presentó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10, encabezado por Julián Ercolini, no se le sentenció por tener inmunidad diplomática, pero tampoco se mantuvo en sigilo. En aquella ocasión, al hacerse público el robo, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo llamó y Valero se presentó en la Cancillería para dar explicaciones. Les parecieron suficientes en su momento, porque regresó a sus actividades normales.

El video filtrado a Infobae, un portal argentino con presencia en México, cambió el metabolismo del caso y prácticamente fue la sentencia para el cese. ¿Qué sucedió en cuestión de semanas? Cómo y por qué se viralizó algo viejo no es algo inusual. Así son algunos ciclos informativos, donde a veces pasan desapercibidos asuntos importantes que luego toman relevancia al modificarse el contexto. En este caso, al menos como hipótesis de trabajo, se puede argumentar que existe algo más de fondo. Cuando surgió por primera vez la información a finales de octubre, personas cercanas a Valero comentaron que se debía a intrigas dentro de la Cancillería. “Fuego amigo”, dijeron en ese entonces, de personas cercanas a la exembajadora ante la Casa Rosada, Mabel del Pilar Gómez, actualmente embajadora en Marruecos, y que se encuentra en la órbita de protegidos del subsecretario del ramo, Julián Ventura.

Los dos son miembros del Servicio Exterior Mexicano, el cual en apariencia ha sido fortalecido por Ebrard, aunque en realidad ha sido maltratado por el Gobierno de López Obrador. La reducción de salarios, sin tomar en cuenta el costo de la vida en los países que representan y las etiquetas de privilegiados que les endosó el Presidente, fueron tomados como agresiones sin fundamento y descalificaciones injustas. Internamente, Ebrard conformó un equipo a partir de su grupo político, donde dio atribuciones extraordinarias a cercanos, que en el trabajo diario provocó desplazamientos. Uno de ellos fue precisamente Ventura, quien pese a ser el subsecretario más importante, las tareas estratégicas las lleva Ebrard con la subsecretaria Martha Delgado. Otra ha sido la embajadora en Washington, Martha Bárcena, con quien hay un enfrentamiento abierto y directo desde antes incluso que comenzara a funcionar el nuevo Gobierno.

Precisamente, la embajadora Bárcena autorizó la semana pasada el envío de un comunicado a Roberto Valdovinos, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, criticándolo por intentar revivir de manera unilateral el Consejo Consultivo, que fue de-saparecido en 2017 por no servir para los fines deseados. Valdovinos creó la iniciativa Migrante Vota, diseñada para promover el voto de los mexicanos en el exterior, y desde Nueva York, donde estudió y residía hasta antes de integrarse al Gobierno, ayudó en la construcción de los comités de Morena en Estados Unidos, y promovió la candidatura presidencial de López Obrador con organizaciones y sindicatos defensores de derechos de migrantes, en coordinación con el padre Alejandro Solalinde.

La comunicación de la Embajada en Washington, respaldada por los cónsules de las principales ciudades con población mexicana en Estados Unidos, se originó por su petición a los cónsules para realizar reuniones con los líderes de sus comunidades antes del 20 de diciembre. La semana pasada El Universal publicó detalles de la comunicación, donde señala que la convocatoria era precipitada y era necesario llevar a cabo una consulta al interior de la Cancillería, que podría ser discutida durante la próxima reunión de embajadores y cónsules en enero próximo en la Ciudad de México. Además, no pidió opinión de los consulados.

Lo que se está viendo hacia el interior de la Cancillería es una rebelión silenciosa del Servicio Exterior Mexicano en contra no solo de Ebrard, sino contra el presidente López Obrador. La forma como han ido supliendo a los profesionales con operadores políticos y la manera como han visto que quieren utilizar los instrumentos de la Secretaría con fines político-electorales, activó los anticuerpos de una diplomacia con oficio y trayectoria, sólo comparada en América Latina con la cancillería brasileña.

Reciclar el presunto delito de Valero y arrinconar al Gobierno forma parte, coordinadamente o no, de la insurgencia en la Cancillería, y las reticencias a ser colonizada como pasa con el servicio civil de carrera y los órganos autónomos. No quieren un canciller que opere políticamente a costa de la diplomacia y que se presta a los intereses electorales de López Obrador. Menos aún que sea la política electoral, no la de Estado, la que rija la política exterior.
09 Diciembre 2019 04:07:00
Llegaron los coches bomba
Ahora, una nueva modalidad de ataque criminal quiere anidarse como estrategia de terror: los coches bomba.

Tras “El Culiacanazo”, el empoderamiento del cártel de Sinaloa ante la laxitud del Gobierno federal en el combate al crimen organizado, provocó que organizaciones delincuenciales en otras latitudes decidieran seguir el ejemplo para el sometimiento de las autoridades mediante la vía del miedo.

El primero en modificar y ampliar su modus operandi ha sido el cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en El Bajío y controla el robo de combustible.

Después del “Culiacanazo”, los servicios de información del Gobierno federal interceptaron una llamada de José Luis Yépez, “El Marro”, el elusivo jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, donde hablaba de planear una nueva forma de defensa de las autoridades, mediante acciones ofensivas, donde los coches bomba eran parte importante de la nueva estrategia. Poco después, un coche bomba explotó en Irapuato, zona de influencia de esa organización criminal.

El miércoles pasado, en una colonia residencial de esa ciudad guanajuatense, un grupo de hombres armados dejaron estacionada una camioneta Honda con varias cargas de explosivos que estalló en la madrugada, sin causar víctimas pero dañando al menos una treintena de casas.

La Fiscalía General del Estado informó que la explosión en el auto fue porque le aventaron dos granadas, y no porque fuera un coche bomba. Desde un principio, las autoridades de Guanajuato han dicho que fueron granadas, aunque los primeros reportes de la Guardia Nacional mencionaron “coche bomba”.

Las fotografías de la camioneta Honda donde se dio la explosión no dejan duda: no fueron granadas. La destrucción de poco más de la mitad de la camioneta no fue producto de ese tipo de proyectil.

Las explosiones con granadas, si se revisan incidentes con ese tipo de arma, no provocan la destrucción total de amplias partes del vehículo, y solo lo dañan en su interior.

Las fotografías del Honda muestra cómo la parte trasera del vehículo, así como el techo, perdieron su forma, y la carrocería se redujo a fierros abiertos en racimo, doblados caprichosamente.

Si se comparan las fotografías de la camioneta en Irapuato con coches bombas del Estado Islámico, se ven las similitudes. Aún si la potencia del explosivo es diferente, se puede apreciar que los coches bombas destruyen completamente una parte importante del vehículo, dejando el resto con muchos menores afectaciones. Las granadas, aún causando grandes efectos, no hacen de las carrocerías reguiletes de fierro.

Los coches bomba son utilizados en muchas partes del mundo como vehículos suicidas, al convertirse en un arma muy versátil y poderosa contra objetivos específicos. En Colombia y ahora en México, no han servido esos propósitos sino para aterrorizar y enviar mensajes a gobiernos y enemigos.

La activación de bombas dentro de un vehículo requiere de manos expertas, no solo para su armado sino para el tipo de daño que quiere hacerse. Si uno revisa las imágenes de coches bomba suicidas, las cargas de explosivos se colocan sobre los costados, para maximizar el daño al objetivo.

Si uno ve el Honda en Irapuato, la carga explosiva se colocó de una forma para que la energía saliera despedida por el techo, donde la fuerza se iría desvaneciendo en el aire, minimizando el daño indiscriminado que podría haber causado víctimas. En cualquier caso, los coches bomba son considerados como armas de guerra.

No se ha informado sobre los peritajes del explosivo en el vehículo en Irapuato, que permita tener más información.

Sin embargo, dada la forma como lo ha manejado la Fiscalía de Guanajuato y el silencio de las autoridades federales, todo indica que quieren dejar que pase como granadas en Irapuato.

Está bien en función de no alterar más a una sociedad bastante nerviosa por el resurgimiento poderoso de los cárteles de la droga este año, pero al mismo tiempo, la falta de información no sensibilizará a la sociedad sobre la gravedad de la escalada en la calidad de la violencia de las organizaciones criminales.

La política de la avestruz no funciona en estos casos, como sucedió durante los primeros ocho meses del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La utilización de coches bomba en México no es

inédita, pero nunca ha sido un método regular. El 8 de enero de 1994, en apoyo al alzamiento del EZLN días antes, el Procup, que dos años después nació como EPR, estalló un coche bomba en el estacionamiento de Plaza Universidad, cuyo impacto alcanzó a tiendas en el segundo piso del centro comercial.

En junio de ese año explotó un Grand Marquis en las afueras del Hotel Camino Real de Guadalajara, donde se celebraba una boda de familias relacionadas con Rafael Caro Quintero, exjefe del cártel de Guadalajara.

En julio de 2008 en Culiacán, hubo una explosión de un auto y se encontraron varios vehículos con cilindros de gas butano y detonadores. El entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, negó que fueran coches bomba. Durante 2010 y 2011 los años en los cuales comenzó a invertirse el poderío de los cárteles y empezaron –en mayo de 2011– a reducirse los índices delictivos, hubo vehículos que estallaron en varias ciudades del norte del país, pero no fueron clasificados como coches bomba.

Nunca en México se ha utilizado ese tipo de método como parte de la estrategia de los cárteles de la droga, pero la llamada interceptada a Yépez señala que este recurso eficaz –el costo es bajo, las posibilidades de detención a quienes dejan el vehículo en el objetivo es casi nula, y el impacto de terror es grande–, ha llegado por la puerta de atrás de la nula estrategia contra el crimen.

06 Diciembre 2019 04:07:00
Motocicletas asesinas: una réplica
La columna “Motocicletas Asesinas” publicada este miércoles levantó críticas entre sectores de la industria y aficionados a ese tipo de vehículo. Socializar el fenómeno creciente del sicariato motorizado fue visto como la estigmatización de los motociclistas, y prendió alertas ante un eventual nuevo orden normativo porque encarecería “un sector dinámico y estratégico” de la economía nacional. La columna mencionó en términos generales las dificultades que enfrentarían las acciones para evitar que las motocicletas se conviertan en transporte de asesinos, como está sucediendo, por razones económicas y de movilidad, cuya complejidad, ante las críticas recibidas, muestra que el tema es sensible, importante y de difícil solución.

La reacción de la industria es importante, y ayuda a ubicar el fenómeno. La regulación sobre la motocicleta no resuelve el problema de la inseguridad, argumenta, sino por el contrario, afecta a un sector de la sociedad. Tiene un punto importante. La regulación en este país ha sido fuente de corrupción, por lo que una acción de esa naturaleza, la política pública correcta, en las condiciones actuales mexicanas, entraña el alto riesgo de no resolver el problema y estimular el mercado ilegal de las policías. 

Lo único que puede resolver cualquier tipo de crimen, agrega, sin importar que sea cometido desde un automóvil, una motocicleta o cualquier otro vehículo, es la acción policiaca efectiva. El alegato es correcto, pero insuficiente. Una buena acción policiaca no blinda que no haya asesinatos desde una motocicleta, como se viene dando en México y ha sucedido en otros países desde hace años. Lo que es impecable en el argumento de la industria es la impunidad, como estimulador y detonador del delito. 

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, señala que de cada 100 victimizaciones que ocurrieron en 2018, solamente 10% presentó denuncia ante las autoridades -punto de partida de la debilidad del sistema judicial-, y únicamente en tres de cada 100 casos, la investigación tuvo algún resultado. Vistas las estadísticas bajo una óptica distinta: 90 de cada 100 víctimas no presentaron denuncia alguna en 2018, y de las 10 que sí lo hicieron, en siete casos el delito quedó impune.

La reacción a la columna “Motocicletas Asesinas” generó una serie de proposiciones interesantes, que se suma a lo planteado en el texto de que la solución no podría ser lineal por la complejidad del tema, y porque una acción como la tomada en otras naciones, muchas veces revertidas, tenía implicaciones económicas y de movilidad en este país. 

De hecho, coincide el análisis de la industria con la columna en que la motocicleta “es una solución de movilidad y aliada en el desarrollo económico”. Hay datos para soportar la valoración. Una encuesta realizada por la agencia Las Quince Letras entre mil 500 usuarios de motocicletas, reveló que 83% la utilizaba para su actividad económica y herramienta de trabajo. La misma encuesta mostró que 65% de los usuarios pertenecía a clase media y baja, por lo que se había convertido en un vehículo accesible a la población menos favorecida, y explica el porqué del incremento dramático en la venta de motocicletas.

La criminalización de los motociclistas sería no solo injusta, sino un error. No puede haber una política pública que centre en ello la solución a un fenómeno violento que está creciendo. Es ese sentido, como dice el análisis de la industria, “culpar a la motocicleta es eludir la responsabilidad y quitar el foco del fondo real de la problemática”. No puede haber una política preventiva contra el sicariato motorizado que afecte la micromovilidad, como alega la industria, pero tampoco no hacer nada a fin de no estigmatizarla, lo que se está vinculando de manera incorrectamente y automática.

El fenómeno de la violencia utilizando a motocicletas es una realidad y crecerá en México, como proliferó en otras ciudades de América Latina. Si no se ataja el fenómeno, podrá convertirse en un serio problema de seguridad que afecte a quienes hoy piden con justicia que no se les estigmatice, y orille a soluciones radicales porque el costo de hacerlas será menor que el beneficio, la tranquilidad y certidumbre ciudadana.

La política pública para evitar el florecimiento de esa tipología de delito no es un asunto meramente punitivo. Se requiere una política preventiva, por lo que antes de pensar en la regulación, el Gobierno debe revisar sus capacidades de investigación y de inteligencia. Para eso sirve la tecnología. Por ejemplo, si todas las motocicletas están emplacadas y los motociclistas teóricamente tienen una licencia de conducir -de automóvil o motocicleta-, las bases de datos criminales, como Plataforma México -destrozada en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto- y que está tratando de restablecerse, deben trabajar coordinadamente con los centros de inteligencia policial -C-5 o C-4- para actuar en tiempo real contra el crimen, en motocicletas o en otra modalidad.

Esa es una acción policial que no será suficiente si persiste la impunidad vigente. De acuerdo con datos de la industria, durante el primer semestre se cometieron 95 mil 153 delitos de todo tipo en la Ciudad de México, que equivalen a 529 delitos diarios. Tres de ellos, 0.6%, fueron cometidos a bordo de una motocicleta. Cuando se ve el fenómeno en lo particular, esos argumentos tienen que matizarse, porque la contraposición sería no mencionar el fenómeno porque afectaría a un grupo inocente. El fenómeno tiene que ser atajado por la autoridad, mejorando y ampliando sus capacidades técnicas y de investigación. No hay otro saque posible, y la inacción podría producir un problema nuevo con una sociedad llena de ansiedad e impotencia ante una violencia que sienten nadie contiene.  
05 Diciembre 2019 04:06:00
Violencia, la terca realidad
El martes por la tarde fue de locos en algunas ciudades del norte del país. Por horas circuló en chats en Culiacán que en el norte de la ciudad había grupos armados que preparaban las armas ante una ruptura entre Ismael El Mayo Zambada, e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En Monclova, Coahuila, corría la especie de presencia de camionetas del cártel del Noreste, y que estaban evacuando el centro de la ciudad y la Presidencia Municipal. Las versiones eran verosímiles. En Culiacán manda el cártel de Sinaloa, y en Coahuila, el cártel del Noreste está estirando su músculo.

Los rumores forzaron al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a informar a través de Twitter que era falso, y que la policía estatal lo había corroborado en recorridos que hicieron para corroborar las versiones. En Monclova, de acuerdo con personas con acceso a información, se debió a un desalojo en la Fiscalía estatal por una amenaza de ataque, que llevó a las autoridades a cerrar las calles como prevención y a desplegar policías municipales armados sobre los techos.

La sicosis de apoderó de esas ciudades norteñas. El metabolismo parece haber cambiado desde el 17 de octubre, “el jueves negro”, como lo recuerdan los culichis, o “El Culiacanazo”, como se le conoce en el resto del país. Desde aquel día, la situación de la inseguridad se ha deteriorado, no únicamente en percepción. Después de la derrota de las fuerzas federales ante poco más de un centenar de paramilitares al servicio del cártel de Sinaloa, en la frontera de Sonora con Chihuahua, una célula de la organización criminal La Línea, que fue brazo armado del cártel de Juárez, asesinó a tres mujeres y seis de sus hijos de la familia LeBarón, con una saña que no se había visto.

Las autoridades no tienen ningún detenido que haya participado en “El Culiacanazo”, ni el Ejército, que tomó la derrota como personal se sintió agraviado porque detuvieron a militares como presión para que el Gobierno cancelara la detención de Ovidio Guzmán López, ha retomado la línea de recaptura. A la Marina, a la que se le encargó hace meses de detener a José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, que se dedica al huachicol en El Bajío, se le escapó hace dos semanas, después de haberlo tenido cercano en octubre. La investigación sobre la matanza de la familia LeBarón ha resultado tan deficiente, que aún no terminan los peritajes balísticos, ni han podido judicializar a los criminales de La Línea que detuvieron.

Todo esto parece la crónica de un colapso del Estado Mexicano, el del Gobierno en materia de seguridad, y la victoria de las organizaciones criminales que, además, empiezan a batirse para arrancarse plazas y ampliar su control territorial. Las autoridades parecen floreros parlantes que tratan de ocultar la violencia con una frase, pero los índices de violencia suben cada mes. Un análisis de la consultora Glac sobre los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, volvió a romper los niveles históricos en octubre. De ocho delitos, solo el secuestro del fuero federal mejoró. El homicidio doloso subió 2.19%, el homicidio doloso con arma de fuego 2.91%, el feminicidio 11.96%, el secuestro del fuero común 9.35%, la extorsión 35.23%, las lesiones dolosas 6.57%, y los delitos patrimoniales 35.32 por ciento. En el total, la incidencia delictiva subió 8.77 por ciento.

El debate sobre los datos de incidencia delictiva en el cual está enfrascado el Gobierno con los expertos y los medios, contaminó a la economía. La última encuesta del Banco de México entre especialistas del sector privado, donde se recortó la expectativa de crecimiento para este año, muestra por primera vez el realineamiento de las tres principales razones de la incertidumbre a aspectos directamente asociados con la gobernanza. El 21% de las respuestas consideró como razón de la baja en el crecimiento la incertidumbre política interna, el 18% de las respuestas identificó a la inseguridad pública, y el 15% la incertidumbre sobre la situación económica interna.

El estilo vertical y personalísimo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador genera la incertidumbre en todos los frentes. Cuando una sola persona decide la suerte de 130 millones de personas, los riesgos de que se equivoque en la decisión se multiplican tanto como el impacto que puede tener sobre el colectivo. Esa verticalidad en la decisión cruza todas las variables sobre la certidumbre del liderazgo, una de las cuales está en entredicho y cuestionada, es la estrategia de seguridad.

El Presidente se mantiene inamovible. Dice que las cosas van bien y que su política de seguridad es la correcta. Su postura es desde un punto de vista moral, que no es parte de las variables con la que se mide el funcionamiento y los resultados de un Gobierno. Pero es inútil discutir con el Presidente sobre la base de las razones, porque en automático llueven las descalificaciones. Si las cosas le salen mal, es culpa del pasado, como dice de la seguridad, o de los gobernadores que no hacen nada por combatirla, como perfiló esta semana sus nuevos enemigos.

Al final podrá seguir predicando sobre lo que ya no es para ocultar sobre lo que es. Y esto es el avance de los cárteles de la droga para control territorial en el país, incertidumbre social ante el abandono institucional, que lleva a la zozobra y, ante la angustia y ansiedad, proliferando los rumores, la inestabilidad. La sociedad no es la única vulnerable. Quienes quieren hacer negocios se encuentran en la misma situación. No hay quien garantice sus inversiones. El Gobierno, al claudicar en varias ciudades, es irrelevante. Los criminales, aún no actúan como los señores de la guerra de Asia y África, y se vuelven interlocutores válidos de los inversionistas. Es el peor de los mundos para los inversionistas y para los mexicanos en general.
04 Diciembre 2019 04:08:00
Motocicletas asesinas
En la última semana, dos asesinatos han sido de alto impacto. Uno fue el de Abril Pérez Sagaón, que tiene cimbrada a la opinión pública desde que se cometió hace 10 días, y el otro fue el de Bryan del Pardo, que tuvo una fama efímera por su participación en un exitoso programa de TV Azteca, la madrugada del domingo pasado.

Los casos están totalmente desvinculados salvo por el método empleado en su ejecución: fueron realizados a bordo de una motocicleta, donde viajaban dos personas. La prominencia de ambos crímenes han relegado la manera como se hicieron, que sin ser un procedimiento nuevo, subraya la tendencia de cómo la delincuencia está empleando otras formas de ajustar cuentas de una manera rápida, sorpresiva y que les permita escapar.

Cualquier conductor en la Ciudad de México habrá notado un número creciente de motocicletas en la capital, que se desplazan de manera arbitraria por todos los carriles, en las vías de alta velocidad, o serpenteando por las calles.

No se trata ya de motociclistas de paquetería o comida rápida, sino de aquellos que por razones económicas y de tiempo, han optado por ese tipo de transporte. Entre 2013 y 2017, el Inegi reportó un incremento de 90% en el número de motocicletas en el país, pasando de un millón 900 mil a 3 millones 500 mil unidades. No hay un reglamento especial para motocicletas cuando menos en la capital, y la normatividad, que tiene que ver con la movilidad, es de 2015.

Los asesinatos de Pérez Sagaón y del Prado son los últimos registrados con este método en la capital. Reportes extraoficiales señalan un incremento en el número de asesinatos dolosos con este método que, en la Ciudad de México, asocian con un mayor número de centroamericanos y asiáticos. Sin embargo, no se puede concluir que el método es importado.

Hace un año, por ejemplo, fue asesinado en Coyoacán Jesús García Vallejo, el abogado del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, que purga una sentencia por delitos relacionados con el crimen organizado. En Coyoacán, la misma alcaldía donde mataron a Perez Sagaón y a Del Prado. Pero tampoco puede establecer, con la información disponible, que eso revele un patrón.

El fenómeno es nacional. Un análisis comparativo realizado por Índice Glac el año pasado, estableció que el uso de motocicletas en la logística delictiva incrementa los delitos contra la integridad física y el patrimonio de las personas, y observó la existencia de una correlación entre el crimen y el robo de motocicletas.

En el ranking que correlaciona los homicidios dolosos y el robo de motocicletas hasta octubre de este año, las entidades donde el fenómeno es más grave son Baja California, donde la correlación es 0.95, seguida de Puebla y Tabasco (0.87), Veracruz y la Ciudad de México (0.82). En el caso de la capital federal, la tasa acumulada de motocicletas robadas en la Ciudad de México hasta julio fue de 16.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de homicidios dolosos fue de 10.3.

El crimen en motocicleta no es un fenómeno nuevo. En 1984, dos sicarios pagados por Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, asesinaron desde una motocicleta al ministro de Justicia colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, en Bogotá.

La publicación Insight Crime reportó en agosto de 2015 que en los tres años previos mil 537 guatemaltecos habían sido asesinados por criminales motorizados, y otros 699 habían resultado heridos, que contribuyeron a un incremento de 50% de homicidios dolosos en esa nación. Ese mismo año en Ecuador, el número de asesinatos por parte de “motiristas” era de nueve al día, con lo que sumaron en los primeros siete meses de 2015, el 15% del total de crímenes en el país.

El uso de sicarios motirizados es común en América Latina. En Centroamérica ha sido una táctica desarrollada por las pandillas, como los maras salvadoreños, que han comenzado a instalarse en la zona de Tepito. No hay un consenso sobre cómo enfrentar ese método, y se han probado varios sin que hayan perdurado.

Cuando se popularizó el sicariato motorizado en Colombia, las autoridades en Medellín prohibieron que viajaran hombres en ese tipo de transporte, y después de varios años, un tribunal revocó la medida. Hace 10 años, el entonces presidente guatemalteco, Álvaro Colom, prohibió que viajaran dos personas en motocicleta –uno maneja y el otro dispara–, pero su sucesor Otto Pérez Molina revocó la restricción.

El fenómeno del sicariato motorizado ya se instaló en México, y muy pocos han reparado en los riesgos que entraña. Uno de los escasos es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que ha tenido conversaciones a nivel federal sobre la posibilidad de prohibir todas las motocicletas en su estado.

Si esa fuera una solución eficaz, seguramente ya lo habría hecho. Lo mismo se podría decir de Tabasco. Si el total de homicidios dolosos es llevado a cabo casi en su integridad por asesinos en motocicletas, si se prohibiera ese tipo de vehículo se acabaría con el homicidio doloso. Sin embargo, no hay soluciones lineales, y mucho menos cuando la opción por las motocicletas están relacionadas con factores económicos.

De cualquier forma, las autoridades tienen que comenzar a analizar las tendencias de homicidios dolosos desde motocicletas y atajar ese tipo de crimen antes de que los desborde. Cómo se puede hacer, es algo que se tiene que estudiar desde diversos ángulos.

La contracara es qué sucederá entre la población, si proliferan este tipo de asesinatos. En la calle, en el tráfico, en los congestionamientos, se sentirán como un pato sentado en espera que le disparen. El pánico ante esa posibilidad será mayúsculo y generará tensiones sociales adicionales. No hay que esperar a que eso suceda.
03 Diciembre 2019 04:07:00
La gran pesadilla
Hoy, la polarización todavía está en el terreno del discurso. Eso sí, brutalmente violenta y ruin, empapada de primitivismo en las redes sociales. Aquí no hay buenos y malos. Todos de los que participan en esa dinámica destructiva, son miserables. Y no parece que cambiará. ¿Para dónde vamos? Imagine la mañana siguiente a las elecciones presidenciales de 2024, en este clima de linchamiento e irracionalidad. Quien gane enfrentará a un bloque de personas llenas de odio, cultivada por la guerra de clases que la retórica oficial construyó. Un alto número de ellas, según las tendencias electorales, estará no solo contra el proyecto contrario, sino quizás, fuera de las redes, se opondrá en las calles a la mano, a la victoria enemiga. Este es un escenario realista, dadas las condiciones en que vivimos. Si hoy creemos que la polarización nos arrolla, la pesadilla que viene, si no hacemos algo, ni siquiera la imaginamos.

Los síntomas fueron detectados en la última encuesta de aprobación presidencial de El Financiero. Alejandro Moreno, jefe del departamento de demoscopia, explicó el viernes cómo la brecha ideológica, llevada al primer plano por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está ensanchando. Hace un año, 84% de los encuestados se declaraba de izquierda, y 79% de derecha. Para finales de noviembre, la diferencia era de 18 puntos porcentuales, que si se midiera en votos, serían aproximadamente 9 millones de personas las que se radicalizaron.

“La aprobación de AMLO permanece alta y estable, por lo menos en la superficie”, escribió Moreno. “Debajo de las aguas plácidas del 68% de apoyo, las encuestas revelan corrientes que se mueven hacia lados contrarios, de una manera, hay que decirlo, polarizante”. El mayor efecto diferenciador se encuentra por grado de escolaridad, donde López Obrador perdió principalmente el apoyo de los universitarios, aunque elevó el respaldo entre aquellos de educación básica, donde se ubican varios de los grupos beneficiarios de los programas sociales. Regionalmente, el país también se partió: la brecha es de 18 puntos. En el sur, al que tanto voltea López Obrador, el apoyo se mantiene leal, pero en el Centro-Occidente, mayoritariamente zonas urbanas y de clases medias, es donde menos respaldo tiene.

Las tendencias son preocupantes, porque no hay nadie con representatividad que esté alertando sobre los peligros que se están construyendo en la sociedad. La polarización daña la democracia y beneficia a quienes tienen el poder, que pueden administrarla y utilizarla para su beneficio. López Obrador ha sacado provecho de su táctica polarizadora para ir desmantelando al Estado, levantado sobre bases democráticas, e ir construyendo su Estado, aprovechando los avances de la democracia para anularla. 

La polarización, evocando la obra del politólogo italiano Giovanni Sartori, genera muchas veces fuerzas centrífugas que borran al centro. Los extremos dominan sin puentes que los conecten, por lo que se aíslan en su etnocentrismo. Los estudios de Sartori, que dieron nacimiento a su obra, se enmarcaban en un sistema de partidos, que ha ido perdiendo fuerza y relevancia en los últimos años. Pero no es la única forma de polarización, como en México lo experimentamos diariamente. El planteamiento presidencial, repetido miméticamente por sus cercanos y por las estructuras de altoparlantes que tienen esparcidos en la opinión pública, plantea la división irreconciliable entre lo tradicional y lo moderno, lo nacionalista frente a lo globalizado, lo religioso ante lo secular, traducido a las masas como cruzadas contra la corrupción, la reivindicación de los pobres, y el final de los privilegios de un modelo neoliberal.

En algunos países, la polarización rebasó el ámbito político y se incrustó en lo social, donde, como por ejemplo Caracas, muy citada en diversos estudios, hay barrios completos segregados en esa capital donde la identidad política divide a la población. En México ya se ve esa división por identidad y sentido de pertenencia. El oriente y el poniente de la zona metropolitana de la Ciudad de México es un ejemplo; el sur versus el resto del país. En México, a diferencia de Venezuela, donde la apatía de unos benefició a la beligerancia ideológica de los otros, la oposición a López Obrador ha crecido, no mermado, y ha elevado el tono de su discurso, equiparándose a la sonoridad con la que les responden.

Como demostró la encuesta de El Financiero, lejos de detenerse estos dos trenes, avanzan a toda velocidad rumbo a la colisión. No hay nadie con representatividad, hay que insistir, que esté pensando en el día siguiente y no en el mañana inmediato. Las respuestas, cuando se hacen las preguntas, son infantiles: yo no empecé, fue la otra parte. El encono marca el momento, pero no tiene que definir el futuro. Si permanecemos insensible y lejanos al fenómeno que alimenta el odio, pagaremos todos por culpa de todos que no frenamos a los pocos que lo estimulan.

Hay tiempo, ciertamente poco al ver los comportamientos mexicanos, para hacer algo. La reconciliación no debe ser un acto de fe ni un discurso fácil, sino un ejercicio de construcción real. No hay en estos momentos actores que puedan construir los puentes necesarios, rotos mucho antes de que llegara López Obrador a la Presidencia. Se necesita un mecanismo, quizás integrado como un consejo que tenga interlocución con las dos partes, para sentarlas y que se empiecen a tener confianza -generando certidumbre política, no acto de fe-, dialoguen y construyan las condiciones para un reencuentro nacional. No se trata de un modelo de negociación transicional, sino uno que evite que la transición democrática se termine de descarrilar, y tengamos la impronta de un autoritario, que alimentaron todas las partes.
29 Noviembre 2019 04:08:00
El humor social con López Obrador
El humor social de los mexicanos se ha venido agriando con los años. Desde que se comenzó a medir en los 90, los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que vivieron magnicidios, levantamientos armados y una profunda crisis económica, experimentaron molestia con los gobernados, pero nunca llegaron a estar en niveles negativos. Vicente Fox fue una bomba, y al tomar posesión 8 de cada 10 mexicanos lo apoyaban. Decepcionó rápidamente, pero no se colapsó. Felipe Calderón se mantuvo en la franja positiva hasta que lo arrastró la crisis financiera global de 2008-2009, que por primera vez llevó a un Presidente a niveles negativos. Enrique Peña Nieto asumió el poder con la molestia acumulada, y su mejor momento en el humor social, fue el peor que tuvo Calderón. 

Andrés Manuel López Obrador recogió y su victoria electoral fue un día de campo. Obtuvo un histórico  53% del voto, aunque insuficiente para lograr uno político e ideológico a su favor. Hubo muchos votos de castigo, documentados por las encuestas, que le abultaron de sufragios las urnas. No pareció tan importante sacar al PRI de la Presidencia, como expulsar a una generación de priistas que por omisión o comisión, se convirtieron en símbolo de la mediocridad, la ineficiencia y la corrupción. 

Las uvas de la ira contra Peña Nieto fueron aumentadas con algo en donde su Gobierno no tenía nada que ver, los sismos del 19 de septiembre de 2017, donde de acuerdo con la herramienta del Inegi que mide el sentimiento de las conversaciones en Twitter, había sido “el día más triste” en la vida de los mexicanos. El índice de 1.51 puntos que había registrado, parecía imbatible, hasta el 18 de octubre pasado, cuando el sentimiento en esa red social cayó hasta 1.21 puntos. 

En la víspera había sucedido el culiacanazo, cuando ante el desastre de la operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y extraditarlo a Estados Unidos, el Presidente autorizó que lo liberaran porque de otra forma, analizó, habría habido pérdida de vidas inocentes. La derrota del Estado mexicano ante el Cártel de Sinaloa, que se movilizó para evitarlo, partió al país y, de acuerdo con expertos en opinión pública, rompió el blindaje que cubría a López Obrador.

El Presidente ha identificado ese día como uno de los cinco más difíciles que le ha tocado enfrentar en su Gobierno. Las cosas parecían no haber vuelto a ser como antes. Sin embargo, no era así. El humor social de los mexicanos con relación a López Obrador había venido mostrando una caída -o enardecimiento- desde que tomó posesión hace casi un año. De acuerdo con un amplio reportaje publicado en la edición impresa de Eje Central, “desde que el tabasqueño se alzó con el triunfo se han impuesto tres nuevos récords en el desánimo de los internautas”.

“El primero, según la plataforma del Inegi”, encontraron los reporteros de Eje Central, “tuvo lugar el 29 de octubre de 2018, al día siguiente de que se anunciaran los resultados de la consulta en la que ganó el proyecto de Santa Lucía y se canceló la construcción del aeropuerto en Texcoco”. En esa ocasión, aún como presidente electo, López Obrador dio un manotazo sobre la mesa y estableció, como antes y después lo frasearía, que los empresarios no volverían a gobernar. Sería él, como jefe del Ejecutivo, quien mandara. El golpe de timón fue claro para todos, pero tuvo consecuencias que se sienten hoy en día. Según Jorge Buendía, director la empresa de opinión pública Buendía, Laredo y Asociados, que realiza estudios demoscópicos para inversionistas mexicanos y extranjeros, aquella decisión provocó la pérdida de confianza del sector privado, cuya falta de inversión causó que el crecimiento económico para este año sea nulo.

La decisión fue celebrada por muchos, pero el sentimiento de los mexicanos contradecía la percepción que construyó López Obrador. Aunque ese día hubo 60% de comentarios positivos contra 40% de negativos, con un índice de 1.49 puntos”, reveló el reportaje de Eje Central. “Ese día, el humor social bajó dos décimas de punto”. Nadie registró en su momento la forma como el país, visto a través de las redes sociales, se dividió. El registro del Inegi lo colocó por debajo del humor social de Peña Nieto tras los sismos, cuando venía en caída libre su gobierno, envuelto en acusaciones de corrupción, incompetencia y creciente violencia, lo que habla de la relevancia de las decisiones y acciones que tomó López Obrador antes incluso de llegar al poder.

“López Obrador no llevaba ni dos meses despachando como Presidente cuando ocurrió otra tragedia que pegó en el ánimo de los usuarios de las redes sociales”, reportó Eje Central. “El 19 de enero, al día siguiente del estallido de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó más de 100 personas muertas, el estado de ánimo cayó a 1.45 puntos, resultado de un 59% de comentarios positivos contra 41% negativos”. El culiacanazo fue la tercera caída histórica en el índice del Inegi, que empezó a mostrar el ánimo en las redes sociales el 1 de enero de 2016, tras registrar 55% de comentarios positivos contra 45% negativos.

Este sentimiento no se registra en la encuesta de El Financiero y otras realizadas por las casas especializadas, donde el promedio de aprobación de López Obrador es de 68%. Sin embargo, algo serio están diciendo. Las tres caídas son altamente significativas y deberá estudiar qué es lo que está haciendo mal para corregir. De otra forma, como perfila el primer año de su gobierno, se va a llevar una sorpresa. La peor, que termine con un coraje tan grande como el que acumuló Peña Nieto y frustre su proyecto de nación.
28 Noviembre 2019 04:07:00
El petate del muerto
Una vez más, el presidente Donald Trump puso de cabeza al Gobierno mexicano. Una declaración a un comentarista ultraconservador, su amigo Bill O’Reilly, donde afirmó que designaría como “terroristas” a los cárteles de la droga, metió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en un torbellino. Fue un golpe por debajo de la línea de flotación de un Gobierno con el cual dice López Obrador mantiene una extraordinaria relación, que es autoinfringido. Hace más de un año está esa discusión en Estados Unidos –que ignoraron hasta ahora– y que está en línea con la crítica permanente de Trump, que lo que está haciendo el Gobierno para controlar la violencia de los cárteles, no sirve para nada.

La declaración de Trump es reciclada. El 12 de marzo, Trump concedió una entrevista a los editores de Breitbart News, en medio de la crisis de migración con México, donde reveló que su Gobierno estaba pensando “seriamente” en designar a los cárteles mexicanos como “terroristas”. En la entrevista con O’Reilly, inmersa en el contexto del juicio político al que quieren someterlo en el Capitolio en vísperas de iniciar la campaña presidencial, Trump dijo que llevaba tres meses analizando esa reclasificación. No obstante, diplomáticos consultados en Washington dijeron que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado estaban enterados de lo que planteó el Presidente. Es decir, como muchas cosas que hace, fue una posición no analizada, revisada o planificada.

Sin embargo, por espontánea que sea la declaración, el Gobierno mexicano no puede minimizarla. Si su reacción inicial fue confusa –como el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores el martes– o principista –como la de López Obrador y Ebrard– tiene que ubicarse en las circunstancias que vive Trump para atajar sus amenazas. Como en el caso de la imposición de nuevos aranceles en mayo, pese a que en aquella ocasión la respuesta mexicana fue de pánico al acceder a sus pretensiones sin revisar lo que habían hechos gobiernos anteriores ante situaciones similares, se tiene que visibilizar el problema, elevando los costos políticos que una decisión de esa naturaleza conllevaría.

La Cancillería mexicana sabe los antecedentes y las conclusiones sobre esta propuesta, discutida desde el año pasado en Washington, donde después de analizar una vez más –el Gobierno de Barack Obama se lo propuso a los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– la reclasificación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que al considerarlos el Departamento de Justicia como dos de las principales amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos cumplen con la tipología, fue desechada. Esto le sirve para sus argumentaciones privadas con la diplomacia estadunidense, pero públicamente tiene que desarrollar una estrategia pública.

Si Trump tiene el respaldo político o diplomático para hacer la reclasificación –se requiere el dictamen del Departamento de Estado, del de Justicia y del Tesoro– en este momento, es irrelevante. El proceso, después del primer análisis jurídico y financiero que se tiene que hacer, demora únicamente siete días, y aún si no lo tuviera, el Gobierno de Estados Unidos tiene enormes recursos políticos para llevar a cabo los objetivos que busca.

En 1990, mercenarios contratados por la DEA, secuestraron al doctor Humberto Álvarez Machain de su consultorio en Guadalajara, y se lo entregaron a la DEA en El Paso, para que lo juzgaran como cómplice en el asesinato de su agente, Enrique Camarena Salazar en 1995. El Gobierno mexicano, confrontado con Estados Unidos, ni se enteró. Tres años después, la Suprema Corte de Justicia de esa nación, dictaminó que las leyes de su país tenían extraterritorialidad. El Acta Patriota de 2001, tras los atentados terroristas en 2001, otorgó facultades excepcionales al Ejecutivo de EU, como nunca las habían tenido, incluso en tiempos de guerra.

La definición clásica de terrorismo es el uso de violencia e intimidación, principalmente contra civiles, con fines políticos. La definición que tiene el Departamento de Estado es más general: es toda organización que amenaza a los ciudadanos de Estados Unidos o atenta contra la seguridad nacional de ese país. Bajo esta definición, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, serían terroristas. Además, el cártel de Sinaloa –cuando el CJNG aún no se escindía de él– tenía relación con las FARC, la narcoguerrilla colombiana que fue designada como “terrorista”. Las dos organizaciones criminales tienen características asociadas con el terrorismo, como el control total de ciertas zonas del país –que lleva a un estado fallido– utilizan tácticas terroristas y tienen redes clandestinas utilizadas también por terroristas.

Por ello, en el contexto político actual en el que se encuentra Trump, se tiene que actuar rápidamente. El Gobierno debe tratar el petate del muerto de Trump como una amenaza real, para lograr que sea eso, un lance que no lo llevará a ningún lado. Política y diplomáticamente, debe proceder con celeridad en los campos público y privado para evitar, por un lado, que se contamine la difícil discusión para la ratificación del acuerdo comercial norteamericano, y por el otro, para acotar a un presidente que está herido, por el juicio político.

No hay nada más peligroso a una persona que lucha por su sobrevivencia, que aquella que, además, actúa con aparente irracionalidad y sin importarle el daño colateral que puede hacer a cualquiera, con tal de alcanzar sus metas. Trump quiere reelegirse presidente, y el tema del narcotráfico le ha sido electoralmente útil. En este tema, México ha sido su piñata, y si no se le frena, lo será durante todo el próximo año, afectando imagen, inversiones, la economía y la estabilidad. Eso no se puede permitir. Tampoco, la pusilanimidad que han tenido hasta ahora.

27 Noviembre 2019 04:07:00
Lo que costó no pagar
Desde hace casi 60 años, la vida de la familia Alemán se mide públicamente en dígitos. Forma parte de una leyenda construida sobre realidades desde que Miguel Alemán Valdés asumió la Presidencia en 1946. Alemán Valdés, un cachorro de la Revolución y el primer mandatario sofisticado, cultivado y técnicamente entrenado para dirigir, transformó a México y lo industrializó, pero siempre obteniendo una pequeña parte de todo para ir amasando su fortuna.

Impulsó la minería y se quedó con parte del negocio; abrió las transmisiones de televisión y se quedó con un paquete de acciones de Telesistema Mexicano, hoy Televisa; impulsó el turismo y se quedó con propiedades en Acapulco, que él construyó, y donde desde los primeros días en Los Pinos empezó a comprar terrenos que hoy valen millones de dólares. El turismo y el negocio de los bienes raíces fue lo suyo durante y después de la Presidencia.

Compró a precio de remate lo que hoy es Ciudad Satélite, urbanizó terrenos en Cuernavaca, en una parte del Bosque de Chapultepec y ganó millones al fraccionar Polanco.

En un amplio reportaje en The New York Times publicado en 1978 por su legendario corresponsal Alan Riding, sobre la reducida pero opulenta aristocracia mexicana, escribió: “Aunque algunas personas han sido vastamente exitosas a través de la Iniciativa Privada, el camino más rápido a la riqueza en este siglo ha sido la política. Algunos de los generales victoriosos de la Revolución fueron capaces de fundar imperios empresariales en los 20 y aún sobreviven, pero la mayor parte de las fortunas políticas se hicieron desde el Gobierno de Miguel Alemán Valdés, que fue Presidente de 1946 a 1952, y quien es uno de los mexicanos más ricos”.

Ryan Alexander, en una tesis doctoral en la Universidad de Arizona en 2011, intitulada Los Hijos Afortunados de la Revolución Mexicana: Miguel Alemán y su Generación, 1920-1952, lo describe en un pasaje de su trabajo: “Ya fuera como anfitrión de presidentes de Estados Unidos en su propiedad en Acapulco, cenando con la realeza británica, navegando en su yate con Frank Sinatra o permitiéndose los más elegantes alojamientos en París o Venecia con su amante y séquito. El expresidente, como impulsor del turismo, como un socialité elegante, prominente empresario y eventualmente un viejo estadista, permaneció como una importante figura política por décadas, y construyó su leyenda en importantes maneras”.

Durante décadas, el apellido Alemán fue sinónimo de riqueza, pero nunca como ahora, sus fortunas habían quedado expuestas desde las historias del patriarca de la familia, como ahora, cuando su nieto, Miguel Alemán Magnani, empezó una guerra con Televisa para ganar espacios políticos –no hay otra explicación lógica– y eventualmente evitar penalidades económicas millonarias tras el incumplimiento del contrato de compraventa de Radiópolis y de la pena convencional adherente a él.

El embargo que le dictó un juzgado civil de la Ciudad de México, al igual que a su empresa, Corporativo Coral, abre una gran puerta en la documentación legal para conocer lo que él, no el resto de su familia, posee. El embargo, que incluyó su casa en Bosques de las Lomas, también abarcó, como se conoce, la empresa que es propietaria de Interjet –donde su hermana es socia importante– y su centro de mantenimiento en el aeropuerto de Toluca, y una cadena de propiedades en todo el país.

Si Alemán Magnani no tiene líquido, su fortaleza económica está en las propiedades inmobiliarias.

De acuerdo con los documentos, es dueño de propiedades cuya superficie rebasan los 16 millones de metros cuadrados. Entre los urbanos se encuentra Antara Polanco, uno de los centros comerciales con mayor plusvalía en toda América Latina y Satélite Apolo, una plaza comercial contigua a Plaza Satélite. En Acapulco es propietario de Comercial Guitarrón, que tiene centros comerciales y restaurantes, así como de dos plazas, Marbella y La Vista. En la Paz, Baja California Sur, cuenta con dos bodegas y en Cozumel, Quintana Roo, con un terreno también listo para ser comercializado, de más de 80 mil metros cuadrados.

Sin haber sido aún comercializados o fraccionados, Alemán Magnani mostró en los juzgados la propiedad de dos inmobiliarias en Acapulco que tienen 170 mil metros cuadrados, totalmente urbanizados, que se encuentran en la punta de esa zona, entre Puerto Marqués y la playa de Revolcadero. En la misma zona, pero sin servicios ni accesos, cuenta con dos terrenos de 150 mil metros cuadrados, en la zona de Puerto Marqués. Nada, sin embargo, como los casi 15 millones de metros cuadrados que tiene en Bahía Balandro, Baja California Sur, una belleza en el canal de San Lorenzo, al norte de La Paz, que es una zona natural protegida, por lo que el empresario está inmerso en un proceso relacionado con invasiones y traslapes de límites territoriales.

Ni el embargo, ni las propiedades mostradas en juzgados, incluyen las propiedades que tiene Alemán Magnani, o su familia, en el extranjero, como sus casas en Nueva York, Los Ángeles, Breckenridge –un poblado en la zona de Vail y Aspen en Colorado, pero más exclusivo y hermoso que esos famosos destinos turísticos– y París. En los documentos no se detalla el valor total de las propiedades que sí forman parte del caso, que quizás sólo conozcan con amplitud sus financieros y la familia.

Desnudar las finanzas de los Alemán es volver a ubicar en el imaginario colectivo la historia negra de lo que fue su abuelo, resultado directo de haberse embarcado en una aventura empresarial en donde, parece hoy claro, no tenía el dinero para concretarla ni para cancelarla.

26 Noviembre 2019 04:07:00
Miguel Alemán vació sus cuentas
Miguel Alemán Magnani se pintó la cara de guerra y se metió al campo de batalla a pelearse con Televisa. Su primera acción fue mediática, a través de un desplegado en varios de los periódicos de la Ciudad de México, que sin duda seguirá con un recurso legal en su defensa.

Alemán Magnani incumplió con el contrato establecido para la compra de Radiópolis, una cadena de estaciones de radio con larga tradición y fama, y sin negar que sí infringió los acuerdos, declaró el pleito por razones que se desconocen.

Sin embargo, hay evidencias que el empresario esperaba que Televisa lo demandara y se preparó para ello. Televisa*, en efecto, actuó en consecuencia y, como había anticipado el 25 de octubre, lo demandó.

El miércoles pasado, el Juzgado 9 de lo Civil de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el juicio ordinario mercantil, dictó la retención de bienes y medidas de aseguramiento, que afectaba a Alemán Magnani y a Corporativo Coral, la empresa responsable de la operación de compra de Radiópolis.

El viernes, el Juzgado 41 de lo Civil, donde se lleva el juicio ejecutivo mercantil, lo emplazó a juicio y dictó el embargo por no haber pagado la pena convencional por la ruptura del contrato, como la habían acordado el 29 de agosto pasado. La historia de este conflicto se ha ventilado ampliamente en los medios de comunicación.

El 17 de julio, Televisa suscribió con Alemán Magnani y Corporativo Coral un contrato de compraventa del 100% de las acciones que tenía la televisora en Radiópolis –que corresponden al 50% del total; el otro 50% es del consorcio español Prisa–, por un monto de mil 248 millones de pesos, que sería liquidada en dos pagos, uno a la fecha de cierre de la operación el 28 de agosto, por la mitad del monto (624 millones), y el restante seis meses después de esa fecha.

Al no presentarse los compradores a la fecha de cierre, Alemán Magnani y Corporativo Coral suscribieron una pena convencional por 624 millones de pesos para prorrogar el pago y para el caso de un nuevo retraso en el cumplimiento, hasta el 20 de septiembre.

Ante el nuevo incumplimiento, Televisa demandó en un juzgado el cumplimiento forzoso de la compraventa de acciones, que era un candado que había pedido el propio Alemán Magnani para evitar que la televisora se retractara, y en otro, el pago de la pena convencional.

De acuerdo con los documentos de los contratos, el pago de la pena convencional fue establecida como un pagaré que no podría ser entendido como instrumento de pago alguno del precio a pagar, o como medio liberatorio de obligaciones. Cuando suscribió este documento Alemán Magnani, se puede conjeturar, buscaba dar certidumbre a la operación.

Las cosas fueron cambiando bruscamente y de manera acelerada. Alemán Magnani, que tiene como abogado a Javier Quijano, un jurista tan brillante en su materia como astuto en litigar mediáticamente, utilizó esta vía como la primera trinchera de su defensa.

En esta batalla mediática, Alemán Magnani acusó a Televisa de exigir un “doble pago”, y que pretende, señaló en el desplegado, “conservar las acciones, recibir los dividendos, ejercer los derechos de voto de Sistema Radiópolis y congelar los fondos de los demandados”.

Esta disposición fue ordenada por el Juzgado 9 la semana pasada, por lo que el empresario señaló también a la jueza Magdalena Malpica de estar haciendo favores a la televisora.

El Juzgado también le pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, congelar todas las cuentas a nombre del empresario y de Corporativo Coral. Pero lo que encontraron las autoridades fue una sorpresa.

De acuerdo con los reportes de la CNBV, se intervinieron 91 cuentas de Alemán Magnani y de Corporativo Coral en un número similar de instituciones bancarias y financieras y se encontró que no había fondos.

Es decir, no pudieron congelar nada porque estaban en ceros o, en poco más de una decena de casos, no hubo respuesta de las instituciones. Dentro de las acciones de la CNBV se intervino en cuando menos una veintena de instituciones financieras y casas de bolsa extranjeras, de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Inglaterra, Hong Kong, China y Japón.

Alemán Magnani, como persona física, y Corporativo Coral, como persona moral, ambos demandados, limpiaron sus cuentas antes de que procediera el congelamiento de ellas.

En qué momento transfirieron sus recursos a otros lados que aún no han sido detectados, se desconoce, pero no va a ser imposible que se rastreen. No se sabe cuánto dinero fue retirado de las 91 cuentas, ni hay una estimación por parte de las autoridades, que se conozca, de cuánto tenían depositado en ellas.

En cualquier caso, esta acción protectora de sus recursos no habla bien de Alemán Magnani, que viene de una familia de prosapia, cuyo abuelo, Miguel Alemán Valdés, fue presidente y emprendió la segunda gran industrialización del país hace casi 60 años, un periodo de modernidad, expansión y diversificación, aunque la otra cara de la historia es la corrupción que proliferó en su sexenio, ampliamente documentada por la revista Presente, que dirigía Jorge Piñó Sandoval, y que fue clausurada cuando se volvió intolerable para el régimen.

La historia negra de Alemán Valdés llevó décadas limpiar, trabajo en el cual se embarcó con éxito la Fundación “Miguel Alemán”. El nombre, de linaje político y empresarial, no se había visto involucrado en ningún escándalo durante décadas hasta ahora, que el nieto ha quedado atrapado en un litigio escandaloso que apenas comienza.

* Para efectos de transparencia, quien esto escribe conduce también un noticiero en Foro TV y forma parte de la mesa de análisis Tercer Grado de Televisa.
25 Noviembre 2019 04:07:00
La Marina, castigada
El secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, refrendó el sábado, en el Día de la Armada, su lealtad absoluta al presidente Andrés Manuel López Obrador “bajo cualquier circunstancia”. En respuesta, el Presidente lo colmó de miel y dijo que desde el sexenio pasado le correspondía ser secretario de la Marina, “respetando los escalafones, pero por cuestiones que no viene aquí señalar, se le hizo a un lado y se estaba cometiendo una injusticia”.

El almirante sabe que eso no es cierto, no porque en efecto le pasaran encima, de acuerdo con su carrera, sino porque el propio López Obrador hizo lo mismo con el actual secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, al ignorar que una veintena de generales estaban por encima de él en el escalafón.

Pero la institucionalidad se paga con amor público, que es lo único que tiene la Marina hoy en día del Gobierno lópezobradorista.

Desde hace tiempo, el almirante Ojeda es una figura decorativa. Es parte de la primera línea del Gabinete de Seguridad, aunque lo tienen de reservista. Lo muestran, pero no le piden mucho. Normalmente aparece en el asiento de atrás, y aunque es una fuerza a la par del secretario de la Defensa, predomina la percepción que es subordinado. Incómodo para la Marina, que durante la última década se colgó medallas por su exitoso –y letal–, combate contra los cárteles.

La marginación de la Marina ha sido notable. La exclusión más notoria fue dejarla al margen del operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los marinos fueron solo figuras decorativas en las conferencias de prensa del Gabinete de Seguridad para explicar las razones de la acción fallida.

Haber sido relegada en un caso que involucraba al cártel de Sinaloa, fue una afrenta, por haber sido por más de una década su responsabilidad.

La Marina generó la inteligencia para golpearlo e intercambiaba información con agencias de inteligencia de Estados Unidos, que preparó a sus comandos de élite. Todo ello fue tirado prácticamente a la basura. “No les tiene confianza”, dijo un colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Los ha hecho a un lado por su cercanía con Estados Unidos”.

La Marina desarrolló una cercanía con las agencias de seguridad y los cuerpos de élite estadunidenses desde hace casi 15 años. Durante el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando cambió los términos de la cooperación bilateral de seguridad, la Marina se rebeló y mantuvo su colaboración.

La captura de “El Chapo” Guzmán en Mazatlán en febrero de 2014, la ejecutaron comandos de la Marina, que iniciaron la operación sin informar al Gobierno y la realizaron con el apoyo de la CIA, que aportó los drones para monitorear las comunicaciones, y de la Oficina de Alguaciles (US Marshall), quienes interpretaron la información de los drones. El exitoso operativo fue encabezado por el “Comandante Águila”, jefe de los comandos de élite.

El “Comandante Águila” encabezó también la búsqueda de “El Chapo” Guzmán después de que se volviera a escapar del penal de El Altiplano, en 2015, con la participación de veteranos del Bloque de Búsqueda que cazó a Pablo Escobar y abatió al jefe del cártel de Medellín, enviado por el entonces presidente Juan Manuel Santos a petición del presidente Peña Nieto, la DEA y la CIA.

La Marina era el cuerpo de seguridad mexicano con quien más relación y confianza tenían los estadunidenses, y llevaron a entrenar a sus mejores cuadros a los centros de adiestramiento de los SEAL, acrónimo en español de Mar, Aire y Tierra, como les llaman a los comandos de élite estadunidenses.

La Marina fue exitosa también en el operativo contra Arturo Beltrán Leyva, a quien abatió en un departamento en Cuernavaca en 2009, y contra Antonio Cárdenas Guillén, “Tony Tormenta”, jefe del cártel del Golfo, a quien también abatió en su búnker en el centro de Matamoros en 2010.

La estrechísima relación de la Marina con los servicios de inteligencia de EU es un factor para la desconfianza que le tiene el presidente López Obrador, aunque no la única. También existe preocupación por la forma quirúrgica y letal con la que suelen operar.

Como los SEAL, no toman prisioneros. La fama que generaron los comandos de élite mexicanos provocaron que cuando el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, recibió la fotografía que mostraba a Édgar Valdés, “La Barbie”, capturado en 2010, la filtró a la prensa para evitar que los marinos, que creía eran quienes lo habían detenido, lo mataran.

En Veracruz aniquilaron, literalmente, a todos los criminales, como lo hicieron en otras zonas del país. La Marina existe siempre en el discurso oficial, con elogios abiertos y equitativos con el Ejército. Pero en el día con día de las operaciones tácticas, está fuera de los asuntos delicados.

En Culiacán no participaron en la operación contra Guzmán López porque el general secretario Sandoval así lo dispuso, y entregó al Centro de Inteligencia Antinarcóticos, que depende de la Sedena, y a la Guardia Nacional, que aunque reporta a la Secretaría de Seguridad Pública es dependiente del Ejército, el operativo que fue diseñado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en Lomas de Sotelo.

El resultado le costó al Ejército y a la Secretaría de Seguridad Pública. La Marina no pagó los mismos costos de manera inmediata, pero eso no significa que deje de formar parte del Gabinete de Seguridad, y que las facturas que se tendrán que pagar en el futuro por la desastrosa estrategia de seguridad impuesta por el Presidente, tendrán un valor negativo para ellos cuando este Gobierno rinda cuentas por lo que hizo y dejó de hacer.
21 Noviembre 2019 04:09:00
El capricho de López Obrador
Desde el momento que hace alrededor de dos meses el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al secretario de la Defensa, general Crescencio Sandoval, que deseaba un desfile militar que no solo fuera alegórico de la Revolución Mexicana sino que narrara épicamente algunos momentos históricos, el compromiso fue hacer algo inolvidable. El Ejército hizo a un lado a la Marina y lo organizó solo. Su puesta en escena fue espectacular: miles de soldados formaron un contingente de 8 kilómetros, que incluyó la participación de 2 mil 700 caballos que formaron la cabalgata más grande que jamás haya pisado el Zócalo de la Ciudad de México. Más de mil personas interpretaron piezas musicales y 51 ejecutaron acrobacias, caracterizando a otros mil personajes. El Ejército sacó a la calle 44 vehículos e hizo volar tres aeronaves. Pero hubo un problema. La parada militar fue casi clandestina.

Todo el despliegue militar y la organización del Ejército, con lo cual se restauraba el clásico desfile que fue suspendido en 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, pasó desapercibido para la mayoría de la gente porque el presidente López Obrador decidió que se realizara justo el 20 de noviembre, y no el día de asueto que conmemora la gesta revolucionaria, que fue el lunes pasado. López Obrador sacrificó a los capitalinos para enfatizar una vez más en su veneración a los símbolos para hacer del día una fiesta popular, que no lo fue, y organizar el desfile, su desfile, para consumo de unos cuantos. 

Paseo de la Reforma estuvo semivacío porque la parada se realizó en horas de trabajo y pocos pudieron salir. No hubo menores porque tenían clases. Dentro del Gobierno se distribuyeron apresuradamente boletos para ir a las gradas para evitar que se quedaran vacías, pero una buena parte de los burócratas no asistieron porque no les dieron permiso para ausentarse. Fue una pena que el esfuerzo que hizo la Secretaría de la Defensa, terminara siendo un evento para el Presidente, que durante el día mostró una enorme sonrisa de satisfacción. Pero así es López Obrador, que tiene estos caprichos en donde nadie puede llevarle la contra.

Buena parte de la ciudad quedó estrangulada en los monstruosos congestionamientos que creó el bloqueo de decenas de calles durante más de cuatro horas para que se desarrollara el desfile, alterando la actividad económica, las labores en las oficinas y las clases en las escuelas. El transporte comercial también se vio afectado por los cambios en la circulación que cruza el corazón de la Ciudad de México, y que volvió calles y avenidas en nudos gordianos. La vida cotidiana se alteró por el capricho de López Obrador, cuyos subalternos en el gobierno de la Ciudad de México prohibieron todas las manifestaciones, para que no estorbaran ni ensuciaran el desfile presidencial. 

Incluso, encapsularon a los campesinos, que querían marchar hacia el Zócalo para expresar su molestia por el presupuesto, y negociaron que no lo hicieran -lo que no han hecho durante más de una semana para que levantan su bloqueo a la Cámara de Diputados, que no ha podido sesionar ni aprobar el presupuesto, contraviniendo la Ley, que marcaba el máximo para culminar el proceso desde el viernes pasado. 

Este tipo de acciones unilaterales no son ajenas en López Obrador, quien previamente también había estrangulado Paseo de la Reforma. Fue en 2006, en la lucha postelectoral, que para presionar que Felipe Calderón no pudiera asumir la Presidencia, tras una elección altamente disputada y controvertida, realizó un plantón de 47 días, que causó pérdidas económicas en la zona por alrededor de 300 millones de pesos, y el despido de cerca de 50 mil trabajadores que perdieron sus empleos porque los negocios donde prestaban servicios cerraron y se vieron severamente afectados en sus costos de operación. 

Se desconoce cuál fue la afectación económica por el desfile militar de este 20 de noviembre en un día hábil, pero de acuerdo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, bloqueos, marchas o mega manifestaciones que duran entre cuatro y cinco horas, producen pérdidas de medio millón de pesos. El costo no le va a importar al Presidente, muy discrecional cuando se trata de transparentar lo que cuestan las cosas que él o su Gobierno hacen. Son los claroscuros de López Obrador. 

En la víspera, el Presidente difundió un video donde invitaba a “participar en el desfile conmemorativo” de la Revolución Mexicana de 1910. La invitación era general, aunque se sabía que la convocatoria quedaría trunca. No hubo ninguna disposición para suspender labores o clases, cuando menos durante la mañana, ni tampoco se dieron las movilizaciones de Morena para llenar de gente las calles -también sus militantes trabajan y tienen que cumplir con horarios-. 

En términos populares, entendido esto como un regalo para el pueblo de México, fue un fracaso. En términos existenciales, el Presidente tuvo lo que quiso del Ejército, convertido en una institución mil usos -emergencias, tareas policiales, ingenieros de aeropuertos, vigilantes de aduanas, maromeros, cirqueros y lo que se le vaya sumando-, y vio lo que soñaba desde hace tiempo, la reconstrucción en carros alegóricos de los pasajes históricos.

Su selección fue metodológicamente arbitraria, que es la marca de la casa. Comenzó con los aztecas y culminó en 1940, con Lázaro Cárdenas. Pero en el colofón estaba el mensaje que quiso transmitir y conectar las tres transformaciones en México, bajo su clasificación, la Independencia, la Reforma y la Revolución, con la suya, que dice, será la cuarta. Eso se verá, cuando concluido su Gobierno se realice el análisis definitivo de su gestión. Por lo pronto, ahí queda un capricho y la pena que el desfile fuera solo para unos cuantos mexicanos.
20 Noviembre 2019 04:08:00
Otra batalla contra narcos
Un mes después del “Culiacanazo”, otra ciudad importante está probando que la experiencia en la capital de Sinaloa no ha sido bien procesada por el Gobierno federal, y que la política de impunidad al crimen organizado atenta contra la salud pública nacional.

Nuevo Laredo, siguiente en la lista de las batallas contra el crimen organizado por control territorial y poder, se convirtió en la segunda ciudad de envergadura donde una organización criminal está tratando de expulsar a las fuerzas federales para hacerse de ella. Ahora no fue el cártel de Sinaloa, sino el cártel del Noreste, que está ejerciendo intensa presión para lograr el retiro del Ejército.

El cártel del Noreste, encabezado por Juan Gerardo Treviño, nieto de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, exlíder de Los Zetas, que surgió como resultado de una escisión, mantiene el control de Nuevo Laredo, está empleando escuadrones de la muerte que se identifican como la Tropa del Infierno, para causar terror y presión social que pueda llamar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador y ordene el retiro del Ejército.

Eso sucedió hace pocos meses, cuando la Marina, que por años había estado a cargo del combate al narcotráfico en esa región fronteriza, fue retirada de Nuevo Laredo y de la protección del puente internacional Colombia, por acusaciones y recomendaciones por supuestas desapariciones forzadas.

A su salir, la vigilancia quedó en manos de la Policía Estatal y el Ejército, con cuyos patrullajes se ha topado el cártel. Sus escuadrones de la muerte han estado atacando permanentemente a la Policía Municipal desde agosto pasado, cuando quiso retomar el control en esa ciudad fronteriza. Y la semana pasada, como respuesta a operativos realizados por el Ejército en la zona, salieron a enfrentarlos y durante dos días mantuvieron Nuevo Laredo en vilo.

Aparentemente el cártel también está reaccionando a los patrullajes en la llamada frontera chica, en los municipios de Mier y Miguel Alemán, donde se han dado enfrentamientos entre civiles armados –sus enemigos son sus exviejos socios de Los Zetas–, y con algunas patrullas militares, una zona de trasiego de drogas y otras mercancías, así como el paso de migrantes.

La nueva embestida comenzó el jueves pasado, cuando atacaron en tres puntos a miembros del Ejército, donde murió un soldado y seis miembros del cártel. La violencia se socializó el viernes, alrededor de las 9 y media de la noche, donde de acuerdo con los observadores, se registró una inusual actividad criminal que generó caos en Nuevo Laredo y una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en esa ciudad fronteriza.

Con más de 20 vehículos, entre tráileres y automóviles, bloquearon vialidades y varios de ellos fueron quemados para inhibir y detener el desplazamiento de las fuerzas de seguridad federales y estatales, que iban a apoyar a los militares que estaban siendo agredidos por civiles armados.

No hubo ningún ataque al Cuartel Militar, ni tampoco detenciones, precisó el fin de semana el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez. Tras los enfrentamientos, los militares aseguraron una camioneta, cinco armas, entre ellas un fusil de alto poder Barrett, calibre 50, y gran cantidad de cartuchos.

La acción se detuvo abruptamente, dijo un observador, cerca de las 23:00 horas, al parecer por una orden dada desde la red de halconeo, como se llama a quienes están vigilando en las calles e informando en tiempo real al cártel.

Los paramilitares del cártel habían abierto su teatro de operaciones, dirigiéndolos a zonas civiles, en un fraccionamiento del Infonavit y, a varias cuadras de ahí, en las inmediaciones de un centro comercial donde se localiza Wal-Mart, donde hubo reportes
de disparos.

En ese punto, según un video que circula en las redes sociales, dos personas armadas detienen a un tercero, pero ni el Ejército ni la Policía Estatal tienen registrada ninguna detención. Los escuadrones de la muerte del cártel del Noreste están utilizando tácticas de guerra de guerrillas para enfrentar a las fuerzas federales, a las que atacan y luego se repliegan, y regresan a atacarlas y retroceden una vez más.

Junto con ello han desarrollado operaciones de propaganda para infundir terror en la población y romper con los patrones de comportamiento cotidiano en la ciudad. En un comunicado que difundieron por WhatsApp, amenazaron a los habitantes de Nuevo Laredo para que no circularan videos o textos sobre la violencia en esa ciudad.

Los habitantes respondieron a la amenaza subiendo a redes videos y sonidos de la violencia de la semana pasada. Después de ello comenzaron a aparecer en medios videos que mostraban personas que habían sido golpeadas y desnudadas por subir en redes imágenes de la violencia, aunque no existe ninguna confirmación de que hayan sido tomados en la coyuntura actual.

La Tropa del Infierno tiene bajo su control varias zonas urbanas en la zona poniente de Nuevo Laredo, y han desafiado abiertamente a las fuerzas federales que llegaron a la ciudad. Circulan en vehículos blindados similares a los del Ejército, y en sus “camionetas monstruo”, que son tanquetas de guerra que utilizan en sus operativos. Tienen un férreo control sobre actividades económicas –es la frontera comercial más importante de México–, y ejercen labores de seguridad.

El cártel del Noreste ha venido desafiando al Gobierno federal desde hace cuatro meses, y le ha ido tomando la medida al Gobierno federal, cuyas fuerzas de seguridad están contenidas por el presidente López Obrador que no deja de repetir que continuará con su estrategia de dar impunidad a los cárteles de la droga al no confrontarlos.

La experiencia del “Culiacanazo” le ha quitado credibilidad y generado sospechas sobre el porqué de su actitud laxa con criminales. Nuevo Laredo, camina en la misma dirección.
19 Noviembre 2019 04:08:00
El enojo de los militares
Las mentes calenturientas mexicanas que quieren establecer un paralelismo entre Bolivia y México, soñando que las Fuerzas Armadas se deslindarán del presidente Andrés Manuel López Obrador como las bolivianas lo hicieron de Evo Morales, tienen que enfriarse porque eso no va a pasar.

Tomar como punto de partida de esa ilusión el discurso del general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa en un desayuno ante la élite del Ejército, donde criticó algunas políticas del Gobierno, es un error. No es solo por la ausencia de condiciones objetivas para que se diera una ruptura de esa naturaleza, sino porque se trató de una jugarreta de los cercanos al Presidente para disipar el pozo en donde seguía cayendo López Obrador por “El Culiacanazo”. Manipular ese discurso en prejuicio de las Fuerzas Armadas, sí molestó a oficiales retirados y activos, pero no para lo que quisieran algunos.

El discurso de Gaytán Ochoa fue pronunciado el 22 de octubre pasado en el Salón de Usos Múltiples del tercer piso de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante uno de los desayunos que periódicamente se realizan con el general secretario de la Defensa, para hablar de todo y de nada, sin tener una agenda fija y cuyo único propósito es mantener una relación continua. Nunca hay discursos, y quienes hablan, improvisan.

El primer elemento atípico señalado por conocedores de la idiosincrasia militar, es que haya leído un discurso. El segundo es que de esas reuniones herméticas, se haya filtrado el discurso a La Jornada. El tercero es la redacción. “No fue escrito por un militar”, agregó el conocedor del pensamiento militar, “sino por un político”.

Cuatro son los párrafos que más destacan como prueba que el discurso lo escribió un político. El que más revela que el que lo redactó no conoce a fondo los códigos militares, incorpora al final del texto el reconocimiento a “mis comandantes, mis maestros y mis más antiguos”.

No mencionó, como es casi obligación hacerlo, de acuerdo con quienes conocen al Ejército, a la tropa, que va antes que los oficiales superiores, o los “potros”, como se refieran a quienes empiezan a moldear recién ingresados del Colegio Militar.

Hay otro dato semántico que no tiene que ver con los militares y sí con los políticos, que es el uso de la palabra “halcones”, para definir al sector duro del Ejército, normal en los estadunidenses, no los mexicanos.

Otro de los párrafos, que en la voz de un militar de muy alto rango y dos veces aspirante a ser secretario de la Defensa adquirió un contexto y profundidad distinta, no es más que la reiteración, con otro empaque, del discurso del Presidente.

“En los eventos donde existió la unidad nacional, el país pudo ver sus aspiraciones satisfechas y se construyeron los objetivos nacionales”, dijo Gaytán Ochoa, evocando a López Obrador. “En aquellos eventos donde dicho valor estuvo ausente, se perdieron territorio y soberanía, el pueblo resultó lastimado, la economía entró en crisis y el país tuvo que emprender su recuperación casi desde cero”.

Gaytán Ochoa pidió el apoyo total para el general secretario Luis Cresencio Sandoval, y puso a disposición sus conocimientos y experiencia acumulada durante medio siglo de servicio. La realidad es que no tiene que ofrecer sus servicios, porque ya los proporciona a quien, de acuerdo con las personas que conocen la autoría intelectual de ese discurso, le hizo el favor de leer ese discurso.

Esta persona es otro general en retiro, que fue su compañero de promoción en el Colegio Militar, Audomaro Martínez, el director del Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al Cisen, y que ha sido uno de los brazos derechos de López Obrador por más de 20 años.

Martínez, dijeron las personas que reflejaron el sentir de una parte de la alta oficialidad, es quien se encuentra detrás de Gaytán Ochoa. Las palabras de Gaytán Ochoa fueron las de Martínez, que además son compadres.

El discurso no fue de advertencia al Presidente, ni para deslindarse. Al contrario, se explicó, fue redactado para desviar la atención, pero también para enviar un mensaje a los inconformes dentro del Ejército y neutralizarlos.

Hay malestar dentro del Ejército, efectivamente, por la forma como los ha tratado López Obrador. No olvidan sus declaraciones reiteradas sobre desaparecer las Fuerzas Armadas, que hará en cámara lenta con la consolidación, si alguna vez cuaja, la Guardia Nacional.

Recientemente obligó al general Sandoval a asumir toda la responsabilidad del “Cualiacanazo”. Sí hubo un error en la preparación operativa táctica de la captura de Ovidio Guzmán López, pero la falla fue compartida por otro general retirado, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que no ha dado la cara ante la opinión pública por el fiasco, y ha sido fuertemente protegido por el Presidente.

Rodríguez Bucio y Martínez, son las dos figuras militares que han escapado de la crítica por “El Culiacanazo”, aunque reiteradamente se ha señalado que una de las grandes fallas de aquel operativo fue el director del CNI, porque lo que más errático estuvo fue la inteligencia.

Esto es parte de la historia que cuentan dentro del Ejército, donde describen la maniobra de Martínez para hacerle un favor al Presidente. Militares de rango, en retiro y activos, están molestos por esa manipulación, pero no van a llegar más allá, en reiteración de su institucionalidad.

El enojo ha crecido en los últimos meses. El Presidente entiende someramente el tamaño de la molestia, pero no parece que esté en su ánimo seguir estirando la liga sobre el cuello de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de respuesta sí se podría esperar del Ejército? Tendrá que ser retórica y la oportunidad que se les presenta es este miércoles, en el aniversario de la Revolución Mexicana.
15 Noviembre 2019 04:07:00
Cuando le gritaron mentiroso al Presidente
El Presidente está muy molesto, pero no solo con sus adversarios, sino con sus diputados y senadores. Este miércoles, en una reunión de Gabinete en Palacio Nacional, invitó al coordinador de Morena en el Congreso, Mario Delgado, para decirle que no estaban entendiendo que el presupuesto era estratégico y tenían que aprobarlo como lo había enviado la Secretaría de Hacienda.

Delgado les transmitió el mensaje poco después. Esa instrucción es consecuencia de una atropellada reunión que tuvo días antes el presidente Andrés Manuel López Obrador con diputados y senadores de su coalición, donde afloraron diferencias de fondo en materia presupuestal, que provocó un choque violento en donde les respondió igual o más alto, antes de terminarla abrupta y groseramente.

Esto último sucedió el jueves de la semana pasada, según tres personas que reconstruyeron esa reunión. El Presidente convocó a las bancadas de Morena, el PT y Encuentro Social del Congreso y el Senado, al Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, para hablar sobre el presupuesto. Había inquietudes entre los legisladores sobre el acceso a los recursos, que López Obrador quiso atajar. Estuvo flanqueado por Delgado y el líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, aunque no participaron en una discusión, que fue subiendo de tono.

Al encuentro asistieron alrededor de 230 legisladores –de un universo cercano a los 340–, y transcurría sin sobresaltos hasta que un diputado le preguntó sobre los recursos al campo. Ese sector queda muy afectado en el presupuesto para el próximo año, porque cerca del 50% de los programas de apoyo fueron cancelados, lo que ha generado muchas protestas en varias partes del país, y el bloqueo desde hace varios días de la Cámara de Diputados. Ayúdenos, fue la petición directa que le hizo a López Obrador.

La respuesta fue “no se va a poder”, de acuerdo con la reconstrucción del encuentro. Entonces, López Obrador, quien ya no está distinguiendo entre sus diferentes audiencias, repitió lo que dice en todos lados, “eso ya se acabó” y “ya no hay moches”, el eufemismo acuñado en la prensa de la Ciudad de México para describir las comisiones que cobraban algunos diputados a municipios, tanto para que pudieran recibir de manera más expedita su presupuesto, o para que les ayudaran a gestionar más recursos.

La palabra “moches”, fraseada por el Presidente como un señalamiento a ellos, e interpretado por varios como una acusación en su contra, encendió los ánimos inmediatamente y comenzaron a increparlo. “Pensaban que iban a darles dinero y se pelearon con él”, recordó una de las fuentes consultadas. “Iban por lana y salieron trasquilados”, ironizó. Pero el momento se tensó, dijeron las personas que reconstruyeron el encuentro, y estalló el clamor.

De entre las sillas salieron gritos de “mentiroso” y “corrupto”, a lo cual López Obrador respondía en los mismos términos beligerantes. “Hubo mucho barullo”, dijo una de las fuentes. “Los gritos eran entre ellos”. Las otras fuentes que narraron esa reunión, dijeron que los gritos no eran entre legisladores, sino directamente contra el Presidente.

Cuando menos 20 diputados del PT, Encuentro Social y en menor número Morena, vinculados al campo, participaron en el intercambio de gritos con el Presidente. Fue un momento que no se recuerda haya sucedido antes, donde legisladores del partido en el poder reclamaran airada y violentamente al Presidente. Tampoco se había visto que un Presidente fuera tan agresivo con sus bancadas y se enfrascara en acusaciones sin
argumentación.

El encuentro terminó de manera intempestiva, cuando López Obrador, sin decir palabra alguna a nadie, se levantó de su silla y se salió del Salón de la Tesorería sin concluir la reunión ni despedirse de nadie, incluidos Delgado y Monreal.

El resultado de ese atropellado encuentro no fue el esperado por el Presidente. Las protestas de las organizaciones campesinas se agudizaron, sitiando la Cámara de Diputados e impidiéndoles sesionar, alterando todo el proceso legislativo, no únicamente el presupuesto. La inconformidad nace de fuertes recortes presupuestales, al reducirse el apoyo al campo de 65 mil 435 millones de pesos en 2019, a 19 mil 182 millones para 2020, lo que significa una reducción de casi 20 por ciento.

Según el Consejo Nacional Agropecuario, afecta a todo el país. El Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, por ejemplo, bajó de 2 mil millones de pesos antes de 2019, a cero. El diésel marino sufrió una mayor reducción, con lo que los pescadores, ya afectados severamente este año, padecerán más el próximo. Los agricultores ya no tendrán apoyos para la comercialización, que afecta principalmente a los estados con mayor producción de granos.

El presupuesto desprotege la comercialización, la sanidad y calidad agroalimentaria, la ganadería, la investigación y la ganadería, asegura el Consejo Nacional Agropecuario. Cubre a los más necesitados del campo, a través de los programas sociales, los precios de garantía y créditos ganaderos a la palabra, que representan un gasto de 20 mil millones de pesos.

Es decir, se atenderá a la agricultura de autoconsumo, pero no a la comercial. Es correcto el apoyo a la primera, pero sin los apoyos a la segunda, la producción sufrirá una caída, porque los recursos a los más necesitados no son productivos y alentarán probablemente la precarización del campo.

Al Presidente, por la posición mantenida en los últimos días, esa realidad le tiene sin cuidado. Él quiere su presupuesto para apoyar a Pemex y los programas políticamente clientelares a costa del resto del aparato productivo.

Los choques con los legisladores mostraron que tampoco es refractario ante las críticas de los suyos, pero como sucede con todas sus cosas, la única palabra que vale y se impone es la de él, aunque siga dinamitando sus alianzas políticas.
14 Noviembre 2019 04:07:00
El rescate de Evo y Andrés Manuel
El colaborador más funcional que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Esta semana dio muestras de su capacidad al rescatar a Evo Morales de Bolivia y, al mismo tiempo, abrirle un tanque de oxígeno político al Presidente, que se estaba asfixiando en la crisis de seguridad. Una chuza política que le trajo costos y beneficios, pero que logró sus principales objetivos, cambiar la conversación –para ayudar a López Obrador– y retomar la política exterior –escapando por un momento del rol de bombero que le tienen asignado en Palacio Nacional–.

El gambito está en la díada del costo-beneficio. Los costos por haber llevado a cabo una acción que polarizó a la sociedad –más por el encono hacia López Obrador, quizás, que por rechazo a Morales–. Pero el beneficio en el campo doméstico, es enorme, al arropar al Presidente, que hasta el domingo estaba peleando solo ante todos, y reforzar su imagen en la opinión pública. La idea del asilo de Morales fue evaluada en las primeras horas del domingo en la Cancillería. Ebrard habló con la embajadora de México en La Paz, María Teresa Mercado Pérez, quien en las primeras horas de caos en aquella nación, le dio la información clave para la toma de decisión: el partido en el poder, Movimiento al Socialismo, condicionaba su participación en el esfuerzo por estabilizar al país, solo si Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, podían salir del país.

La valoración era que la permanencia de Morales en Bolivia haría imposible la pacificación del país y ponía en riesgo su vida. Para entonces, las turbas opositoras ya habían irrumpido y quemado su casa y la de su hermana. Ebrard se lo planteó al Presidente y López Obrador lo autorizó. Se dispuso un avión militar –originalmente adquirido por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex– para ir por Morales y por García Linera, tan pronto como se tuviera la aceptación del expresidente y de las Fuerzas Armadas, las únicas en ese momento que podían tomar esa decisión. Prácticamente cuando Ebrard hacía pública la oferta de asilo, el avión partía hacia Bolivia.

El Gobierno peruano autorizó que el avión mexicano repostara en Lima, en donde esperó varias horas en espera de la respuesta de las Fuerzas Armadas bolivianas. Cuando partió por Morales, la Cancillería comenzó a tener problemas con las autoridades peruanas para obtener el permiso de repostar con el expresidente a bordo. No había una negativa para el sobrevuelo, pero no quedaba claro por qué demoraba tanto la autorización. El problema no era con los mexicanos, con quienes mantenían la comunicación fluida, pero tampoco quedaba claro si querían pasarle una vieja factura a Morales, con quienes habían tenido una relación ríspida.

El avión llegó por Morales sin tener claridad sobre la ruta para llevarlo de regreso a México. Ebrard urgió un plan alterno, porque la situación en Bolivia se estaba deteriorando aceleradamente y el aeropuerto Chimoré, por donde iba a salir, estaba rodeado por simpatizantes y detractores. La embajadora Mercado Pérez ofreció conseguir el permiso para sobrevolar Brasil, y su seguridad fue tomada con escepticismo. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, Maximiliano Reyes, ofreció buscar el reposte en Paraguay. La embajadora Mercado Pérez habló con Ebrard media hora después del ofrecimiento, para comunicarle que estaba arreglado y tenía los oficios que respaldaban el sobrevuelo. Reyes habló con la cancillería argentina, y el presidente Mauricio Macri reforzó la gestión mexicana ante el Gobierno del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

El avión con Morales partió hacia Asunción, mientras la Cancillería buscaba permiso de Ecuador para volar en su espacio aéreo. Sin ese permiso partió el avión, y entró al espacio aéreo ecuatoriano, aunque el Gobierno en Quito no había respondido a la petición mexicana. La nave mexicana salió del espacio aéreo ecuatoriano y enfiló al mar, bordeando las Islas Galápagos –a 900 kilómetros de la costa ecuatoriana– y enfiló rumbó a México, donde entró a territorio nacional por Tapachula.

Los detalles en lo general de esta ruta fue presentado por Ebrard el martes en la mañanera, narrada de una forma épica, aunque en realidad, ese tipo de vicisitudes son normales cuando las naves tienen incidencias extraordinarias –asilados polémicos, aviones de guerra rumbo a un conflicto, o secuestros aéreos, por citar tres ejemplos–. La presentación hecha por Ebrard le dio más espacio al presidente López Obrador, y permitió que su Gobierno le diera una recepción de víctima y héroe. La posición mexicana, sin embargo, pareció ir rumbo a la confrontación con el Gobierno de Estados Unidos.

Para ser cuidadosos, se envió el mensaje al Departamento de Estado que anunciarían el ofrecimiento de asilo a Morales. Ebrard no lo habló con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para no meterlo a los temas de la relación bilateral. Quien lo informó a la Cancillería estadunidense fue la embajadora Martha Bárcena. En la reunión de la OEA el martes, el representante estadunidense, Carlos Trujillo, criticó la definición mexicana de “golpe de Estado”, pero Ebrard minimizó la crítica a partir del reporte de Bárcena, quien le informó que no había existido una reacción negativa cuando les notificó el asilo de
Morales.

El costo político con Estados Unidos, dice Ebrard, será nulo. En cambio, desvió el énfasis informativo en los medios de comunicación estadunidenses, y borró los temas de seguridad, frenando la ola de opinión negativa contra López Obrador. Ahora, dependerá del Presidente que recupere la iniciativa perdida tras “El Culiacanazo”. Será difícil. López Obrador es muy terco y no ve en el mediano y largo plazo. Esa incapacidad ha hecho que todas las bombas le estallen, como seguramente será en esta ocasión.
13 Noviembre 2019 04:07:00
Lecciones de Bolivia
En Bolivia se rompió el orden constitucional cuando las Fuerzas Armadas le recomendaron a Evo Morales que renunciara a la Presidencia. Con el último respaldo que tenía para aferrarse al poder, Morales dimitió y junto con él las tres personas que seguían en la línea de sucesión, provocando un vacío de poder que aún no se llena, y una crisis política que camina a la anarquía.

El arbitraje de las Fuerzas Armadas fue el colofón de semanas de protestas tras unas elecciones consideradas fraudulentas, en donde Morales utilizó recursos tramposos para ganarlas, sentando en Bolivia, en muchos sentidos, un precedente preocupante para América Latina.

Sus opositores se fueron a las calles, y se enfrentaron violentamente a la policía durante semanas. Previamente, el Tribunal Electoral controlado por Morales, incumplió con la función legal que le correspondía y avaló el fraude. Como la Cámara de Diputados y el Senado estaban en manos de incondicionales del Presidente, tampoco existieron los contrapesos para impedir sus abusos.

La falta de equilibrios exacerbó a la sociedad y aumentó la polarización. La inexistencia de instituciones que sirvieran de equilibrio para contribuir a una salida política y constitucional al problema, obligaron a la ominosa intervención de las Fuerzas Armadas.

Los observadores bolivianos han subrayado que el jefe de las Fuerzas Armadas, el general William Kaliman, que “recomendó” a Morales renunciar, mantenía una relación excepcional con él. Morales los había colmado de privilegios, dinero y les encomendó responsabilidades que habían estado en el ámbito civil, como en el área de la aviación y programas sociales. Los militares eran parte de la gobernabilidad del presidente Morales, a quienes había cooptado política y económicamente.

Durante la mayor parte de la crisis, que explotó el 20 de octubre cuando la oposición rechazó los resultados electorales, se mantuvieron neutrales y pasivos. En una primera explicación del cambio de actitud, se puede conjeturar que Morales estaba derrotado antes de dimitir, que se comprobó cuando al anunciar nuevas elecciones para detener la crisis, el conflicto se agudizó.

Al Presidente no le quedaba más recurso que apoyarse en las Fuerzas Armadas para sofocar la rebelión, lo que en un análisis de costo-beneficio, por la reacción del general Kalimán, era más alto intervenir para sofocar la rebelión que deslindarse de Morales. No querían un baño de sangre. Morales dimitió ante el riesgo que aferrarse a la Presidencia pudiera haberlo causado.

Su caída fue posible porque el país se había roto. Las instituciones estaban anuladas como intermediarias al haberse puesto al servicio de Morales. Dos días después de la elección, líderes políticos, de la sociedad civil y sindicatos, convocaron a una huelga general. Los organismos internacionales regionales, también mostraron su precariedad, incapaces de poder actuar. Cuatro días después de la cuestionada elección, la Organización de Estados Americanos recomendó una segunda vuelta, que denunció Morales como un intento golpista.

El Tribunal Electoral reconfirmó la victoria de Morales, quien ya había declarado que su victoria y la mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, se debían a la voluntad de los bolivianos. El domingo, la oficialista Central Obrera Boliviana, que durante los casi tres lustros de Morales en el poder fue la cabeza de una coalición de sindicatos, organizaciones vecinales y pueblos indígenas que se agrupaban dentro del Movimiento al Socialismo, el partido del Gobierno, rompió con él.

Morales utilizó los recursos de la democracia para minar la democracia. En 2017 una Suprema Corte subordinada a él, abolió los términos para mandatos constitucionales, permitiéndole ir por una nueva reelección. La libertad de expresión sufrió regresiones y utilizó los tribunales para hostigar y controlar a periodistas independientes.

Su discurso polar fue alejando a las clases medias, en donde el Comité Civil de Santa Cruz, encabezado por Luis Fernando Camacho, uno de los dos motores de la rebelión, fue ganando apoyo e influencia. Morales canceló proyectos de coinversión con el sector privado y dejó de recibir recursos para inyectarlos en la economía, cuyo mensaje negativo se acentuó por la creciente intervención del Gobierno en la economía y la amenaza de nacionalización de los activos empresariales.

Un país partido, con una ruptura del orden constitucional originada por una violación de las leyes electorales, que está en el origen del conflicto y en el colofón del derrocamiento de Morales, es una derrota de la democracia.

El andamiaje se ha mostrado como era, débil y disfuncional, mantenido por un gobierno autoritario. Le falló el cálculo y la sensibilidad política a Morales, al no ver la descomposición acelerada que la imposición para un nuevo mandato presidencial había provocado.

Este error debilitó sus alianzas, y aferrarse a un nuevo mandato presidencial, cegado por su ambición de poder, le impidió notar que se estaba quedando solo. La Central Obrera Boliviana no actuó como contrapeso de los sindicatos que convocaron la huelga general, y la policía lo fue abandonando en los últimos días al pasarse al lado de la oposición. No encontró el respaldo político de sus vecinos, con la posición extrema del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que se sumó temprano a la petición de una segunda vuelta.

La caída de Morales aporta lecciones para muchos, como aquellos que apuestan por el aniquilamiento de las instituciones, o de quienes, estando al frente de las instituciones, se vuelven subordinados de los presidentes. Los equilibrios son importantes y los contrapesos son fundamentales, particularmente cuando los líderes se ciegan por su poder y respaldo popular, pensando que con solo gobernar a una parte del país, es suficiente.

Bolivia, con la agudización de sus contradicciones y el colapso de la alianza en el poder ante un repudio encendido, es un buen espejo para reflexionar y evitar caminar por el mismo sendero que recorrió Evo Morales, que fue el de la polarización y la desunión.
12 Noviembre 2019 04:07:00
Bolivia y la trampa mexicana
La renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia dejó al desnudo lo que es el Gobierno mexicano. En 24 horas mostró protagonismo, improvisación y precariedad en análisis y oficio diplomático, al mismo tiempo que construyó una coartada para defender los intereses y el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. En lo que parecía una confusión sobre los sucesos en esa nación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que lo que sucedió en Bolivia fue un golpe de Estado. Punto. Sin concesiones. ¿Cómo llegó a eso? Con un sofisma. En la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, lo justificó de esta forma:

“Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el Gobierno de México vio muy bien… a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el Ejército de Bolivia pidió la renuncia del Presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe porque el Ejército pidió la renuncia del Presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país”.

La manera como se presentó tiene errores, y omitieron análisis más sofisticados sobre los hechos –probablemente deliberados–, así como las acciones de otros gobiernos de la región, que los desnudó internacionalmente, pero arropó domésticamete. Como botones
de muestra:

1.- Evo Morales renunció de palabra –hasta el lunes la entregó a la Asamblea Legislativa–, por lo cual, cuando expresaba México su posición, seguía siendo Presidente y por tanto era apresurada. Junto con él renunciaron el vicepresidente, la líder del Senado y el líder de la Cámara de Diputados, quienes se encuentran en la línea de sucesión. Por tanto, no hay quien asuma la Presidencia para convocar nuevas elecciones. En la prelación constitucional podría subir la líder del partido de oposición Jeanine Añez Chávez, segunda vicepresidenta en el Senado, pero se le dificultará porque se requiere una mayoría calificada, imposible de alcanzar para ella porque está controlado por el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales. Se puede argumentar que Morales creó una crisis constitucional al dejar un vacío de poder que ha sido llenado por el caos y la anarquía en Bolivia.

2.- El argumento del golpe de las Fuerzas Armadas no se sostiene. Las Fuerzas Armadas sólo pidieron que renunciara Morales, no todo el Gobierno y el Legislativo. No lo depusieron, ni instalaron una Junta Militar en su lugar, suspendieron garantías o impusieron a un títere. No salieron a las calles para evitar caos y violencia, ni decretaron un estado de excepción, o tomaron control del Gobierno, las comunicaciones, ni censuraron los medios de comunicación o prohibieron las reuniones. Esto no quita importancia a la ruptura del orden constitucional, pero no es un golpe.

3.- Ebrard se apresuró a ofrecerle asilo político a Morales. El Presidente ha dicho que no se va a ir de Bolivia y está en Cochabamba, su tierra, quizás operando políticamente para ver cómo saca provecho de la crisis que detonó. Nadie le ha pedido a México que lo asile, con lo cual, pierde fuerza política en caso que, de solicitarle que lo recibieran, capitalizaría su aportación para apaciguar la violencia y contribuir a la pacificación. Ebrad adelantó conclusiones, cuando apenas iniciaba la siguiente fase de la lucha política boliviana.

4.- Ebrard anunció el lunes que pedirían una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos para analizar la situación en Bolivia. La decisión es correcta, y debió haber sido la única que formularan, pero no el lunes, sino el domingo, como varias naciones latinoamericanas lo hicieron en la víspera, tan pronto como se volvió ingobernable Bolivia.

La aparente confusión mexicana quedó confirmada de manera clara en los mensajes que se apuraron a escribir miembros del Gabinete o cercanos a López Obrador. Lo más destacado surgió de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó en Twitter: “Ángela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada. Evo Morales tiene 13 años en la Presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo, lo acusan de ‘dictador’. El conservadurismo y su doble rasero”.

La principal crítica a Sheinbaum provino desde Washington, en la cuenta de la embajadora mexicana Martha Bárcena, quien respondió en Twitter: “Con una diferencia fundamental, Alemania es un país con un sistema parlamentario y Bolivia tiene un sistema presidencial. En Alemania el Gobierno encabezado por Angela Merkel ha sido de coalición. Un poco de sistemas políticos comparados”.

Optaron por ocultar, desde el Presidente para abajo, que la crisis constitucional boliviana fue detonada por Morales, al haber cometido lo que interna e internacionalmente se considera un fraude electoral, y haber rechazado cuatro días después de la elección la sugerencia de la OEA para convocar nuevas elecciones, como lo reiteró el domingo pasado. La confusión mexicana impide que haya en México un debate racional a partir del conocimiento. Los pronunciamientos primitivos, por ignorantes y temerarios, distraen y obstruyen un análisis que permita tomar decisiones correctas.

La ruptura del orden constitucional en Bolivia es un asunto muy serio, al igual el que las Fuerzas Armadas sean el árbitro de una crisis política. Esto habla de la debilidad de las instituciones y de la necesidad de fortalecer los instrumentos democráticos. Pero quizás todo es deliberado, porque la caída de Evo Morales es un golpe directo al proyecto autoritario que está construyendo López Obrador en México. De esto hablaremos en la siguiente columna.
11 Noviembre 2019 04:07:00
El efecto de los Rico MacPato
En la ola contra la desigualdad que está sacudiendo al mundo, los villanos de las críticas al neoliberalismo, por haber sido sus principales beneficiarios, son los que más tienen, en particular los multimillonarios. Son los plutócratas, a quienes señalan de ambiciosos, avaros y de haber chupado la sangre de los que menos tienen para tener más, sin importar que el sistema económico que inició en el Reino Unido a finales de los 70 produjo la desigualdad que ha puesto de cabeza al mundo y permitido el surgimiento de líderes populistas en más de 60 naciones. Contra la pared los han puesto millones de personas en el mundo, en muchos casos bajo el grito amenazador de “mueran los ricos”.

Ahora UBS, la sociedad de bancos suizos, que es la principal administradora de la riqueza privada en el mundo, publicó su reporte sobre multimillonarios donde hace un alegato en contra de lo que su presidente, Joseph Stadler, considera parcialidad en los medios de comunicación, que han construido esa imagen. En el reporte, los defiende ampliamente. Es cierto que se han enriquecido, admite, pero mientras se han enriquecido, también han beneficiado al resto de la sociedad al generar empleo, crear riqueza para otros, incluidos muchos de sus empleados, y pagado impuestos”.

Esto, según el reporte, porque en los últimos 30-40 años, ha sido un periodo de excepcional innovación en los negocios, que ha permitido que el cambio económico sea más rápido que en cualquier otro periodo en la historia, provocado por “su visión de largo plazo, la toma de riesgos inteligente, el foco empresarial y la determinación que ha resultado en que sus negocios hayan tenido mejores resultados financieros que otros” en el sector privado o en el público. A esto es lo que UBS le llama “el efecto multimillonario”, que ha tenido un mayor impacto en Estados Unidos y en la región de la Cuenca del Pacífico –a la que pertenece México–, particularmente en las industrias de la tecnología del futuro y la economía china, que se desarrolla velozmente.

El reporte responde a varios años de críticas contra los multimillonarios beneficiarios del neoliberalismo, pero no únicamente surgidas de los líderes populistas, que montados en la desigualdad y la molestia de millones, llegaron al poder en decenas de países en el mundo con una agenda antisistémica que mantiene a varias naciones en confrontación interna. Han provenido de académicos formados en escuelas de países que han vivido el neoliberalismo, como Thomas Piketty, quien en su afamado libro Capital en el Siglo 21 escribió: “No importa cuántas desigualdades justificadas de riqueza pueda haber, las fortunas pueden crecer más allá de la justificación racional en términos de utilidad social”.

Más recientemente, en febrero pasado, en un medio que no se puede señalar de ser de izquierda, The New York Times, uno de sus columnistas, Farhad Manjoo, escribió Abolir a los Multimillonarios, un artículo donde afirmó: “En algún punto de extrema riqueza, el dinero inevitablemente corrompe. Ya sea de izquierda o derecha, compra poder político, silencia disidentes, sirve principalmente para perpetuar una mayor riqueza, frecuentemente sin ningún bien social en reciprocidad”.

En noviembre de 2015, Didier Jacobs, analista senior del capítulo Estados Unidos de la ONG Oxfam, denunció que una tercera parte de la riqueza de los multimillonarios no tenía origen en su eficiencia empresarial. “Cincuenta por ciento de la riqueza de los multimillonarios del mundo no es meritoria, sino se debe a herencias o a una alta presunción de complicidades. Otro 15% tampoco es meritoria, sino a la presunción de los monopolios. Todo esto no se lo deben a la globalización. En cambio, el crimen y la tecnología son probables fuentes despreciables de la extrema riqueza”.

El reporte de UBS refleja la preocupación que existe en esos sectores por la creciente corriente de opinión negativa sobre la riqueza extrema, asociada invariablemente con la desigualdad. “El boom de los multimillonarios ha sufrido una corrección natural”, declaró recientemente Stadler. “El dólar fuerte, combinado con una gran incertidumbre en los mercados de valores en medio de un difícil entorno geopolítico, ha creado las condiciones para esta caída”. A finales de 2018, había 2 mil 101 multimillonarios en el mundo, que significó un incremento de 538 personas (38.9%) durante los cinco años previos, pero su riqueza se disminuyó en 4.3 por ciento.

Eso no es mucho consuelo para millones de personas representadas por sus líderes o, incluso, en el mainstream de las finanzas, la política y los medios. En noviembre pasado, Oxfam publicó un análisis de 13 casos en América Latina, que revela cómo la acumulación del poder de las élites minaban el proceso democrático mediante la creación de políticas públicas a costa del resto de la población. En esta región, el 10% de la población concentra el 68% de la riqueza, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total. El 1% más rico concentra el 37% de la riqueza, y las fortuna de los 80 multimillonarios en la lista de Forbes, es mayor al PIB de casi todos los países del subcontinente.

Sí hay un problema de fondo. UBS dijo en su reporte que los empresarios multimillonarios quieren hacer del mundo un mejor lugar para vivir, en lo social y en lo ambiental, y que varios de ellos –una minoría, reconoció–, han invertido grandes cantidades de recurso en filantropía. Es cierto, pero como señalan sus críticos, haciéndolo, preservan el sistema del cual se han beneficiado. Los Rico MacPato del mundo van a tener que hacer mucho más, y más de fondo y duradero, que lo que describió UBS. “No digo que los multimillonarios deben ser héroes”, le dijo Stadler al Financial Times, “pero al menos deben ser reconocidos”. Esa batalla, la tienen perdida.
08 Noviembre 2019 04:06:00
Consejos (no pedidos) al Presidente
Aunque parezca imposible, en tres semanas desde que se dio “El Culiacanazo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador no aprendió nada sobre manejo de crisis y ordenamiento del mensaje.

Todos los días da tumbos, aumentando por horas de manera unilateral su número de enemigos, y hundiéndose en el pantano. Nadie le ha dicho que cuando cae en arenas movedizas hay que moverse despacio, y él mismo es muy refractario al aprendizaje continuo, por lo que sigue nadando a toda velocidad. La matanza de la familia LeBarón, con sus inéditos grados de crueldad, le agregó problemas al enorme de sí que ya tenía en México –por su docilidad ante los cárteles de la droga y la inaplicación de la Ley–, pues al ser un crimen contra ciudadanos estadunidenses, se involucró el Gobierno, el Congreso, los medios y la sociedad estadunidense. En este caso, también siguió López Obrador sin moverse un ápice.

Los medios de comunicación en Estados Unidos siguieron tundiendo el jueves al Presidente por la catástrofe de su estrategia de seguridad, diagnóstico ampliamente compartido en México, que escaló a niveles con voces en The New York Times, el periódico más influyente del mundo, sugiriendo que este país se iba rumbo a ser un estado fallido, que es un concepto que no se utilizaba allá desde 2005, cuando el narcotráfico floreció durante el Gobierno de Vicente Fox –por hacer lo mismo que López Obrador: no combatir a los cárteles de la droga–, y el Pentágono preparó un informe donde anticipaban ese destino para los mexicanos. Es la primera vez en el Gobierno del presidente Donald Trump que todos los actores políticos y sociales en su país, están alineados en un tema.

La reacción que han tenido en Palacio Nacional, es que parecieran sentirse acorralados. El lenguaje crecientemente ácido del Presidente contra los medios, clasificados oficialmente por él como “adversarios” –sinónimo de enemigos–, va acompañado por su inocultable irritación mañanera.

No hay quien lo pueda calmar porque López Obrador es un peleador que goza de mantener la fricción en la relación con sus interlocutores y disfruta el enfrentamiento. Le funcionó en el pasado porque era el opositor de todos y la victimización le funcionaba.

Ahora como Presidente, la victimización tiene un efecto contrario, y a quien ataca fortalece, como ha sucedido paradójicamente con su némesis, el expresidente Felipe Calderón. Con Calderón ha sucedido lo que positivamente pasó con él cuando Fox quiso meterlo a la cárcel: como no lo mató políticamente, lo fortaleció. Sugerirle que es mejor ignorarlo que enfrentarlo, no es lo único que podría hacer. Hay otros consejos no pedidos por el Presidente, que podría considerar:

1.- No debe tomar como ejemplo inverso la inacción del presidente Enrique Peña Nieto cuando el crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Quince días de inacción y otros de dubitación, hicieron que un crimen municipal que debió quedarse encapsulado en Guerrero, se convirtiera en un crimen de Estado.

Al irse al otro extremo, la sobreexposición de López Obrador le ha provocado tres semanas de caída sostenida en aprobación. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, considera que la caída del Presidente será de alrededor de tres puntos. Ayotzinapa le costó a Peña Nieto, pero no en el corto sino en el mediano plazo. Es decir, si se confirma la caída, estadísticamente será monumental.

2.- No puede atrapar todos los negativos todo el tiempo. “El Culiacanazo”, con todo el desorden de versiones encontradas del Gobierno para explicar lo inexplicable, desarrollado en este espacio en los últimos días, debió haberlos centrado en cómo administrar una crisis y unificar el mensaje.

Sin embargo, prueba el caso de los LeBarón, el Gobierno sigue entrampado en su insaciable vocación de ocupar todos los espacios, aunque no le pertenezcan. Pese al horror de la masacre y la utilización de armas prohibidas en México, mientras la Fiscalía General no lo atraiga, es un delito del fueron común –tipificado como homicidio–, cuya responsabilidad recae en la Fiscalía de Sonora.

Por eso, es inaudito que fuera un general –¿por qué volvió a meter a los militares en lo que no les compete?– quien divulgara los primeros peritajes del asesinato colectivo –¿no debía hacerlos el fiscal de Sonora y una autoridad civil?– que, además, contradice las primeras versiones oficiales. La síntesis del desastre de comunicación de Palacio es eso: su versión oficial contradice su otra versión oficial.

3.- No debe mantenerse en la negación absoluta de la realidad que lo atropella todos los días. El caso LeBarón requiere una estrategia (real) de comunicación política. El Presidente dejó escapar la iniciativa de ponerse en contacto con Trump, no al revés, para informarle lo que había sucedido con sus connacionales.

El canciller Marcelo Ebrard debió haber hecho lo mismo con el secretario de Estado Mike Pompeo. No fue, ni tampoco impidieron las amenazas intervencionistas de Trump. Siguen dejando el campo abierto. Urge que Ebrard y la embajadora Martha Bárcena, busquen entrevistas en los medios de comunicación de ese país y acudan a los populares programas de análisis dominicales, para evitar que los sigan quemando a fuego rápido.

4.- Debe entender que el fusible no es él. Esta semana que termina ha sido prolífica en desatinos. Administrar su voz y manejar de manera más inteligente los silencios le ayudará mucho a recomponerse internamente y mejorar su comunicación externa.

Tiene, por lo mismo, que huir de los temas de seguridad y dejar que sean otros los que se desgasten, porque en esos asuntos, debe entender, nadie sale bien librado.

El Presidente quiere absorber todo, por autoritario, por vanidoso, porque no confía o por lo que sea. Eso no le da rendimientos. Encapsularse todavía mas, es aislarse más. Es tiempo que empiece a admitirlo.
07 Noviembre 2019 04:06:00
López Obrador y Trump, enfrentados
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no escucha los tambores de guerra que empezaron a sonar en Estados Unidos tras la masacre de nueve ciudadanos estadunidenses en Sonora, que alguien se apure a explicarle lo que significa, porque de no atender el problema y empezar a revisar su estrategia de seguridad, el choque de trenes con el presidente Donald Trump será fuerte y lo va a aplastar.

Por lo pronto, la ruta de colisión es una visión distinta sobre cómo enfrentar el crimen.

Trump quiere guerra a los cárteles de la droga y que se aplique la ley; López Obrador quiere que se pare el trasiego de armas a México.

El Presidente no aceptó ninguna de la ayuda ofrecida por Trump por respeto a la soberanía mexicana, lo que es un argumento baladí porque el jefe de la Casa Blanca ya vio que López Obrador, solo lo dice para consumo doméstico. Cedió al cambiar la política migratoria para hacer el trabajo sucio contra migrantes en el sur del país ante el chantaje comercial.

Entregó soberanía al decidir por presiones de su contraparte. Eso fue en un momento donde López Obrador estaba en uno de sus puntos más sólidos de su Administración. Hoy se encuentra en el punto de mayor debilidad de su Presidencia.

Perdió el consenso interno, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, que han sido su sostén, y desde “El Culiacanazo”, su espacio de maniobra se achicó. El cártel de Sinaloa lo humilló en Culiacán a mediados del mes pasado, de cuya derrota no ha logrado salir, y para añadir variables negativas al escenario, el cártel de Sinaloa opera en el norte de Sonora, donde murieron los nueve ciudadanos estadunidenses. Para el Gobierno de Estados Unidos, sus ciudadanos se encuentran en lo más alto de sus prioridades, una posición que trasciende los conflictos políticos e ideológicos.

El asesinato de los miembros de la familia LeBarón llegó en un muy mal momento para López Obrador y muy oportuno para Trump y los republicanos, que están luchando para evitar que se abra un juicio político contra el jefe de la Casa Blanca.

El “spin” es claro. Tom Cotton, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, señaló que el Gobierno de EU podría verse forzado a tomar acciones unilaterales si el Gobierno de México no actuaba apropiadamente en el asesinato de sus connacionales. El periódico conservador The Wall Street Journal, remató su principal editorial con el señalamiento que “si México no puede con los cárteles, Estados Unidos debería de intervenir militarmente”.

La crisis de seguridad en México se volvió trasnacional en menos de un día y la estrategia de abrazos y regaños en lugar de confrontar a criminales, comenzó a ser motivo de sorna. El senador republicano Linsday Graham, dijo que su equipo checará si los cárteles mexicanos son considerados organizaciones terroristas dentro de los confines de la ley estadunidense.

No lo son, cuando menos todavía, pero dos cárteles, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se encuentran dentro de las cinco organizaciones trasnacionales consideradas como los peores enemigos de EU.

Hay que tener mucho cuidado con las acciones del Gobierno y el lenguaje.

“El presidente López Obrador asumió la Presidencia hace casi un año, diciendo que su estrategia para lidiar con los cárteles iban a ser más abrazos y no balazos”, ironizó Cotton.

“Eso puede funcionar en un cuento de niños, pero en el mundo real, donde tres mujeres y seis niños estadunidenses han sido asesinados y quemados vivos, lo único que puede contraatacar a las balas son más balas y más grandes. Si el Gobierno mexicano no puede proteger ciudadanos estadunidenses en México, entonces EU debe tomar las cosas en su propia mano”.

Las afirmaciones son temerarias, pero se sustentan en un viejo fallo de la Suprema Corte de Justicia de esa nación de 1991, a favor del Gobierno de ese país que avaló que sus agentes entraran al consultorio del doctor Humberto Álvarez Macháin en Guadalajara, lo capturaran y se lo llevaran subrepticiamente a El Paso, donde lo entregaron a la DEA para que lo juzgaran por el asesinato de su agente encubierto en el cártel de Guadalajara, Enrique Camarena, seis años antes.

El presidente López Obrador está herido por su fallida estrategia de seguridad y por su tozudez a mantenerla como hasta ahora, pese a las evidencias de que está naufragando. Trump le ofreció enviar tropas para pelear una “guerra” contra los cárteles mexicanos, que López Obrador rechazó. Fue correcta su posición, pero mantener una estrategia de seguridad irreductible, sin cambio o ajustes, llevará a una situación de mayor fricción con Washington y mayor violencia en México.

La masacre con la familia LeBarón colocó al presidente López Obrador en donde han estado antecesores suyos, donde Gobierno, Capitolio y medios de EU se alinean detrás de un tema que afecta a México.

El presidente Miguel de la Madrid enfrentó los embates, cuando el asesinato de Camarena facilitó la narrativa antimexicana a Washington, de la misma forma como “El Culiacanazo” redujo la capacidad de maniobra de López Obrador.

En el contexto político interno en EU, la relación con México se vuelve sumamente delicada, para los mexicanos, y compleja para López Obrador. No puede ceder de la manera grotesca como lo hizo cuando cambió aranceles por política migratoria, pero tampoco puede mantenerse en el punto en donde está.

Entre más rígida sea su posición, más fácil de quebrar. Necesita mostrar un cambio en la estrategia de seguridad y buscar resultados. López Obrador no puede seguir mendigando plazos de gracia para que le salgan las cosas, sino componer lo que rompió, antes de que lo compongan desde el norte.
06 Noviembre 2019 04:07:00
López Obrador y las otras ranas
La información corrió como la liebre. Al menos tres mujeres y seis niños miembros de la familia LeBarón, de Chihuahua, miembros de la comunidad mormona de ciudadanos de México y Estados Unidos, fueron asesinados en Sonora. Fueron emboscados, acribillaron a un niño cuando corría para huir, mientras sus hermanos y su madre morían calcinados en una de las camionetas en las que viajaban. Vivimos la secuela del culiacanazo, donde los criminales están empoderados ante un Gobierno federal rebasado, sin rumbo, y crecientemente aislado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quiso desviar el debate sobre la operación fallida en Culiacán y desató una cacería cibernética contra periodistas, que escaló a alertar sobre la gestación de un golpe de Estado. No lo vencerán, proclamó, y utilizó como efecto de demostración la fábula de Esopo, Las Ranas Pidiendo Rey, que concluye con una víbora de agua enviada por Zeus, que atrapó a todas las ranas opositoras y las devoró sin compasión. El enviado de Dios –él–, contra los que piensan distinto. Fue una metáfora de poder. Pero hay otra que podría servirle más al Presidente, la del paradigma.

El Paradigma de la Rana es un ejercicio en Teoría de Juegos, que consiste en colocar a un batracio en un balde de agua sobre la estufa. Gradualmente se va subiendo la temperatura, pero la rana no siente nada raro, ni se da cuenta que su entorno se está alterando. Sólo hasta que comienza a hervir el agua, comprende que algo grave sucede. Demasiado tarde; la rana se coció por dentro. Este ejercicio tiene como fin ilustrar la falta de capacidad para reconocer la alteración de los factores externos a fin de tomar medidas correctivas, y suele ser una de las razones del fracaso de gobiernos, que insensibles ante esos cambios, entran en una dinámica perniciosa.

El culiacanazo es el balde subiendo la temperatura, y el Presidente no quiere darse cuenta, o es muy orgulloso para admitir que está equivocado, por lo que corregir o cambiar el rumbo, está fuera de discusión. El Presidente ha insistido, tras la liberación de Ovidio Guzmán López hace 20 días, que seguirá sin enfrentar a la delincuencia organizada. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, lo ratificó ayer en el Congreso, y justificó el desastre de la política de seguridad que ha instrumentado. “No podemos revertir una tendencia históricamente creciente”, dijo. “A partir de diciembre tendremos punto de inflexión”.

Una mentira más. La “tendencia históricamente creciente” es a partir de mediados de 2015 –tras cuatro años de baja sostenida–, derivada del mismo error que cometió el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto –con el mismo argumento que López Obrador–, no combatir criminales, que se combinó con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, que puso en la calle a miles de delincuentes. La realidad sepultó las razones morales y la ingenuidad e ignorancia del Gobierno ante un fenómeno que desconocen. De ahí el no combate a las organizaciones criminales y sus subsiguientes derrotas.

El Presidente vive su propio paradigma de la rana. No está escuchando lo que le grita la realidad. Lo que sucedió con la familia LeBarón mostró la calidad de violencia inhumana que se vive en México, y que no parece comprender en toda su magnitud. López Obrador está prejuiciado y envenado con los medios en México, donde sólo ve a Tezcatlipoca, el dios de la muerte. Pero si se asomara a otras latitudes, comprobaría que el registro que hace de su política de seguridad la prensa mexicana, es compartido por lo que ven fuera del país.

En sus primeros despachos sobre el asesinato de los miembros de la familia LeBarón, The New York Times publicó: “El martes, el presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad ante el toque de tambor de la violencia. Pero los asesinatos del lunes parecen haber alcanzo un nuevo mínimo con niños y sus madres masacrados en la carretera. Amenaza con convertirse en un momento galvanizador para los ciudadanos frustrados con la violencia y los esfuerzos del gobierno por detenerla”.

Con un lenguaje inusual, The Washington Post reportó que el asesinato de los mormones había sido “un asalto brutal que subrayó el creciente control del crimen organizado sobre algunas partes del país”. Falko Ernst, un analista sobre México del Grupo de Crisis Internacional, citado por el Post, afirmó: “Este fuerte ataque probablemente afectará la política de seguridad del país. En los próximos días yo espero que se incremente la presión en Estados Unidos sobre Trump y que esa presión se le transfiera a López Obrador”.

No conocen al Presidente mexicano. López Obrador no siente estar mal, sino que todos están mal por no entender el alcance de los cambios que está haciendo en México. Descalificar a todos, no es una buena señal, pero eso sucede con él de manera más que frecuente. Trump habló por teléfono ayer con él y le rechazó la oferta de apoyo para combatir a las organizaciones criminales, aduciendo la soberanía de su Gobierno, aunque públicamente se vio mancillada en Culiacán el 17 de octubre por el cártel de Sinaloa, y anteriormente atropellada por Trump, al forzarlo, mediante chantajes comerciales, a servirle de policía migratorio en el sur mexicano.

López Obrador se mantiene firme sobre su mula, a la que le impide ver un nuevo camino. No importa que su estrategia de seguridad esté desarticulada y el país, que avanza su tiñe rojo, tenga dueños regionales empoderados, mejor armados, con mejores finanzas y capaces de chantajear al Presidente. Son los cárteles de las drogas que López Obrador no quiere enfrentar salvo con lecciones morales y de buena conducta. La rana se está cociendo rápidamente en Palacio Nacional.
05 Noviembre 2019 04:07:00
¿Pan y circo Presidente?
El presidente Andrés Manuel López Obrador incendió las redes sociales. Como ofreció, este lunes dio a conocer el informe de los orígenes de una campaña ruin en contra de la prensa, desatada luego que lo cuestionaron por la opacidad y las contradicciones de la relatoría sobre “El Culiacanazo”.

Alejandro Mendoza, jefe de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana –responsable también de Plataforma México– identificó una cuenta madre de bots, @tumbaburros, y dijo que se registró actividad desde las cuentas del hijo del expresidente Felipe Calderón, del exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, y del coordinador del PAN en el Congreso, Juan Carlos Romero Hicks.

La fiesta inició. Pan y circo para los gladiadores al servicio del Presidente, quien pidió a los cibernautas que no insulten y que argumenten. En una cantina llena de borrachos, eso es imposible.

La campaña contra medios y periodistas fue una bomba en redes sociales. Mendoza informó que el 74.27% del intercambio de menciones fue de usuarios reales, con el restante 25.73% de bots.

De estos totales, dos de cada tres menciones fueron negativas a los medios de comunicación, provenientes principalmente de la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Chihuahua, que no es atípico en estas oleadas, y que a nivel internacional procedieron de Chile, España y Perú, donde se concentran redes de anarquistas, algunas vinculadas a sectores en el entorno de López Obrador.

Las imputaciones directas fueron rechazadas y desmentidas, pero Mendoza sostiene que su equipo tiene el soporte técnico que respalda lo informado. Un experto en redes sociales observó que el hecho de que no sean bots, tampoco significa que sean reales, sino que se refiere a un método de ataque diferente.

De cualquier forma, la polarización generada por la retórica presidencial se intensificó, sin que todavía esté claro el origen verdadero del ataque. Un estudio independiente realizado por empresas especializadas en redes al que se tuvo acceso, elaboró una tabla con los datos de los usuarios en donde más se recargaron los mensaje negativos el sábado pasado, entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. El autor de esa columna, en el lugar 4, seguido en el 5 por Irving Pineda, reportero de TV Azteca, quien aseguró en la mañanera que los ataques contra la prensa eran por órdenes del Gobierno federal, Luis Cardona, del periódico digital La Opción de Chihuahua, quien cuestionó las contradicciones del Gobierno en “El Culiacanazo” en el lugar 6, y Carlos Loret en el 13. En total, durante ese periodo hubo alrededor de 3 mil 200 usuarios interactuando.

En el lugar 9 apareció uno de los paleros del Presidente, Ignacio (Nacho) Rodríguez, vinculado a gobiernos del PRI y el PRD en Tabasco, que tiene un canal de YouTube llamado “El Chapucero”, que es la cabeza de playa de los ataques sistemáticos a la prensa. Rodríguez, precisamente, fue uno de los primeros que actuó tras la información de Mendoza, y afirmó que @tumbaburros era el hijo de Calderón.

Al ser desmentido por todos lados, la emprendió contra una estrella en las redes sociales y creador de memes políticos sin igual, @vampipe, quien respondió divulgando la lista de cuentas en Twitter desde donde se alimentó la conversación contra los medios: @mariahvv84 (que es falsa) con 187 mil 559 mensajes, @Enrique0908 (también falsa) con 62 mil 745, @DRFRANCISCORH_7 (falsa) con 48 mil 880, @GarciaN97108791 (falsa) con 38 mil 592, y @FaridGonzalez2 (que es real) con 15 mil 816. Otra cuenta que también actuó de manera activa fue la de @LOVREGA, que opera en el entorno del propagandista John Ackerman, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. La información proporcionada por el Gobierno el lunes, sugiere que la mayor carga negativa provino de cuentas asociadas a panistas y priistas. Investigaciones académicas han encontrado fuentes distintas. Un estudio realizado por Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en marzo pasado, encontró una “operación sofisticada” para producir narrativas políticas a un entramado de cuentas de Twitter de la llamada #RedAMLOVE, con el propósito de crear un cerco informativo sobre la crítica al Presidente.

Las campañas de ataque, dijo Signa Lab al dar a conocer su investigación, han sido capaces de construir estrategias de censura y acoso online a través de la diseminación de una idea a través de tuits y hashtags, con la finalidad de “mantener a raya a quienes critican al Presidente”.

Todo este esfuerzo de pan y circo, si se analiza el comportamiento del presidente López Obrador cada vez que un problema es más fuerte que su capacidad para manejar a la opinión pública, o como distractor para desviarlos de las cosas importantes, parece ser resultado de un tema que no le funcionó como esperaba, la existencia de una conspiración de medios y militares para derrocarlo, que se le salió de las manos, no solo por la forma como descalificaron sus conocimientos históricos, sino porque enardeció más
el ambiente.

La discusión sobre las redes sociales y los medios, sin embargo, tampoco hará evaporar el tema de fondo: porqué liberó al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su estrategia fallida de seguridad.

Los esfuerzos del Presidente y su equipo de propaganda por desviar la corriente de opinión pública, demuestra que para López Obrador es más barato asumir el gasto de su capital político y el deterioro acelerado de la imagen de los titulares del Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que es enorme, a que se descubran las razones de su Pax Narca.

Todos los distractores, sin embargo, pasarán, y quedará la pregunta clave: qué se descubrió en Culiacán que tanto quiere esconder.
04 Noviembre 2019 04:08:00
Falacias y amenazas de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador tiene razón. Es un Presidente muy criticado y se puede argumentar que es quien más lo ha sido durante sus primeros 10 meses de gobierno en la historia moderna del país. Se explica por la velocidad con la que está haciendo cambios, que genera resistencias de grupos de poder internos y externos, y que en los medios produce análisis y señalamientos no del por qué de los cambios, donde hay enorme respaldo, sino por el cómo los está realizando, violentando leyes, aplastando instituciones y desarrollando proyectos que no se ve tengan destino. La crítica ayuda a los gobiernos a mejorar sus propuestas. En su opinión, la crítica lo quiere derrocar. Es absurdo, pero su exigencia irreductible de subordinación absoluta, tampoco tiene registro en la memoria moderna. Sus controversias las apoya en actos de fe; la crítica pide razones.

La intransigencia a dialogar con quien está en desacuerdo con sus ideas, también ha hecho estragos en el proceso de toma de decisiones. En las reuniones diarias previas a las mañaneras, los miembros del gabinete legal, el gabinete legal ampliado, directores de área y hasta invitados que acuden a ellas, hay quienes ya optaron por callar ante la descalificación que ha hecho el Presidente de quienes discrepan. Su personalidad aplasta y resulta contraproducente que lo contradigan. Para tratar de persuadirlo a que cambie una política que fallará, o que acepte una propuesta que no está en su cabeza, hay que decírselo de manera repetida por días con diferentes palabras. El autoritarismo que enseña afuera es similar dentro de Palacio Nacional, y se nota. El 65% de inversionistas consultados recientemente por el Bank of America, dijo que el principal riesgo que ven en México es la forma como toma decisiones el Gobierno. 

Hoy deben estar más preocupados, tras la forma ciclónica como cerró la semana el presidente López Obrador. El jueves se peleó con la prensa en su conferencia matutina, los llamó -nos llamó a todos perros, aunque el viernes matizó-, e hizo una analogía que sugería que los medios fueron quienes encabezaron el golpe de Estado contra Francisco I. Madero. La comparación es falsa y tramposa. El golpe de Estado contra Madero se fraguó y financió en las oficinas de Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México. 

El viernes volvió al ataque, y reaccionó con descalificaciones de un sector del Ejército representado por el exsubsecretario de la Defensa, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien en un discurso frente a la cúpula militar afirmó: “La sociedad está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se basa en corrientes pretendidamente de izquierda”. Las palabras de López Obrador hieren al Ejército en una semana donde los llevó al patíbulo, al llevarlos a asumir la responsabilidad única del culiacanazo, quitando presión pública al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. 
Según el Presidente, las palabras del general sobre la inconformidad del Ejército obedecieron a su rechazo a su estrategia de seguridad porque como subsecretario en el gobierno de Felipe Calderón “se aplicó una política de represión y exterminio” que él no va a llevar a cabo. El combate a criminales no es represión, sino aplicación de la ley; el exterminio es un delito de lesa humanidad (si tiene pruebas, debe proceder penalmente contra quienes lo realizaron). El Presidente no sólo confunde conceptos -y esconde su laxitud en el combate a delincuentes-, sino que la falta de filtros en su discurso lastima a las Fuerzas Armadas. Quienes hoy lo rodean en el Ejército y la Marina, también participaron en aquella estrategia. Se puede criticar a Calderón por la forma como lo hizo, pero las Fuerzas Armadas, entonces como hoy, fueron institucionales. Los medios, a quienes acusa de silencio cómplice, denunciaron también los excesos de aquella política y documentaron ejecuciones extrajudiciales. El Presidente miente cuando niega esa realidad, y los archivos están para desmentir sus dichos.

La escalada no cesó. En la suma de esos dos días, al tercero, en su cuenta de Twitter, López Obrador escribió dos mensajes inquietantes. Uno decía que “los conservadores pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero” porque no tuvo o las condiciones le impidieron tener una base social. Pero “ahora es distinto… la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y la paz, que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país”. En el otro, precisó: “Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huertas, los Francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren”. 

El Presidente se quiere victimizar y a partir de esa postura identificar al enemigo interno -sus críticos-, recuperar el consenso para gobernar -incluido el apoyo a no combatir a los cárteles de la droga y avalar las violaciones a la ley que de ahí emanan-, debilitado por el culiacanazo, y justificar actos de represión. Pero no hay condiciones objetivas mínimas -ni las habrá- para un golpe de Estado. El país no está quebrado, el Ejército no está dividido, el sector empresarial no está financiando a militares para que lo derroquen, ni hay insurrectos en el país. Tampoco hay una conspiración avalada por el Gobierno de Estados Unidos. Lo que sí hay, es un esbozo de lo que quisiera hacer. Al recomendar la fábula de las ranas de Esopo, que le piden a Zeus un rey por tanta anarquía y desorden, pero como no les gustó, le pidieron otro. Al que les mandó fue “una activa serpiente de agua que, una a una, las atrapó y devoró a todas sin compasión”. 
01 Noviembre 2019 04:07:00
¡Recórcholis Presidente!
En tan solo 24 horas el Gobierno de México ha vulnerado la seguridad nacional por instrucciones de quien debe ser su mayor garante, el Presidente de la República. En dos conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador arrojó a la tarima de la opinión pública al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, para que en aras de la “transparencia” -como retóricamente se esconde la opacidad del Gobierno-, revelara información secreta que pone en riesgo la vida de militares y de sus familias, y mostró las capacidades tácticas y tecnológicas que, al poder ser vistas y analizadas por el crimen organizado, minan al Estado mexicano. El Presidente no es un traidor a la Patria, no hay que equivocarse. Lo que se puede argumentar es que no termina de entender que es Jefe de Estado, no un político en campaña permanente.

La nueva montaña rusa en donde se ha metido de manera voluntaria ha rebasado su capacidad cognitiva y de reacción, pero no su vocación indómita para hablar de todo sin detenerse un momento a reflexionar sobre el daño que pueda causar. En la conferencia del jueves sucedió algo muy grave. Nelly San Martín, de la revista Proceso, cuestionó que en la relatoría que hizo el general Sandoval el miércoles, no mencionara quién había ordenado el operativo, ni establecía la cadena de mando. Con una extraña demostración de sinapsis, el Presidente, que es el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, interrumpió al general Sandoval cuando hablaba de un militar que por no aceptar un soborno del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre fue amenazado, al igual que su familia, a quien le ordenó que, sin revelar el nombre de ese oficial, revelara el nombre del “operativo en lo nacional”. Esa instrucción generó una lamentable confusión que atenta contra el Estado.

Operación nacional no es la operación en Culiacán per se. El general Sandoval no pidió explicación al Presidente en la tarima de Palacio Nacional, en una conferencia transmitida en vivo, ni tampoco se negó a acatar la orden. Tampoco le pidió una aclaración a la instrucción antes de dar el nombre del teniente coronel Juan José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GIAN), como el responsable, no de haber ordenado el operativo o como el mando más alto en el culiacanazo, sino como “el responsable de la generación de la obtención de información”. No es lo mismo, pero el mensaje que salió de Palacio Nacional es que él fue el jefe de las acciones del 17.

En un día, se revelaron dos secretos de Estado. El miércoles, por instrucciones presidenciales, el general Sandoval dio a conocer la existencia del GIAN, un órgano secreto adscrito al desaparecido Estado Mayor Presidencial, que no podía encontrarse en ninguna parte de los organigramas del Gobierno federal. El GIAN fue descrito miércoles y jueves como un grupo altamente capacitado que había participado en muchas acciones contra objetivos de alto impacto. En la exaltación del GIAN señalaron dos de sus acciones, aunque uno de ellos, Santiago Mazari, el jefe de la banda criminal de Los Rojos, no fue capturado, sino se entregó este año. El otro secreto fue el nombre del teniente coronel Verde, como jefe del GIAN, a quien, al haber exaltado como un grupo de élite altamente exitoso, se puso su vida en riesgo. 

En ninguna parte del mundo se dan a conocer los nombres de quienes encabezan las unidades especiales. Uno de los ejemplos más famosos de esta secrecía es el vestíbulo de la CIA en Langley, Virginia, donde en un muro de mármol blanco están estrellas, sin nombre, de sus agentes caídos en misiones. Cometer indiscreciones de esa naturaleza, por ignorancia o ingenuidad, tiene consecuencias. En México hubo un episodio lamentable de ruptura en la seguridad del Estado en diciembre de 2009, cuando después de que se hizo un homenaje público a un marino que participó en el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, como represalia sus hermanos subcontrataron a una célula de Los Zetas para que mataran a su madre y a sus dos hermanos. El presidente López Obrador, quien forzó la revelación del nombre del jefe del GIAN, había criticado, paradójicamente, aquella falla en la que incurrió el Gobierno federal. 

Todo ello, empero, no reveló quién diseñó y estuvo en lo alto de la cadena de mando operativa. El responsable de la operación fue el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, exjefe del GIAN, que trabajó con el teniente coronel. Lo que sí quedó al descubierto con la relatoría de lo sucedido en Culiacán, fue la capacidad táctica y operativa del Ejército y los cuerpos especiales militares. Demostraron falta de organización, ausencia de estrategia, carencia de información de inteligencia, y deficiencias notables en el mando. La estructura completa de lo que se considera la última trinchera de defensa de México, quedó exhibida como incompetente e incapaz.

Otro secreto de Estado que se reveló fue que la Marina, que durante más de una década fue responsable del combate del Cártel de Sinaloa, está desplazada. Sus comandos de élite, los más preparados de las fuerzas especiales mexicanas, están en sus bases. El resultado se vio hace dos semanas al intentar capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De los operativos exitosos se pasó al fiasco. Y para ocultar la vergüenza de una derrota tan pública y contundente, la fuga fue hacia adelante, aumentando los yerros. Son estos muy graves, al haberse revelado secretos de Estado, desnudando a las Fuerzas Armadas frente a las organizaciones criminales y regalándoles información para que puedan humillarlos cuando, con dinero y decisión, quieran hacerlo.
31 Octubre 2019 04:07:00
Culiacán, cómo tiraron la toalla
La esperada relatoría sobre lo que sucedió en Culiacán el 17 de octubre pasado finalmente se dio a conocer. El general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, mostró la manera como, antes de que capturaran a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Ejército y la Guardia Nacional estaban derrotados. La descripción de cómo fueron sucediendo los eventos aquella tarde, son la radiografía de un Gobierno incapaz, estratégica, táctica y operativamente en materia de seguridad, y que ante el chantaje de criminales tira la toalla. Las fuerzas federales tienen más capacidad de fuerza que los criminales, dijo bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien precisó que no la usaron porque eso habría significado iniciar una lucha armada que habría cobrado muchas vidas de civiles. Sin embargo, la justificación del momento esconde el sofisma gubernamental.

La línea de tiempo no refleja una “acción precipitada”, como desde el día 18 el general Sandoval reconoció, sino la incompetencia de quien diseñó la operación y la falta de conocimiento de campo y de información de todos aquellos que la aprobaron en el Gabinete de seguridad. El arquitecto del culiacanazo no apareció en la conferencia de prensa donde se reconstruyó la ruta de la derrota de las instituciones, que fue el general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, bajo las órdenes formales del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pero en realidad al servicio del general Sandoval. Tampoco estuvo el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, responsable de la información sobre la capacidad de fuego y organización del Cártel de Sinaloa, que humilló en cuatro horas al Gobierno federal.

En la reconstrucción por horas y minutos del culiacanazo, el general Sandoval detalló con candidez –en política eso no significa transparencia– la forma como los perímetros de seguridad nunca pudieron ser sellados, porque la velocidad con la que las células del Cártel de Sinaloa actuaron para ganarles las posiciones en las calles, esquinas, puentes estratégicos y los accesos a la capital, fue más eficiente que la planeación realizada por el general Rodríguez Bucio. Según el general Sandoval, al no tomar sus posiciones los militares para impedir el rescate de Guzmán López, el plan de extracción no fructificó.

Las imágenes que dio a conocer el general desnudan el desastre de la operación. Desperdiciaron el factor de la sorpresa por la torpeza en la operación de campo y porque la orden de cateo que presumiblemente debió haber pedido la Fiscalía General –este dato es fundamental para entender la derrota de ese día– nunca llegó. Quienes intervinieron en la detención de Guzmán López no la consumaron porque nunca salió de su casa, limitándose a aplicar meramente la doctrina de abrazos no balazos, para que “persuadiera” –verbo utilizado por el general Sandoval– a sus hermanos (principalmente a Iván Archivaldo), que dejaran de atacar a los militares y que permitieran la detención. Como cualquier persona podría imaginarse, eso nunca sucedió, sino que escalaron las amenazas y ataques. Esas imágenes, acompañadas de la narrativa militar, probablemente arrancarán sorpresa y sorna entre los cuerpos especiales altamente entrenados para operaciones contra objetivos de alto impacto, en México y en el extranjero.

La destrucción de la operación diseñada por el general Rodríguez Bucio, ejecutada en campo por Carlos Alberto Flores –fichado por el Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, para ser su próximo secretario de Seguridad–, quien tuvo la responsabilidad de darle seguimiento a Guzmán López desde una semana antes, fue apreciada en la relatoría del secretario de la Defensa en los videos que difundió donde se puede ver con claridad la manera como actuaron las células del Cártel de Sinaloa, doblegándolos, la forma como tomaron Culiacán en sus manos, y la manera como fueron arrinconándolos y dejándolos aislados de cualquier refuerzo federal en apoyo. Estos refuerzos ni siquiera se atrevieron a tratar de recuperar el control de las casetas de peaje fuera de Culiacán, ante lo que han dicho superioridad numérica del adversario.

La relatoría del general secretario aporta más información, perturbadora. Por voz de él se sabe que fue ejecutada por el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GAIN), sin mencionar que operaron de la mano del general Rodríguez Bucio. El problema es que legalmente el GAIN no podía actuar como la fuerza central en la operación, porque no puede perseguir a presuntos delincuentes civiles. Sus atribuciones solamente les permiten actuar como auxiliar de los fiscales o ministerios públicos federales. Es decir, si no fueron ellos quienes eran los responsables máximos de la operación, adicionalmente a las fallas tácticas en las que incurrieron, violaron la ley. El general Sandoval no mencionó la presencia de miembros de la Fiscalía General.

La fallida operación duró cuatro horas, como se adelantó en este espacio el lunes pasado, y nunca llegó la orden de cateo, ni el apoyo militar para la extracción de Guzmán López. La decisión avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán fue correcta en ese momento. Lo incorrecto no está en esas cuatro horas, sino en la planeación que obligaron a esa decisión, y en la falta de visión estratégica, política y jurídica, para iniciar la persecución de su objetivo de manera inmediata, para su pronta recaptura. Reducir a un “error táctico” lo que sucedió en el culiacanazo, como dijo Durazo, es inadmisible. La humillación al Estado Mexicano –porque no fue sólo al Presidente o al Gobierno– no puede limitarse a la frivolidad política de disfrazar la profundidad de la derrota, a un pie de página en la historia de este país.
30 Octubre 2019 04:07:00
Conspiración contra López Obrador
El magistrado electoral, José Luis Vargas, estalló una bomba en el Tribunal Electoral. Al salir en defensa de su integridad ante un señalamiento en el periódico Reforma de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo investigaba por inconsistencias en su evolución patrimonial, respondió escalando el conflicto.

La descalificación de Reforma no fue el puerto de destino, sino que identificó al diario como parte de una “estrategia encabezada por un grupo económico y político de ultraderecha para apoderarse del control de las decisiones del Tribunal Electoral”, y generar un proceso de desestabilización del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dentro de ese grupo ubicó a su contraparte, Reyes Rodríguez, como pieza clave de lo que llama una “conspiración”.

Esta “conspiración”, dejó entrever Vargas, quedó de manifiesto cuando Reyes solicitó 1.2 millones de pesos para financiar un viaje a Alemania de varios abogados panistas, Roberto Gil, y el neomorenista Germán Martínez, para que junto con más de una decena de políticos y académicos participaran en un seminario sobre América Latina en la Universidad de Heidelberg.

El encuentro era en el Instituto Max Planck, donde se iba a hacer un homenaje al profesor Dieter Nohlen, estudioso de los procesos de transición democrática y para hablar sobre casos regionales donde ven amenazas a la democracia. Vargas intervino para frenar la aprobación del presupuesto.

El 28 de agosto de este año, el Comité de Administración del Tribunal Electoral canceló el presupuesto y el evento porque no había “elementos de beneficio institucional (ni) fundamentos para realizar un seminario en Alemania”.

Tres días después, Rodríguez reaccionó drásticamente y renunció al Comité Académico y Editorial del Tribunal. “Las directrices de la Escuela Judicial Electoral no pueden estar sujetas a decisiones que injustificadamente interfieran con ese espacio mínimo de libertad académica y de investigación”, se quejó el juez electoral.

En la carta pública que difundió Vargas el lunes, dijo que el propósito del seminario era planear una estrategia desde diversas trincheras, para desestabilizar al Gobierno de López Obrador y mermar sus posibilidades electorales en 2021 y 2024.

No queda claro cómo un foro académico sirva para encubrir el diseño de una estrategia de ese y cualquier tipo, ni cómo determina que es una “conspiración” y qué es una discusión. Menos clara es la razón por la cual Rodríguez solicitó recursos para financiar el viaje de varios de los asistentes. Y todavía más oscuro es el trasfondo de este nuevo pleito público.

Vargas sí lo tiene claro. Rodríguez, apuntó en su carta abierta, tiene “furia” contra él y encabeza los esfuerzos dentro del Tribunal para minarlo. Opera, según se deduce de su denuncia, con Martínez, quien el 5 de septiembre presentó junto con otros dos senadores de Morena una iniciativa de Ley para recortar el periodo de cuatro de los siete magistrados.
El único fin, denunció Vargas, era controlar la independencia del Tribunal Electoral.

Dicho de otro modo, buscar un cambio en la composición del tribunal, con el horizonte en las elecciones intermedias de 2021 y presidenciales de 2024. La iniciativa fue rechazada en menos de 24 horas. Sin embargo, hay otros intereses que se cruzaron en ese episodio, por lo que tener una mayoría en el Tribunal Electoral no siempre se relaciona directamente con elecciones.

Vargas tiene un pasado laboral panista, cercano a Santiago Creel y a Juan Molinar Horcasitas, aunque llegó al Tribunal Electoral como propuesta del PRI. En 2011 se negó a anular la elección para la Gubernatura en Michoacán, donde perdió Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón –que le costó el cargo de fiscal de Delitos Electorales–, y en 2018 elaboró un dictamen para anular la elección en Puebla, que ganó la panista Martha Érika Alonso.

Rodríguez también tiene raíces panistas, y durante la discusión sobre Puebla tomó partido por la entonces presidenta del Tribunal, Janine Otálora, que se enfrentó a Vargas. De acuerdo con personas que conocen las influencias y el balance del poder dentro del Tribunal, Rodríguez era, antes que nada, una pieza de Gil.

La publicación de Reforma del lunes afloró una lucha de poder dentro del Tribunal. El señalamiento que la UIF lo estaba investigando por inconsistencias en su evolución patrimonial fue desmentido por el propio jefe del organismo, Santiago Nieto. La carta pública de Vargas donde lanza las acusaciones respaldado en la información exhibida como falsa por Nieto, tuvo respuestas inmediatas. Rodríguez desmintió la imputación y Gil, ignorando el desmentido de Nieto, exigió a Vargas que explicara de dónde había salido el dinero señalado por el periódico.

El Tribunal Electoral no es una institución caracterizada por su discreción, pero no se recuerdan acusaciones tan graves como las lanzadas por Vargas contra su propio compañero de sala, personas y empresas.

Se enmarcan también en una campaña de limpia que desde hace meses lleva a cabo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en todo el Poder Judicial, Arturo Zaldívar, y que incluye el desmantelamiento de una red de complicidades de abogados que llevan casos de gobernadores y alcaldes, con jueces del Tribunal Electoral, que resuelven favorablemente por sus clientes.

Vargas esboza en su denuncia esta línea de acción, cuando señala que la publicación en Reforma busca “boicotear reformas institucionales que tienen como fin transparentar instituciones y acabar con los privilegios de grupos privados en las decisiones de Estado”.

El choque entre grupos de interés dentro del Poder Judicial está resultando violento, y la purga de Zaldívar genera resistencias. Vargas no lo menciona abiertamente, pero en su carta sugiere que iba a ser daño colateral de lo que está haciendo Zaldívar, alineado al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual coincide, por ahora, el juez electoral Vargas.
29 Octubre 2019 04:08:00
Cinco crisis en Palacio Nacional
Una semana después de la claudicación del Gobierno federal ante el cártel de Sinaloa, el saldo que dejó fueron cinco crisis al presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que no parece poder salir. Tiene maneras de lograr superarlas, pero requiere de un método, técnica, humildad y, sobre todo, la decisión política de hacerlo de manera racional, no intuitiva.

De otra manera, el pantano en el que se encuentra será cada vez más pesado y difícil de vencer. Su retórica no basta. Convence a los incondicionales, se aleja de moderados y críticos.

Las crisis que dejó “El Culiacanazo” son:

1.- La del proceso de toma de decisiones. Después de varios días de contradicciones, el no saber con claridad quién tomó la decisión de liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, empieza a oler a encubrimiento.

El Presidente ha estado en un péndulo, desde avalar la decisión, hasta decir que no estaba enterado. El mismo día de la liberación, dos altos funcionarios del Gobierno tenían informaciones encontradas sobre lo sucedido.

Los secretarios de Seguridad, Alfonso Durazo, y de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dieron versiones antagónicas. No se sabe sin son mentirosos o quieren cubrir las violaciones a la ley que se cometieron y no encuentran la forma de hacerlo.

2.- La de la fractura en el Gabinete de Seguridad. El mal proceso de toma de decisión llevó a esta crisis en el Gabinete. Durazo dijo que la acción del Gobierno en Sinaloa se ejecutó en seguimiento a una estrategia acordada en el Gabinete de Seguridad, pero 12 horas después Sandoval afirmó que no había consenso en esa estrategia.

Durante toda la semana pasada, los choques intramuros fueron muy fuertes: el secretario de Seguridad, contra el exmilitar a cargo de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, de quien dijeron responde Sandoval; las Fuerzas Armadas contra Durazo; y el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, exmilitar también, contra Durazo. Dentro de Palacio Nacional, la molestia se concentró en el secretario de Seguridad.

3.- La de comunicación política. El equipo cercano al Presidente ha demostrado ser incompetente en momentos de crisis. El director de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, responsable del mensaje del Presidente, ha sido incapaz de unificar la narrativa de lo que sucedió –motivo directo de las contradicciones–, y de ordenar el discurso del Presidente, que prácticamente todos los días se corrige a sí mismo.

Es difícil disciplinar a López Obrador, cierto, pero Ramírez Cuevas lejos de intentarlo, calienta su temperatura. En Palacio Nacional se quejan que suele arrojar más gasolina al fuego cuando el Presidente se incendia y pelea con quien se le ponga enfrente. La peor crisis de todas es esta, porque si existiera un buen manejo de la crisis, podría administrar las otras cuatro y minimizar los daños.

4.- La de credibilidad. El Presidente mantiene sus niveles de aprobación, pero las encuestas telefónicas para medir si había un acuerdo sobre su decisión de liberar a Ovidio Guzmán López, resultó negativa. Los eventos de Culiacán, de acuerdo con las encuestas, fueron conocidas por más del 90% de los mexicanos, pero la sociedad se partió en apoyos, aunque quienes reprobaron su decisión estuvieron entre el 50 y el 60% de los encuestados, mientras que quienes lo apoyaron no superaron el 35% promedio.

Los niveles de aprobación del Presidente se mantuvieron prácticamente sin alterarse, aunque de acuerdo con los expertos, en las mediciones nacionales cara a cara, podría notarse una reducción en el apoyo. Internacionalmente, es un desastre.

La percepción de derrota, debilidad, de ausencia de leyes, circuló por todo el mundo, con registros de prensa en ese sentido hasta en naciones muy poco interesadas en los temas mexicanos, como las africanas. El desprestigio de los mexicanos solo es superado por la percepción negativa que, vista en primeras planas en el mundo, tiene López Obrador.

5.- La confrontación con Estados Unidos. La decisión del Presidente de liberar a Guzmán López, sin una decisión inmediata de reordenar su captura, dejó al Presidente en una ruta de confrontación con Washington. Las primeras señales se vieron la semana pasada en el Capitolio.

La estrategia de no combatir a los cárteles, es relativa. En secreto México colabora con Estados Unidos, pero el problema, se quejan los estadunidenses, es que ese apoyo es parcial y marginal. Esa indecisión lleva a falta de compromiso, como se quejó el Gobierno estadunidense la semana pasada de López Obrador, y conducirá a un choque por incumplir con acuerdos bilaterales de combate al crimen organizado trasnacional.

El Presidente no está viendo que desde que se resolvió el tema de los aranceles, el siguiente en la lista de presiones sería el de las drogas, que nunca terminó de alejarse. Culiacán les ha dado el pretexto perfecto, y será un nuevo tema en la campaña negativa en Estados Unidos.

Estas crisis encierran una serie de realidades objetivas que afrontará el Presidente. La más delicada es cómo poder recuperar el estado de derecho, porque tiene un problema de fondo: no acepta que se ha perdido.

La negación absoluta impedirá encontrar una solución a un problema que, como se vio en Culiacán, se acentuará, en buena parte por un efecto paralelo, con el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, enemigos del cártel de Sinaloa, que al ver cómo operó tácticamente y su capacidad de fuego, los hará elevar la calidad de sus armas y la sofisticación de sus estrategias, convirtiendo a México en un campo de batalla de tres ejércitos irregulares de criminales, frente a un Estado que por alguna razón cada vez más sospechosa, no los combate, salvo con prédicas, que con todo respeto, al Presidente no le sirven para nada.
28 Octubre 2019 04:06:00
Culiacán: lo que no se vio
Lo que sucedió hace dos semanas en Culiacán aún no termina de conocerse. El Gobierno no acaba de cuadrar su mensaje y esta semana prometió dar a conocer la línea de tiempo de cómo se dieron las cosas aquel jueves negro, cuando la captura de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán provocó una batalla de alrededor de cuatro horas hasta que desde la Ciudad de México, pese a que los comandos paramilitares del cártel de Sinaloa no habían podido rescatar a su jefe, dieron la orden de rendirse.

Una reconstrucción de cómo fue la batalla, realizada por personas con acceso a lo que sucedió en Culiacán, arroja alguna luz a una operación que sigue en la oscuridad. El comando que vigiló la casa de Ovidio Guzmán López –cuya ubicación fue proporcionada por la DEA– pertenece al Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, dependiente de la Secretaría de la Defensa, que dirigió hace varios años el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio.

El perímetro de seguridad –que sí se instaló, contra la primera versión publicada en este espacio– estuvo a cargo de militares, también con larga experiencia en este tipo de acciones.

La comprobación de que Guzmán López había llegado a esa casa con su familia fue a las 13:00 horas tiempo del Pacífico –una más en el centro del país– y solicitaron el apoyo de expolicías federales de la División Antidrogas, con dos décadas de experiencia en operaciones contra objetivos de alto impacto. Los exfederales, acompañados de militares, lo detuvieron sin disparar un tiro en un fraccionamiento en la zona del Malecón, y lo mantuvieron solo, en la sala de su casa. Le tomaron fotografías, y durante cuatro horas esperaron la orden de cateo para concluir la misión. La operación de captura comenzó a partir de las 14:30 horas y pocos minutos después comenzaron los intentos de rescate, que provocaron balaceras en varios puntos de la capital sinaloense.

El perímetro de seguridad se tendió entre 100 y 150 metros del punto del objetivo, y lograron frenar los ataques de los comandos del narco. Un funcionario confirmó que cuando no pudieron horadar el perímetro de seguridad y se empezaron a movilizar refuerzos militares hacia Culiacán, iniciaron el ataque al cuartel general del Ejército, sede del Batallón 94 de Infantería, y a dos unidades habitacionales militares en esa capital, con cerca de 70 departamentos.

Mensajes de radio transmitidos por WhatsApp por los agresores interceptados por el Ejército, registraron las amenazas de “levantar” mujeres y niños familiares de los militares y matarlos, incluso. Las alarmas en las unidades habitacionales, con lo que se inicia el protocolo de defensa contra un ataque, sonaron poco antes de las 15:00 horas. El primer ataque contra instalaciones militares se dio a las 15:05 horas, en el Área de Operación, el cuartel general, en el Centro de la ciudad.

En la colonia 21 de Marzo, donde se encuentra una unidad habitacional a siete kilómetros del cuartel general, el ataque comenzó a las 15:50 horas, al llegar los comandos del cártel, que dispararon ráfagas con AK-47 y lanzaron dos granadas de 40 milímetros, que no explotaron, porque no les quitaron el dispositivo de seguridad. Ahí mismo entraron en un departamento, pero la esposa de un militar se escondió con éxito en un clóset. Esa unidad está protegida solo por una malla ciclónica.

En la colonia Guadalupe, a tres kilómetros del cuartel general, las ráfagas de metralleta contra la unidad habitacional se impactaron en el muro que la rodea, y se está tratando de determinar si balazos en vehículos dentro de la unidad, fueron realizados durante ese ataque.

El asalto contra las instalaciones militares, para obligar a los militares a retirarse de sus puestos e ir en busca de sus familias, fue acompañado de levantamientos de soldados.
Un sargento de vacaciones fue levantado en las calles en Culiacán. En Costa Rica, sindicatura de Culiacán, dos pelotones del Ejército llegaron en vehículos con mantas en los costados que decían Plan DN-III, que iban a apoyar la seguridad de la caseta de cobro de la carretera a Mazatlán, y confundieron en un principio a los sicarios con policías judiciales estatales, al verlos vestidos de negro, como usualmente lo hacen.

Cuando se acercaron y vieron las AK-47, descubrieron que eran sicarios. Ahí capturaron a un oficial y cuatro soldados, y se llevaron dos vehículos del Ejército, una Cheyenne y un Humvee. En Limón de los Ramos, otra sindicatura de Culiacán, en la caseta de cobro para Guamúchil, levantaron otros dos soldados. Un oficial más fue privado de su libertad en una de las unidades habitacionales.

La batalla en Culiacán se dio en las calles, mientras el grupo de agentes que capturaron a Guzmán López esperaba la orden de cateo –solicitada antes de la captura– y la extracción en el helicóptero artillado Blackhawk de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para proceder.

Habían pasado cuatro horas desde que se iniciaron las balaceras, e Iván Archivaldo Guzmán, hermano de Ovidio, habló por radio con el grupo que lo tenía y exigió su liberación a cambio de la vida de militares y familiares. Nadie ahí tenía la autoridad para tomar esa decisión y siguieron resistiendo, porque los refuerzos militares no pudieron penetrar los dos círculos de defensa de los paramilitares del cártel fuera de la ciudad.

La exigencia de Iván Archivaldo se hizo del conocimiento del general Rodríguez Bucio, quien informó a sus superiores. Nunca llegó el helicóptero para sacar a Guzmán López, ni los refuerzos para la extracción, ni la orden de cateo. Lo único que llegaron fueron el cese al fuego y la orden transmitida por los militares: liberen al objetivo.
25 Octubre 2019 04:06:00
Ya viene el coco
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump hablaron por teléfono el sábado pasado. Según el mexicano, Trump expresó su solidaridad ante lo ocurrido en Culiacán.

Trump no ha dicho nada de esa llamada, ni la Casa Blanca la ha registrado, pero fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, quien escribió a propósito, un cáustico mensaje en su cuenta de Twitter. “Expreso mi solidaridad total con las fuerzas de seguridad de México y el apoyo de mi Gobierno a la lucha contra el crimen organizado trasnacional. El bien siempre derrota al mal. México no está solo. Juntos venceremos”.

El mensaje de Landau revela voluntarismo –“juntos venceremos”–, empatía con el discurso religioso de López Obrador –“el bien siempre derrota al mal”–, pero, sobre todo, hay un deslinde. La solidaridad de la que habló el Presidente no fue para todo el Gobierno, sino para las fuerzas de seguridad, a quienes les ordenaron desde la Ciudad de México que liberaran a quien habían capturado –lo que nunca hubiera sucedido en Estados Unidos–.

Después vino la llamada a la acción, el apoyo de Washington a la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que es donde las maderas están crujiendo. En la víspera, Eric Trump, el tercer hijo del Presidente estadunidense, colocó en su cuenta de Twitter un video de 47 segundos de la cadena de televisión CBS sobre la balacera en Culiacán. “Esto es una locura”, apuntó. “La falta de leyes en México es la principal razón por la que necesitamos un fuerte muro”. Esto, sin saberlo en ese momento, era la primera llamada de lo que vendría después.

Richard Glenn, subsecretario de Estado adjunto para Narcóticos Internacionales y Asuntos Legales, testificó el miércoles en el Congreso en una audiencia sobre los presupuestos para el próximo año, donde fue sutilmente crítico de México.

En su declaración escrita entregada al Congreso, Glenn afirmó que “un nuevo avance alarmante” es que las operaciones de tráfico de fentanilo en México se están incrementando y evolucionando hacia la producción. México, recordó, es el país donde se origina la mayor cantidad de heroína y metanfetaminas que se consumen en EU, y la principal ruta de trasiego de la cocaína sudamericana.

Sin establecer un vínculo abiertamente, dijo que las organizaciones trasnacionales criminales, como llaman a los cárteles, perpetúan la violencia y la corrupción, con lo cual aumentaron los homicidios este año como nunca antes.

El testimonio de Glenn fue retomado por los medios mexicanos con el ángulo que México no estaba suficientemente comprometido en la lucha contra el crimen organizado, lo que motivó una respuesta del presidente López Obrador en su conferencia de prensa diaria, sugiriendo que era una intromisión en los asuntos internos de este país, sin respeto a la soberanía.

Nadie preguntó su definición de soberanía, pero en materia de seguridad, la queja estadunidense es que han inyectado recursos a México para cambiar las condiciones del narcotráfico, y no se han alcanzado los objetivos. La comparecencia de Glenn era, precisamente, para solicitar más recursos al Congreso para México.

El Gobierno de López Obrador mantiene ese tipo de cooperación en secreto, y permitido misiones especiales de fiscales estadunidenses encabezadas por la DEA, para revisar lo que están haciendo con el cártel de Sinaloa, por ejemplo, y se ha llegado, incluso, a aceptar a la delegación estadunidense lo que siempre estuvo prohibido y es regulado por convenciones internacionales: utilizar equipos de combate en territorio mexicano.

Apenas hace dos semanas estuvo en México Kirsten Madison, asistente del secretario de Estado, Mike Pompeo, para Narcóticos Internacionales y Asuntos Legales, acompañada de sus contrapartes de la DEA y del Pentágono, para discutir sobre la siguiente fase de la cooperación en materia de seguridad, incluyendo la necesidad de que México desarrolle una estrategia amplia e integral de todo el Gobierno para el combate contra el narcotráfico, que incorpore metas y objetivos.

Casi más de lo mismo, aunque la queja de los estadunidenses es que hoy no ven que López Obrador esté dispuesto a hacerlo. En mayo del año pasado, cuando Glenn testificó ante el mismo Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Congreso, sobre el crimen trasnacional, la película era diferente. Detalló cómo la reorientación de la Iniciativa Mérida para combatir el modelo empresarial de los cárteles de la droga, que llevaba a la reducción de la producción, estaba teniendo éxito, con una mejor capacidad de las autoridades mexicanas producto del entrenamiento que estaban recibiendo a nivel federal y estatal.

Ese lenguaje desapareció del nuevo mensaje de Glenn. La cooperación existente se ha venido reduciendo. No lo dicen abiertamente, pero la laxitud en el combate a los cárteles de la droga y la reducción de presupuestos para combatir el crimen trasnacional y para los programas de erradicación de cultivos de heroína, se ven con preocupación en Washington.
Las declaraciones de López Obrador de repudio a la Iniciativa Mérida, como lo plantea el Presidente, es por los equipos y armas para combatir el crimen organizado. En Washington no se entiende del todo el discurso, porque desde hace varios años la Iniciativa Mérida no ha estado enfocada al abastecimiento de pertrechos de guerra.

El presidente López Obrador, podrían empezar a asimilar los estadunidenses, no entiende muchas cosas de muchos temas, como el de la seguridad, y su retórica suele estar anclada en viejas ideas y prejuicios como los tiene sobre la Iniciativa Mérida.

Lamentablemente para él y para todos, su equipo de seguridad parece estar en la misma línea cognitiva. Los choques serán cada vez más frecuentes y al final, terminaremos perdiendo todos. De esa forma, Culiacán no será un síntoma, sino la enfermedad, de no cambiar el rumbo que siguen las cosas.
24 Octubre 2019 04:07:00
Las confusiones del Presidente
El discurso presidencial continúa naufragando en contradicciones y confusiones. Con esto enrarece más el ambiente, genera más dudas, y muestra de manera creciente que la crisis por la humillación del Gobierno en Culiacán por parte del cártel de Sinaloa, pegó por debajo de la línea de flotación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entre más explica su orden –dejar en libertad a una persona que las fuerzas federales habían capturado para salvar vidas–, más alarma lo que dice. Ahora suplantó el Derecho por la justicia, alegando que cuando se trata de vidas, la justicia está por encima de la ley. Veamos.

El martes pasado, a preguntas de Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Healy, y de Alejandro Lelo de Larrea, director de Círculo Digital, sobre la legalidad de su acción –cuestionada en este espacio ese día– afirmó:

“Por encima de las leyes está la vida humana. No es un asunto de tipo legal, jurídico. No es un asunto que tiene que ver con el Derecho, tiene que ver con la justicia… Es el equilibrio entre principios y eficacia, pero cuando hay que decidir, en los momentos difíciles, los principios, no los cargos, es como cuando hay que decidir entre la justicia y el Derecho, pues la justicia”.

López Obrador antepuso la justicia al Derecho. Por justicia se entiende, de acuerdo con la definición clásica, como un conjunto de valores sobre los cuales debe basarse una sociedad, como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. El Derecho es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una nación o entre Estados, que comprende un paquete de normas y leyes determinados formalmente por la jurisprudencia de cada nación. “Yo creo que no hubo ningún delito”, respondió el Presidente a las preguntas.

Sin embargo, olvidó el Artículo 87 constitucional, que establece que al tomar posesión de su cargo, el Presidente protesta “hacer guardar a guardar la Constitución”. La misma Carta Magna señala, en el Artículo 16, que “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de un juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

El jueves pasado agentes mexicanos detuvieron a un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y ante la posibilidad de que se perdieran vidas si lo extraían de donde se encontraba detenido, López Obrador ordenó su libertad. Un factor adicional de confusión es sobre la persona a la cual se refirió para emplear la justicia ignorando el Derecho.

La única persona beneficiada de su decisión fue Ovidio Guzmán López, a quien habían detenido las autoridades mexicanas en cumplimiento de una petición de captura de Estados Unidos con fines de extradición. A quien dejó en libertad fue a un delincuente.

Su concepto de justicia se aplicó a un miembro importante del cártel de Sinaloa, sin haber ordenado un operativo de seguimiento y un comando especial que lo persiguiera y capturara una vez que no hubiera vidas en riesgo. Es decir, le extendió un salvoconducto.

La abundancia de eficaz retórica presidencial es perturbadora en este caso. Guzmán López estaba siendo buscado por el Gobierno de Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetaminas y mariguana, por lo que un juez federal de Washington autorizó su captura en 2018. La decisión del presidente López Obrador contraviene las leyes.

“El derecho”, respondió a los periodistas, “es un medio para que haya justicia; ese es el fin”. ¿Justicia para una persona acusada de delitos en EU y reconocidos por su Gobierno al grado de montar un operativo para capturarlo y extraditarlo?

La forma como se expresó el Presidente parecería sugerir que él no considera a Guzmán López un presunto delincuente, sino una persona a la que se le tiene que hacer justicia, para lo cual, hay que devolverle su libertad. No es así, sin embargo, pues el mismo Presidente anunció que en algún momento en el futuro, buscarán capturarlo nuevamente, lo que agrega a su confusión y menosprecio al orden jurídico que juró respetar.

Lo que queda de ello es su aplicación del término “justicia” para explicar la liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán, reforzado por declaraciones reiteradas que no va a combatir a los cárteles con el fuego que las organizaciones criminales sí utilizan, y que no va a cambiar su estrategia de convencerlos con argumentos morales que pregonan que el camino que escogieron es el del mal.

La Constitución supeditada a su cristianismo, sin importar que las leyes hayan sido aplastadas por sus valores morales a favor de un presunto delincuente. Hasta la ignominia ha tomado el lado de los criminales, lo que levanta cejas en muchos lados.

En su defensa política, el Presidente ha dicho que, si hay una denuncia contra él, acudirá a comparecer para explicar porqué aplicó la justicia e ignoró la Ley. Podría haber fundamento legal que probara que incurrió en un delito, por las reformas a los artículos 108 y 111 constitucionales, que él mismo promovió, y que ampliaron los delitos para que pueda someterse a proceso al Presidente, no solo por traición a la patria, sino por delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y aquellos que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Materia para someterlo a un proceso existe, pero eso no va a suceder. El Poder Judicial no es lo autónomo que dice ni lo independiente que presume. El Congreso tampoco iniciará un juicio político. México seguirá siendo un país donde lo más fácil de violar, si se tiene poder, político o por las armas, es la ley.
22 Octubre 2019 04:05:00
La ilegalidad del Presidente
Las tres primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero de El Universal, Alberto Morales, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas. Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el Gabinete de Seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen ser transcritas:

“A mí me informaron por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo… Comenzó alrededor de las 3 de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación.

“Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”.

La respuesta del Presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:

1.- Que la ley, para él, es discrecional.

2.- Viola el Artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.

3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien las tiene.

4.- Las declaraciones del Presidente lo hace un delincuente confeso, al violar el Artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:

“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a 15 años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.

“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.

5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:

“El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento”.

6.- Violó tres convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.

Las declaraciones del Presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrió el Gabinete de Seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un Presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral solo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos–, ni lo que vendrá después.

Las primeras planas de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del estado de derecho y la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la suerte de la nación. Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea. Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump de que si las Fuerzas Armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se encargará de ello.

Todo esto no es una hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y señales desde Estados Unidos sobre este país sin leyes, por decisión, públicamente señalada, del presidente López Obrador y mensajes de la familia Trump de que México es un país sin leyes.
21 Octubre 2019 04:07:00
Humillación a López Obrador
La operación para capturar a Ovidio Guzmán López el jueves pasado en Culiacán fracasó antes de empezar. No nos entrampemos en la discusión moral sobre si fue correcta o no la decisión presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su liberación para salvar vidas –de eso hablaremos mañana–, porque oculta la magnitud y profundidad de la acción de un Gobierno que llevaron a esa disyuntiva, y perfila lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, “las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación”. El jueves 17 de octubre definirá en muchos sentidos al Gobierno de López Obrador.

Investigar a los mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el Gobierno el fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad y, al avalar sus recomendaciones, del Presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán López se hizo por petición del Gobierno de Estados Unidos para efectos de extradición. Por eso fue encabezada por agentes de la Fiscalía General apoyados por la DEA –primer anomalía, sobre la actuación en campo de agentes extranjeros–, con el respaldo táctico de la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Qué falló?

1.- Culiacán, como otras ciudades de alta presencia criminal, está llena de halcones, que informan de cualquier movimiento sospechoso. Por tanto, cometió el gabinete de seguridad errores que no se dieron en el pasado al planear la captura de un objetivo de alto impacto:

a) No incorporar personal de la plaza, con lo cual evitaban filtraciones o ser sometidos a chantajes, como sucedió con la privación de la libertad de familiares de militares que participaban en la operación.

b) Intervención hormiga. En el pasado, los comandos especiales que realizaban la operación llegaban a la plaza clandestinamente, uno por uno, o en grupos menores de tres, en vehículos privados para evitar ser detectados. No partían de las instalaciones federales que siempre están bajo vigilancia.

c) Inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían en dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del Cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria, que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió, involuntaria o deliberadamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación.

2.- Ese tipo de operaciones se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Para ello se requiere:

d) Elemento de sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende y los halcones dieron cuenta perfecta de él.

e) Control de las comunicaciones. Por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del Cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán López, se puede presumir que no saturaron las comunicaciones telefónicas o de radio de la organización criminal.

f) Capacidad de fuego. Como admitió el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo. Inaceptable como argumento; imperdonable en la estrategia. Tampoco utilizaron los Blackhawks, que dejaron en tierra por temor a que se los derribaran. La falta de apoyo aéreo contribuyó al desastre, al ignorar el gabinete de seguridad que son helicópteros de guerra y tienen blindaje para ello.

g) No hubo plan de extracción. Esta es una de las pruebas más fehacientes del incompetente plan. ¿A alguien en ese gabinete se le ocurrió que tendrían que sacar a su objetivo de manera rápida y segura de Culiacán?

La captura telegrafiada y la incapacidad para realizar quirúrgicamente el operativo, hizo imposible concluirlo. En un video de la Secretaría de la Defensa que comenzó a circular el viernes, dejó claro que los soldados cumplieron con la misión de capturarlo. Lo que sucedió después, sugieren claramente, no fue responsabilidad de los militares. Guzmán López fue llevado a las oficinas de la Fiscalía en Culiacán, donde los cercaron. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa estableció dos perímetros de seguridad en las carreteras que conectaban con Culiacán y tomaron el aeropuerto, para frenar cualquier acción de apoyo. Es decir, hicieron lo que la operación debió de haber considerado y no hicieron. Bloquearon las calles de la ciudad con barricadas de vehículos incendiados, con el mismo propósito.

El Cártel de Sinaloa también le ganó la narrativa al Gobierno federal. Los secretarios de la Defensa y de Seguridad, Alfonso Durazo, se contradijeron desde el mismo jueves, y el choque de versiones continuó al día siguiente. El presidente López Obrador desmintió y corrigió a ambos. Nunca hubo un grupo de crisis y el responsable de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, volvió a mostrar su incompetencia al no ordenar el mensaje. Atascado en propaganda y difamaciones, no supo cómo contrarrestar la desinformación criminal. En cambio, el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, padre del detenido, fue quien orientó desde el jueves la información y ofreció una conferencia de prensa el viernes para agradecerlo al Presidente su “humanitarismo”. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretendió impedir la conferencia, pero nunca supieron cómo.

Militar, política y mediáticamente, el Cártel de Sinaloa humilló, chantajeó y derrotó al Gobierno federal. La liberación de Ovidio Guzmán López la negoció directamente su hermano Iván, quien fijó las condiciones y los términos de la rendición. El presidente López Obrador justificó que dejarlo en libertad evitó un baño de sangre, pero ni siquiera supo lo que confesó, lo que provocó y las consecuencias que tendrá su decisión.

18 Octubre 2019 04:07:00
Infierno en Culiacán
Lo peor que sucedió ayer en Culiacán es que la noche llegó y para muchos, la certeza de despertar al día siguiente se había perdido. Desde 1975, en que durante el velorio de un hermano de Miguel Ángel Félix Gallardo, el último de los grandes barones de la droga, se desató una balacera que se extendió por la ciudad, no se había vivido lo que este jueves sufrió Culiacán. Pero mucho peor. Cuando menos hasta la hora del crepúsculo, amplias zonas de Culiacán estaban bajo el control de las milicias de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que bloquearon cada una de las salidas de la capital de Sinaloa y el aeropuerto. Los sicarios llegaron por decenas a Culiacán para defender a sus patrones y realizaron acciones quirúrgicas contra las fuerzas de seguridad, atacando las instalaciones del Ejército, la Fiscalía, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Testimonios de habitantes de Culiacán narran lo inenarrable. Los ejércitos del narcotráfico golpearon al Ejército y le arrebataron la capital a las autoridades. El Gobierno, al menos durante la mayor parte del día, quedó en manos de los paramilitares de Guzmán, pero la confusión no permite llegar aún a ninguna conclusión. Lo único claro es que la única autoridad real en Culiacán durante las horas de luz de este jueves, eran los narcotraficantes, ante el repliegue del Ejército. Controlaban todo. En la periferia de Culiacán establecieron tres retenes en cada carretera, de acuerdo con personas que lograron escapar de la capital, para frenar algún ataque del Ejército, al que pusieron a controlar las casetas de peaje. 

Comenzó todo a media mañana. Según un culiche que estaba tomando café en la zona comercial de Culiacán, conocida como Tres Ríos, donde la batalla campal inició. Alrededor de las 11 y media (una hora más tarde en la Ciudad de México), recordó que trascendió que habían detenido a uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán. “La confusión era si efectivamente había sido el Ejército o los rivales de los Guzmán”, dijo al recordar las primeras horas de un día que terminó para él siete horas después, cuatro que estuvo encerrado en el restaurante porque era imposible salir a las calles por las balaceras, y tres más en llegar a su casa, no muy lejos de ese lugar, por tantos vehículos bloqueando las calles, incendiados y procurando evitar los puntos de mayor violencia. Como todos los que han aprendido a vivir en el riesgo, su vehículo llevaba los vidrios abajo para que pudieran observarlo y ver que no era policía, militar o sicario.
La operación era para detener a Ovidio Guzmán López, de 29 años, apodado El Ratón, buscado por el Gobierno de Estados Unidos, lo que añade confusión a lo que realmente sucedió ayer. Agentes de la DEA presumiblemente fueron los que presionaron al Gobierno federal y participaron en la pésimamente planeada operación, que provocó la toma de Culiacán por parte de los paramilitares de los Guzmán. Las grabaciones de quienes participaron en la detención, a las que tuvo acceso esta columna, muestran la desesperación.
“Están parapetados con el 75 (que significa ‘detenido’ en las claves policiales). No les llega el apoyo”, dijo uno de los agentes que estaba buscando apoyo.

“¡Dile a los putos que suban los Blackhakws; tienen autonomía de vuelo”, dijo otro, que sabía que sus compañeros estaban rodeados.

No sabían que ni el Ejército ni la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana ordenaron a los Blackhawks, poderosos helicópteros artillados, volar para apoyar a sus compañeros, porque temían que los derribaran con los Barrett, el fusil de alta potencia que utilizan los grandes cárteles de la droga. La unidad que detuvo a Guzmán López quedó a merced de los paramilitares. La forma como salieron con vida y el detenido no está nada claro. Grabaciones obtenidas por fuentes cercanas a los federales de varios jefes de sicarios, proporcionadas a esta columna, tienen diálogos inexplicables con la información conocida hasta este momento.

“Pendiente plebada”, dice uno, “ya rescataron al patrón”.

“Por favor, pongan atención”, dijo otro, “ya no tiren bala. Ya no tiren bala. Ya todo bien. Díganle a la plebada. Ya no vamos a ir por el muchacho, ya todo se arregló”.

Una versión que no pudo confirmar María Idalia Gómez, editora de Eje Central, es que Iván Archivaldo Guzmán, el hijo más conocido de “El Chapo” Guzmán, fue detenido, pero lo liberaron. 

“Paren todo, paren todo”, grita uno más de los jefes operativos paramilitares. “El patrón ya se entregó. Paren todo”.

En otra grabación, los paramilitares hablan por radio sobre lo que planeaban hacer. “Seguimos matando guachos, nos siguen matando gente. Vamos por unas personas. Métanse a la guarda, saquen mujeres, lo que sea, niños”. Otro dice, aparentemente a militares que capturaron: “Se van a morir a la verga. Métanse. Van a mamar un vergal de niños, de señoras y todo a la verga. Mire compa. Deje de pedir apoyo al Gobierno. Desafánese y a la verga”.

Los paramilitares liberaron a decenas de prisioneros del penal Aguaruto. Las autoridades dijeron que no eran más de 30, pero hay indicios que fueron muchos más. Hay un número indeterminado de civiles muertos, y muchos más se salvaron porque se encerraron en sus casas. El saldo de muertos y heridos es desconocido, pero es un evento activo. Nunca se había visto nada así en una ciudad del tamaño de la capital de Sinaloa. Nunca imaginamos que esto sucedería en México.
17 Octubre 2019 04:05:00
Señor Presidente, ¿así o más claro?
El crimen organizado se está burlando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha convertido sus frases coloquiales y sus amenazas a criminales de acusarlos con sus mamás y abuelitas, en un búmeran que pone en entredicho su compromiso de garantizar la seguridad de los mexicanos. Tendrá que aprender a no hablarles así a los criminales –porque la realidad lo empuja al ridículo– y que tampoco se les extiende un salvoconducto de impunidad con la promesa de que no los combatirá, porque lo que sucedió en Coatzacoalcos y Minatitlán, en Aguililla y en Iguala, que revivieron las matanzas en este país, se incrementará en tanto los delincuentes vayan tomando mayor conciencia que su único enemigo es la organización criminal rival, porque el Gobierno les cedió la plaza.

La matanza de policías estatales en Aguililla puso al Gobierno federal en una crisis originada por su incompetencia. Más de 30 personas armadas emboscaron a 42 policías y les dispararon con R-15 y AK-47, fusiles de asalto que no tienen los cuerpos de seguridad civiles. Los R-15 son de uso reglamentario del Ejército; los AK-47, no los usa ningún cuerpo de seguridad en el país. Por definición, la Fiscalía General debió haber atraído el caso de manera automática, al haberse utilizado ese tipo de armamento. No lo ordenó el Presidente y nadie se movió. Un día después, otra matanza, pero ahora realizada por militares, se dio a 670 kilómetros, en Iguala, donde abatieron a 13 presuntos delincuentes de una manera, cuando menos, oscura.

La decisión presidencial de no confrontar a los grupos criminales, menos aún combatirlos sistemáticamente –en Iguala se cruzaron con ellos– se va a convertir en el misil contra su popularidad y aprobación. A López Obrador le importan mucho las encuestas –quizás es el Presidente que más apegado a ellas ha gobernado– pero las está leyendo mal. El que los mexicanos no quieran violencia y critiquen las estrategias de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, no lo debe llevar a la esquizofrenia.

Se queja de las dos formas de enfrentar a las organizaciones criminales, pese a que sus estrategias fueron totalmente distintas. Calderón las enfrentó y se elevó la violencia hasta mayo de 2011, cuando comenzó su inflexión y caída. Peña Nieto se benefició de la inercia, pero al no confrontarlos, en tres años la violencia creció a niveles nunca antes vistos, otra tendencia alcista que heredó al nuevo Gobierno. López Obrador critica a los dos y escoge el camino de Peña Nieto. Su Gobierno se parece mucho al que le precedió, donde la seguridad está en manos de quien no sabe nada de seguridad.

Pero está peor que el de Peña Nieto. Arturo Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la responsabilidad de la Guardia Nacional, pero el mando operativo, la doctrina y sus integrantes, dependen de la Secretaría de la Defensa. Pero el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, no está a cargo de la estrategia, o mejor dicho, de la ausencia de ella. Es decir, quienes saben operar en campo, ponen la gente, las armas y el prestigio, están al margen del diseño de la estrategia, y quienes les ordenan qué hacer, desconocen cómo hacerlo.

El Presidente no sabe nada del fenómeno, pero habla todo el tiempo de él. No se involucra y exige, correctamente, que los responsables den buenos resultados. Pero en estos momentos, no se sabe cuáles son los resultados que quiere. Su definición de victoria para revertir el estado de cosas en el tema de la seguridad, es devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos, mediante dos acciones: prevención y actos de fe. La primera carece de recursos. No hay dinero para construir una Guardia Nacional –solo hay salarios presupuestados para siete mil guardias– ni tampoco para equipamiento. El dinero para programas sociales para incorporarlos a la vida legal, se ha reducido en el presupuesto porque no hay recursos. La segunda es una broma. “Abrazos, No balazos”, es una frase bonita que no tiene nada que ver con una política pública de seguridad.

López Obrador ha dicho que no han podido hacer las cosas como querían hacerlo de rápido porque les dejaron un tiradero en el tema de seguridad. Es cierto, y lo supieron durante la transición, pero aún así optaron por tirar todo lo que se construyó en el pasado, como lo que quedaba de Plataforma México y los servicios de inteligencia civil, para sustituirlos por nada. Incurrió el Presidente en el mismo error trágico de Peña Nieto, al pensar que todo lo pasado era falso, estaba podrido y debían tirarlo a la basura. Las únicas armas reales que tiene el Presidente en sus manos son la retórica y su discurso amable, eficiente en la gradería, pero calamitoso para bajar la inseguridad. Debe recordar que hoy, los muertos ya no son de Calderón ni de Peña Nieto. Los muertos son de él, de su Gobierno y de su incapacidad para desarrollar una estrategia de seguridad.

La soberbia, la marca del nuevo Gobierno, está cobrando su cuota. Hasta hace unas semanas, varios de los colaboradores más influyentes de López Obrador decían que todo estaba bajo control, el plan de rescate de Pemex, la economía y la seguridad. Hoy vemos que al plan de rescate de Pemex le han tenido que seguir inyectando recursos porque no sale, la economía está estancada y en el umbral de entrar en recesión, y la seguridad, como lo peor de todo. La ineptitud se convirtió en el lastre que lo está hundiendo en un mar que desconoce, aunque el Presidente siga pensando que su política de palabra cristiana es suficiente para parar las balas y las matanzas. Así, no va a poder con la violencia.

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